Dr. Fernando Cruz Castro Presidente, Corte Suprema de Justicia Viernes 22 de marzo de 2019

De acuerdo con los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia, me satisface presentar al país el primer Informe de Labores de mi gestión en el Poder Judicial, institución fundamental para nuestra democracia y el equilibrio de poderes, la cual tiene más de 193 años de existencia.

Por mi memoria pasan tantas páginas y pasajes de quienes han construido un sistema judicial cuyas aspiraciones principales son la decencia y la independencia. Por eso, es parte de mi responsabilidad, desde esta honrosa posición, interpretar correctamente esos anhelos que competen asimismo a toda la comunidad judicial.

Me esfuerzo por ver junto a ustedes, en el horizonte, esas luces de esperanza para que el Poder Judicial pueda resplandecer nuevamente, y podamos seguir soñando con una sociedad más justa, más equitativa.

Cuando en agosto del 2018, tuve el honor de acceder al cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo asumí como un enorme reto, no sólo propio, sino también como el de aquellas que procuraban asumir una posición digna, en el difícil trecho del camino que atravesamos y aportar junto a ustedes mi mayor y mejor esfuerzo para, con esa misma voluntad, apoyo y determinación, recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Era entonces consciente, como lo estoy ahora, de que el Poder Judicial se encontraba en una extraña paradoja, donde, por un lado, se procuraba abandonar mucho de lo que no es conveniente, a la vez que se trata de construir una mejor justicia, sin que uno u otro aspecto estuvieran aun claramente definidos.

Es un compromiso que asumí con los compañeros magistrados y las compañeras magistradas, así como con la comunidad judicial, asumiendo como guía, la mística de servicio.

Trabajamos de manera firme y constante, ahora desde esta posición, para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, lo cual debemos hacer con humildad y con una actitud de autocrítica. No puede ser de otra forma. Por eso motiva el compromiso de tantas personas funcionarias que tienen esa actitud, porque la recuperación de la confianza y la credibilidad es una labor que no admite excepciones por parte de quienes integramos el Poder Judicial.

Tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado. Estos objetivos deben fortalecerse, sin ignorar que el sistema judicial ha alcanzado un notable progreso en temas trascendentales.

De esta forma, nos complace destacar que en el estudio sobre el índice de transparencia del sector público, se ubicó al Poder Judicial, entre las mejores instituciones del país durante el 2018, de un total de 254 instituciones evaluadas, sólo fue superado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos.

Este es un dato muy positivo, porque se han hecho esfuerzos para construir el Estado democrático y social de derecho sin menoscabo de su independencia judicial. Esto no impide reconocer que se han presentado conductas cuestionables y reprochables, teniendo claro, a la vez, que esos actos no son representativos de la Administración de Justicia integrada por más de 12 700 personas funcionarias, quienes realizan variadas labores en favor de la justicia y procuran por tanto la vigencia de este Estado constitucional de derecho, a pesar de sus grandes dificultades.

La grave crisis que la institución ha experimentado evidenció ante los y las costarricenses que, sin importar puesto o jerarquía que se ostente, nadie se encuentra por encima de la ley ni de la Constitución.

Fue así como en contra de algunas personas funcionarias, conforme a las reglas del debido proceso y el derecho de defensa, la Corte Plena tramitó seis procesos disciplinarios donde incluso se recomendó la destitución de un magistrado a la Asamblea Legislativa.

Esto evidencia la capacidad de respuesta y la reacción ante los momentos críticos, reconociendo asimismo que el Poder Judicial atiende los cuestionamientos, cuyas raíces son profundas.

Eso no significa que la crisis que atravesamos haya pasado. Somos conscientes que en ella existen elementos estructurales y no todos están en nuestras manos.

La situación vivida posee bases políticas y normativas cuyos ajustes siguen pendientes. Sin embargo el espíritu reformador, creativo e innovador no debe perderse, a todos y a todas nos corresponde y, en lógica, a las más elevada jerarquía del sistema judicial.

En el presente año se conmemora el 70 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, la cual prevé a la “independencia judicial” como uno de sus principios fundamentales, en el espíritu indicado por don José Figueres Ferrer en su discurso durante el Desfile de la Victoria en 1948 cuando indicó que “(…) En primer lugar nosotros debemos ver que no se sacrifique nada, en la Segunda República, de lo mucho bueno que tuvo la primera. Muy en especial debemos heredar dos joyas preciosas de igual valor, el derecho del sufragio electoral y a la independencia del Poder Judicial. Esas dos prendas tienen entre sí la relación curiosa de que cuando un país se degenera, la del sufragio es la primera que se pierde. La otra, la majestad de la justicia, tras un largo proceso de derrumbe de valores, viene a ser la última perdida”.

Por tanto, la democracia requiere jueces y juezas independientes y honestos que asuman sus deberes con responsabilidad, objetividad y con apego a nuestro ordenamiento jurídico. Lo contrario nos debilita y da por supuesto espacio a quienes nos adversan y a quienes están en contra de nuestras más nobles aspiraciones. Estos comportamientos no deseables en el Poder Judicial no representan, bajo ninguna circunstancia, a este poder de la República, al que defendemos y defenderemos siempre con orgullo y espíritu renovador.

La independencia judicial es un pilar de esta democracia, pero nos encontramos en una coyuntura particularmente compleja en la que la independencia judicial tiende a ser frágil y vulnerable. Dependemos de la actitud valiente y decidida de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras.

Es igualmente imperativo contar con un entramado normativo y una cultura de todas las personas actoras políticas responsables que permitan alcanzar una independencia efectiva de la judicatura, lo cual incluye, por supuesto, una fiscalía independiente y una policía de investigación que auxilie a juezas, jueces, fiscales y fiscalas.

En este Estado constitucional de derecho, sin embargo, el respeto mutuo y el fortalecimiento de la independencia judicial, son imprescindibles. Con la unión de las fuerzas internas, nuestra tarea inmediata es la interacción coherente con el resto de los Poderes de la República. Esto es un principio y una regla que debe caracterizar la cultura política en la interacción y coordinación de todos los poderes.

No desconocemos en absoluto la necesidad de promover reformas para mejorar esta institución. Es nuestra exigencia, pero también la exigencia de nuestro entorno. Nuestra obligación es adaptarnos a las nuevas demandas y retos de la ciudadanía y, en consecuencia de nuestra democracia. Adaptarse y mejorar no significan claudicar, significan ser mejores en aras del bien colectivo, fin esencial y último de toda democracia.

Somos magistradas y magistrados comprometidos en este quehacer, y es por eso que, desde esta responsabilidad, hemos escogido el camino de la reforma como la ruta más importante, para poder contribuir para restaurar el prestigio y la confianza de los y las costarricenses en el sistema judicial.

En este sentido, considero igualmente importante impulsar las medidas necesarias para fortalecer y modernizar la institución, tal y como estas han sido aprobadas por la Corte Plena. Se han conformado diez comisiones, cuyos miembros han trabajado incansablemente con el propósito de fortalecer la Administración de Justicia en Costa Rica.

Esta es la ruta correcta, este es el camino hacia la transparencia, la legitimidad y la confianza de la ciudadanía.

Les expreso un profundo agradecimiento a los magistrados y magistradas que han trabajado arduamente en las diferentes comisiones. Asimismo, quiero destacar a doña Carmen María Escoto Fernández por su distinguida trayectoria y el apoyo brindado como vicepresidenta de la Corte, así como a doña Patricia Solano Castro actual vicepresidenta con quien comparto una visión de un mejor Poder Judicial y le reconozco su mística y empeño en hacerlo realidad. Requerimos la convergencia de voluntades para progresar y hacer los sueños realidad.

Ustedes saben que un objetivo prioritario durante mi gestión es el mejoramiento del procedimiento de selección y nombramiento de las magistradas y magistrados, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, a fin de que se nombre a los y las mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, una formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.

En el derecho comparado, un ejemplo de buenas prácticas es el modelo italiano en donde como requisito, para ser nombrado magistrado de la Corte Constitucional, la persona candidata debe desempeñarse como juez o jueza en propiedad en algunas de las jurisdicciones superiores, debe ser catedrático o catedrática universitario o profesional en Derecho con más de veinte años de ejercicio profesional, lo que ha permitido que prestigiosos juristas con una amplia experiencia y formación hayan ocupado ese cargo.

Debe fortalecerse la independencia judicial analizando las normas de un procedimiento de nombramiento parlamentario que presenta serias debilidades. Este no es un tema que el parlamento pueda abordar fácilmente, pero la evaluación política y jurídica, es indispensable porque muchas voces de la sociedad civil han señalado disfunciones en el nombramiento de los magistrados y las magistradas.

La sociedad costarricense debe tener conciencia de que es indispensable mejorar los mecanismos de designación de magistrados y magistradas. La opacidad que impera, muchas veces entre bambalinas, sobre estos procedimientos, requiere una evaluación crítica y generosa de elevadas aspiraciones políticas.

El secreto de la democracia moderna está en la vigencia de la autocrítica y de la transparencia para resolver. Es una tarea que nos compete de una u otra forma a todos y todas. El ejercicio del poder, aunque sea jurisdiccional, requiere las luces de la autocrítica.

Estoy seguro de que todos los miembros de esta Corte somos conscientes de la necesidad de abordar este tema con mucha seriedad y responsabilidad. Es una necesidad imperiosa y, por tanto, es prioritaria. De hecho, una de las raíces de la crisis que recientemente enfrentó el Poder Judicial se deriva precisamente del sistema de elección para acceder a la magistratura.

Además este es un buen momento para acentuar y profundizar una mayor democratización de la estructura judicial, propiciando más eficiencia y participación.

En este sentido, se impulsa un plan para concentrar en la Corte Plena aspectos macro de gobierno y definición de políticas generales, para lo cual se cuenta con una propuesta que permite redefinir las competencias de la Corte Plena y de otros órganos de administración.

En particular, se ha trabajado en la elaboración de un modelo de gestión más técnico, transparente, eficiente y representativo de los distintos sectores del Poder Judicial concentrando las funciones de dirección general de la política judicial en la Corte Plena y excluyendo las labores operativas cotidianas.

La verticalidad y la concentración de potestades de la Corte Plena requiere cambios urgentes.

El Ministerio Público costarricense, cuenta con 44 años de fundado y, como actor indiscutible del proceso penal también requiere reformas importantes, por ejemplo, la introducción de una carrera fiscal cuyo proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa en septiembre del 2018 y se tramita bajo el expediente número 20978. También se trabaja en un reglamento de ingreso a la carrera fiscal, con el fin de lograr una mayor horizontalización de su estructura.

Debemos tener la visión para trabajar en la construcción del Ministerio Público y de los grandes retos pensando en los próximos treinta años. No debemos ignorar que, fruto de la reciente crisis del sistema judicial, se evidenciaron serias deficiencias estructurales y administrativas del órgano requirente.

La Presidencia de la Corte impulsa asimismo una serie de proyectos en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, se dispone en el plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción, el establecimiento en Costa Rica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reestructuración y la sistematización de los tipos relativos a la corrupción en la función pública, así como la reforma del procedimiento penal para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes, y la revisión de los aspectos probatorios en ciberdelincuencia.

Corte Plena aprobó recientemente y de forma unánime la propuesta de la Comisión de Transparencia, que propuso crear una sección especializada contra la corrupción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la formalización de una oficina que vele por el cumplimiento y el seguimiento de los diagnósticos del Poder Judicial en esa materia.

Aprovecho para agradecer la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos de América, así como al National Center for States Courts. Estos esfuerzos constituyen una prioridad de primer orden, pero deben ir acompañados de la actitud, la voluntad y la determinación de todas las personas funcionarias judiciales, sin excepción.

No hay duda que el control del abuso del poder, de los privilegios, la desigualdad ante la ley, la reducción de las cifras doradas de la impunidad, constituyen un objetivo claro de todas las personas presentes. Ante la crisis vivida, es indispensable abrir las ventanas a la luz de la transparencia y, en ello, la reducción de la impunidad es la única vía posible.

De la misma forma, quiero destacar la valiosa labor efectuada por las comisiones de la reforma al régimen disciplinario, los protocolos de conducta para el Poder Judicial, el inicio y procedimiento para un diálogo permanente con la sociedad civil, la reforma a la carrera judicial, la evaluación de desempeño y la carrera de la Defensa Pública que tienen como finalidad lograr un mejor Poder Judicial.

Agradezco también a la Comisión de Género y de acceso a la Justicia, a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y a sus programas de justicia abierta y personas facilitadoras judiciales, así como al Programa de Justicia Restaurativa. Todos sus integrantes mantienen un compromiso con valores que nos trascienden, que nos convierte en servidores.

Ante estos avances, me parece que es fundamental tener en cuenta la grave crisis sufrida para impulsar la gran reforma del sistema judicial, no sólo desde el interior de la judicatura, sino también desde las entrañas mismas del sistema político y, en consecuencia, del Parlamento.

Hoy luchamos por darnos un mejor gobierno que esté adaptado a los desafíos y a los requerimientos del entorno, un sistema de gobernanza ajustado a las necesidades del Poder Judicial en función de la sociedad costarricense en materia de justicia.

Quiero resaltar algunos de los logros más importantes del Poder Judicial en el año 2018. El informe completo se encuentra a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la institución. Destaco, la efectiva administración de los recursos públicos que le fueron asignados, lo que permitió alcanzar un 97.05% de ejecución presupuestaria, demostrando un uso eficiente de los recursos, priorizando en la atención del servicio público, infraestructura y equipo.

De esta manera, alrededor de 468 700 millones de colones fueron utilizados para atender los requerimientos en los servicios que se brindaron desde la Judicatura, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, así como en el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo al quehacer judicial.

Otro de los avances fue que en el 2018, se trabajó en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, y fue aprobado el 10 de diciembre de 2018.

El Plan Estratégico marcará, sin duda, los objetivos y metas de la institución durante los próximos seis años, plazo durante el cual se le dará estricta supervisión y evaluación. Se trata de un diseño institucional (PEI) que define la ruta de la planificación. No se pretenden improvisar acciones, ni reacciones, se trata de la definición de una ruta de mediano y largo plazo. Se presenta así una guía del proceso de mejoramiento organizacional del sistema judicial a nivel nacional, orientando el quehacer institucional y fortaleciendo la adopción de las decisiones estratégicas.

Las innovaciones tecnológicas que imperan en la “cuarta revolución industrial” están llamadas a introducir cambios de enormes dimensiones en nuestras sociedades y el Poder Judicial no escapa a ello. La institución cuenta con una política en materia tecnológica que procura el desarrollo de aplicaciones y sistemas (software) con recursos propios.

Los recursos digitales facilitaron el acceso a los servicios que la Administración de Justicia brindó durante el 2018:

• 1 945 145 solicitudes de la hoja de delincuencia se presentaron vía digital.
• Casi 797 mil personas utilizaron el Sistema de Escritorio Virtual para tramitar sus procesos.
• 1 275 000 escritos fueron presentados de manera electrónica.

La Presidencia de la Corte retomó “el proyecto de mejora integral del proceso penal”, el cual tiene como objetivo, reducir los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad, así como incrementar la efectividad de los debates con la participación integral de todos los ámbitos auxiliares.

Previo a la implementación de este proyecto, el promedio de doce tribunales para el desarrollo de un juicio era superior a los dos años. A octubre del 2018, habían cinco tribunales con un plazo de respuesta de seis meses, estos son: Pérez Zeledón, Desamparados, San Carlos, Grecia y Osa. Al finalizar el 2018, otros cinco despachos señalaron juicios entre siete meses y un año.

No es un asunto fácil, porque la mora judicial es una de las más graves disfunciones que el sistema judicial enfrenta históricamente, por eso debemos concentrar el mayor esfuerzo para reducir los indicadores negativos de esta grave deficiencia.

La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal, al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional, con un total de quince mil ochocientos catorce casos.

Esto representó una resolución mensual de los tribunales penales de 1 133 casos. Un 23% más que en el 2017, con lo cual al terminar el 2018, el circulante registró una disminución del 29%. Es un proyecto que se inició en la Presidencia anterior de don Carlos Chinchilla Sandí, y me pareció una propuesta relevante. Por eso se mantuvieron las líneas maestras trazadas desde esa época.

Quiero resaltar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y la defensa de los derechos reconocidos constitucionalmente. En el 2018 se interpuso un total de 20 515 casos, lo que representa la cifra de asuntos entrados más alta en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. La cifra de asuntos terminados fue de 19 960 con lo cual se resolvieron en promedio 54.6 expedientes por día con una duración aproximada de 19 días en la tramitación y la resolución de los recursos de hábeas corpus y, de un mes, en los recursos de amparo.

No me cabe la menor duda que la Sala Constitucional, cuyo 30 Aniversario conmemoramos este año, es una conquista invaluable de la sociedad costarricense que efectivamente fortalece el Estado democrático y social de derecho. La jurisdicción constitucional permite que los ciudadanos puedan tener una visión real y cercana de la Constitución.

La institución también ha realizado importantes esfuerzos para impulsar las Reformas Procesales en materia civil y laboral. Con la implementación del nuevo Código Procesal Civil, se impulsó un programa de actualización, en el cual se logró capacitar a 781 personas juzgadoras y a 206 personas técnicas judiciales, así como a las personas nombradas en las nuevas plazas producto de la Reforma.

Además, la Comisión de la Jurisdicción Civil impulsó un plan de descongestionamiento que en el período de noviembre del 2017 a octubre de 2018, se logró fallar en primera instancia un total de 1 177 procesos para un rendimiento del 114.4% y se logró firmar un total de 35 mil diligencias.

En segunda instancia, se resolvieron 501 procesos para un rendimiento del 98.8% y, para el período de noviembre de 2017 a octubre del 2018, se lograron fallar 1 355 procesos para un rendimiento del 131.8%.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral evidenció la necesidad para las personas usuarias de una defensa técnica gratuita.

Los datos de la Unidad de Defensa Pública Laboral, reportan más de 78 mil personas atendidas y más de 18 mil procesos laborales fueron interpuestos a favor de aquellas personas que tienen un salario menor de ¢ 852 400 tutelando con ello el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta es otra conquista para que la tutela judicial no sea una formalidad o puro letra mojada.

La institución también se prepara para la entrada en vigor de las reformas de la jurisdicción agraria y de Justicia Restaurativa, con actividades de formación y capacitación del personal, labor que enfrentamos con la misma responsabilidad y dedicación.

También, la justicia es receptora de la difícil crisis económica del país y, recientemente, se publicó el cuarto estudio de tarjetas de crédito elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Se señaló en los medios de comunicación que el saldo acumulado prestado con tarjetas de crédito ascendió a 1.46 billones de colones a octubre pasado y se alertó sobre el aumento de la morosidad en el pago de las tarjetas de crédito.

Es importante reflexionar que, durante el 2018, ingresaron al Poder Judicial más de 686 mil casos en todas las materias, de los cuales, un 36%, es decir, 244 mil correspondían a la materia de cobro. Y no tengo duda de que esta cifra aumentará en el futuro.

Pese a lo anterior, mejorar los plazos de resolución de los procesos judiciales es uno de los retos más importantes que enfrentamos en el Poder Judicial y en el cual trabajamos a diario para garantizar la anhelada justicia pronta, cumplida y de calidad. Por ello, también, reforzamos nuestras labores para implementar la oralidad, las reformas procesales y establecer indicadores de gestión en los despachos rediseñados.

El Consejo Superior, al otorgar recursos a los despachos judiciales, condiciona que estos se utilicen de manera eficiente y efectiva, ejercicio que estamos aplicando en la discusión del proyecto de presupuesto para el año 2020.

La mora judicial es un tema central para mejorar la imagen y el prestigio del Poder Judicial, empero hay que reconocer que no es un asunto fácil, en virtud de las deficiencias internas y las disfunciones estructurales, como los señalamientos a debates en diferentes materias que, por la saturación de asuntos, deben realizarse en plazos más céleres.

No puedo dejar de reconocer y felicitar en esta ocasión al Dr. Carlos Adolfo Picado Vargas, juez del Tribunal Agrario a quien se le otorgó el Premio “Ulises Odio Santos” por su aporte al estudio del derecho procesal; al Dr. Enrique Napoleón Ulate Chacón, juez del Tribunal Agrario y ex magistrado suplente de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, quien obtuvo el Premio “Fernando Coto Albán” por su intachable y esmerada labor como juez de la República; a Mauricio Castillo Guillén, funcionario de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José, a quien se le otorgó el Premio “Miguel Blanco Quirós”, al buen servidor judicial y a la Dra. Ana Isabel Orozco Álvarez, médica del Servicio de Salud del II Circuito Judicial de San José, a quien se le reconoció su buen desempeño profesional con el Premio “Luis Paulino Mora”. Estas felicitaciones se hacen extensivas a sus familias y seres queridos.

Las personas a las que les han reconocido sus méritos el día de hoy, son las que el Poder Judicial y el país necesitan.

En nuestra historia constitucional, el 70 aniversario de la Constitución Política y el 30 aniversario de la Sala Constitucional este año y próximamente la conmemoración del bicentenario de nuestra vida independiente, evidencian la consolidación de nuestra institucionalidad y Estado constitucional de derecho, tan debilitado en otros países de América Latina, el cual tiene como uno de sus pilares fundamentales un Poder Judicial independiente, que garantice la resolución de los conflictos de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Este Poder Judicial seguirá en la ruta de su propia transformación, ajustándose a las necesidades de los tiempos, sin perder de vista el fortalecimiento de la democracia como meta prioritaria.

Si bien la política es ciencia de realidades, anclada en el ser, no puede renunciar al deber ser, a los paradigmas, tan venidos a menos en las últimas décadas. La política del poder judicial tampoco puede renunciar a lo que debe ser la Justicia en una sociedad democrática. Tener los pies en la Tierra, pero con la mirada en el firmamento de los valores que nos humanizan, para ver el horizonte, que el porvenir no sea una pesadilla, sino que sea una utopía impregnada de elevadas aspiraciones, las que contribuyen a que esta sociedad, tan singular en tantos rasgos, tenga una justicia a la altura de la dignidad humana y de la justicia social. A eso aspiramos con este espíritu de reforma impuesto por la crisis, un despertar para que en medio de la tempestad asumamos metas elevadas, las que definen el espíritu de servicio. Percibo en la comunidad judicial, sin distingos de ningún tipo, la voluntad de servicio, de autocrítica y de construcción de una justicia que fortalezca el Estado social de Derecho. No hay que perder esta oportunidad.

Acumulo setenta años y los sueños no me han abandonado, aunque la experiencia me permite comprender mejor mis limitaciones, las del prójimo y las de la sociedad. Este informe no le hace justicia a todos y todas, porque no puedo mencionar a todas las personas que hacen posible que cada día se realicen las labores judiciales, son miles de personas que convergen para que los valores de la justicia se hagan realidad. A los que no he mencionado, mi agradecimiento, porque con su esfuerzo, no han permitido que pierda las esperanzas. Debemos asumir un realismo optimista, para que construyamos una sociedad más justa. Este informe no es el de la Presidencia, es el de una comunidad que día a día edifica el sueño de la justicia, que es parte de tantos sueños, que nos permite vivir con una sonrisa. Queda mucho por hacer, sin duda alguna, pero el relato que hoy les he hecho, es una crónica optimista, una crónica agradecida a toda la comunidad judicial y a la ciudadanía costarricense.

Muchas gracias.