1de febrero de 2018
Sala IV: listas de espera en hospitales de la CCSS ‘rayan en
lo irrazonable’
Quejas por esa causa tienen el mayor
porcentaje de recursos de amparo; magistrados emitirán en los próximos días
pautas generales para abordar el problema
Los siete magistrados que integran la
Sala Constitucional citaron este jueves a las máximas autoridades de Salud del
país no solo para pedirles cuentas sobre lo que están haciendo o dejando de
hacer para resolver los largos tiempos de espera de atención en hospitales
públicos.
También los convocaron para
advertirles sobre la necesidad de resolver con celeridad un asunto que es de
altísimo interés nacional, como lo reflejan la gran cantidad de quejas y
reclamos que llegan hasta ese tribunal por parte de los asegurados.
"Definitivamente, no lograron
empatar los tiempos que la historia nos marcaba. (...) Nuestros constituyentes
determinaron que nuestro país sería un Estado social de derecho, creo que con una gran visión, y conocedores de lo indispensable
que es el derecho a la salud para una sociedad.
“A nivel de Sala IV, cuando el reclamo
social representa más del 30% de los recursos de amparo que atendemos, eso
definitivamente raya en lo irrazonable", dijo la magistrada suplente Marta
Esquivel.
La jueza se refirió a la histórica
cifra de 7.037 recursos de amparo atendidos el año pasado por las listas de
espera y medicamentos: un 34,5% del total de amparos.
Según la Sala Constitucional, un año
antes se atendieron 5.520 amparos en materia de salud, lo que entonces
representó un 26,7% del total de casos atendidos por los magistrados en el
2017.
Esquivel fue la instructora de un
recurso de amparo que sirvió para justificar la inusual audiencia realizada
este jueves en una sala de la Corte Suprema de Justicia.
A la vista acudieron el presidente
ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes,
y el gerente general de esa institución, Roberto Barrantes Cervantes. También
estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, el presidente
del Colegio de Médicos, Andrés Castillo Saborío, y a la defensora de los
Habitantes, Catalina Crespo.
La audiencia se prolongó poco más de
cuatro horas, y de ahí saldrá, en los próximos días, lo que se conoce como una
sentencia estructural, explicó Fernando Castillo, presidente de esa Sala.
Se trata de un fallo que más allá de
ver el caso particular, pretende establecer pautas generales sobre cómo tratar,
en este caso, las listas de espera en los hospitales públicos.
La magistrada Marta Esquivel fue una
de las que más preguntas realizó a los convocados: los cuestionó, entre otras
cosas, por el funcionamiento del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), por
la existencia de un sistema de rendición de cuentas y sobre el peso que da la
institución a las acciones preventivas y a las curativas.
"Nuestro deber –advirtió
Esquivel– como actores fundamentales en el desarrollo de este país es cumplir
eficientemente con los mandatos que nos da la ley, y el país se merece que aunque tengamos problemas de índole económico, los
recursos deben ser usados eficientemente. Todos tenemos que contribuir con esto
porque la seguridad social es del país”.
Magistrado: “Si la Caja funcionara
mejor no estaríamos en esta vista"
Las listas de espera para operaciones,
exámenes diagnósticos y citas con el médico especialista han sido un problema
crónico en la Caja.
En el último año, según las
autoridades de la CCSS, estrategias como las jornadas de producción han
permitido bajar los tiempos de espera 198 días a 149 en algunos procedimientos
diagnósticos, y de 442 días a 378 en algunas cirugías electivas o programadas.
Hace una semana, se informó
oficialmente sobre la intensificación de varias medidas, como el pago de horas
extra para las jornadas de producción, el uso de la telemedicina y el trabajo
en red, permitiendo que pacientes en lista de un hospital sean resueltos en
otro con capacidad para operar o hacer exámenes.
Solo en este año, la CCSS invertirá
¢15.000 millones, informó Román Macaya hace una semana.
Estas y otras acciones fueron
informadas a los magistrados.
En su intervención, la jueza Nancy
Hernández les informó a las autoridades de la CCSS que el año pasado, por
primera vez, los amparos relacionados con la atención en salud rebasaron
cualquier otro asunto recibido en la Sala.
“Esto ha cambiado la dinámica para
trabajar otras materias”, dijo Hernández, quien les reclamó la desarticulación
en el abordaje de los casos entre los diferentes centros de la Caja: mientras
unos hospitales resuelven pronto, otros no.
Esta magistrada solicitó a la CCSS la
lista de todos los proyectos de inversión en infraestructura mencionada por esa
institución como una de las formas para paliar las largas esperas. Hernández
dijo que busca detectar cuáles de esos proyectos tienen un impacto real, como
lo promete la Caja.
“Todos los que estamos aquí amamos la
Caja y quisiéramos que funcione mejor. Si funcionara mejor no estaríamos en
esta vista”, agregó el magistrado Luis Fernando Salazar.
El juez constitucional presentó un
cálculo de tiempos realizado por él mismo a partir de datos aportados por la
CCSS.
Dijo que, en promedio, las esperas
rondaban los 429 días: más de 14 meses. No especificó si se trataba de
cirugías, exámenes o consultas.
Su preocupación por el tiempo se
concentró, principalmente, en las personas adultas mayores que deben esperar
tiempos prolongados por atención.
Por su parte, el magistrado Huberth
Fernández pidió explicaciones sobre los tiempos para que el plan anunciado por
la CCSS dé resultados: dos años para ver los primeros impactos, y otro tanto
para que sea sostenible.
Al finalizar, el presidente de la
Sala, Fernando Castillo, les recordó a los presentes que “este es un tema de
mucha relevancia. Es un tema país”.