Domingo 16 de diciembre de 2018
Personajes 2018: Fernando Cruz,
presidente de la Corte: “Un juez debe estar sintonizado con el clima de
opinión”
Tiene 69 años, es de estatura y contextura media, su abundante
cabellera combina con su bigote gris. De joven era “un fiebre” del baloncesto y
ahora, le gusta salir caminar por las calles de San José, donde casi siempre
pasa inadvertido.
Colecciona estatuillas de búhos y es aficionado al acordeón.
Dice ser saprissista y católico practicante.
Es abogado, politólogo y tiene estudios en economía. En círculos
judiciales es considerado como un hombre de línea dura.
La política le apasiona y le sigue el pulso diario;
religiosamente lee el periódico todos las mañanas y ve los noticiarios.
Aprovecha cada espacio libre para escuchar programas de opinión. “Un juez debe
estar sintonizado con el clima de opinión”, alega.
Niega ser simpatizante de una agrupación política en particular.
Tampoco se cataloga de izquierda o de derecha: “Depende de dónde usted se ponga
(...). Eso de las etiquetas es tan difícil, hay gente que tiene un pensamiento
tan conservador que por ejemplo, considera que las garantías sociales es
izquierda”, enfatiza.
Aunque cuando estudiaba Derecho fue simpatizante de un partido
que se llamaba Liga de Acción Universitaria, y que según dijo, era de corte
demócrata cristiano. Incluso, bajo esa divisa se postuló, sin éxito, como
candidato a la vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Costa Rica (FEUCR), en 1973.
Fernando Cruz Castro, es un hombre poco expresivo, de un hablar
pausado y sin exabruptos; y desde hace 138 días es presidente de la Corte
Suprema de Justicia, la décima persona en ocupar esa silla después de la
fundación de la Segunda República, en 1949.
Él dice ser una persona con una “visión renovada”, no se
identifica con el calificativo de progresista o disidente, como algunos lo han
tachado. Es persistente y terco en sus posiciones cuando considera tener la
razón, como por ejemplo con la reforma fiscal, la cual adversa fuertemente
porque en su criterio, maniata al Poder Judicial y violenta su independencia.
Matrimonio igualitario. Sin embargo, dice saber cambiar de opinión cuando otros le dan
suficientes argumentos y citó como prueba de ello, su posición sobre el
matrimonio igualitario.
Ahora, dice considera que debe ser legal sin necesidad de
aprobar una ley, y hace diez años creía que eso era una decisión que solo
podían tomar los diputados.
“Creo que parte de lo que uno aprende es a no aferrarse. Uno
debe ser convencido de lo que cree, pero no debe ser fanático, obcecado de esas
creencias, uno debe siempre poner a prueba lo que está convencido.
"(...) Yo puedo ser católico, puedo creer en la visión que
tiene la iglesia Católica, pero eso no debe condicionar mis decisiones como
magistrado constitucional, porque yo me debo a una sociedad pluralista”,
reflexionó Cruz.
“Me gusta una visión que busque siempre dónde están las
injusticias, en dónde están las deficiencias para ir por una mejor sociedad.
Pero me parece fundamental un Poder Judicial que esté dentro de la visión
tradicional, no estaría de acuerdo con un poder popular, que sería una visión
de un poder marxista tradicional”, agregó.
Su postura sobre el matrimonio igualitario, la expuso el
pasado 8 de agosto, cuando protagonizó con el resto de magistrados
constitucionales la sesión más larga de los últimos 29 años de la Sala IV.
Eso ocurrió solo ocho días después de su elección como presidente
de la Corte, y fue cuando la Sala fijó un plazo de 18 meses para que entre en
vigencia las uniones entre personas del mismo sexo. Ese día, Cruz y su colega
Nancy Hernández aclararon que ellos creían que la autorización debía ser
inmediata.
Como magistrado de la Sala Constitucional ha sido polémico y en
el poco tiempo que lleva como presidente, no ha sido la excepción.
En sus antecedentes, sobresale su oposición en contra del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) y a sus 13 leyes de
implementación. También adversó el proyecto minero Crucitas y declaró sin lugar
los habeas corpus del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002),
en medio del caso ICE-Alcatel.
El plan fiscal. Ahora, en su papel como presidente, lideró a lo interno de la Corte
al grupo de 11 jueces que se opuso a la reforma fiscal del Gobierno porque
tocaba los salarios de los funcionarios judiciales. Incluso, calificó el
proyecto tributario como el peor que ha visto.
Otra serie de declaraciones en favor de los incentivos
judiciales también generaron polémica y dimes y diretes con la prensa, en
especial con La Nación.
Por ejemplo, dijo que a la Corte se le estaba achacando la
solución a la pobreza; que él era de clase media como la mayoría de empleados
judiciales, –a pesar de que recibe una remuneración neta de ¢6,3 millones al
mes–; y que si le quitaban el salario, iba a caer en pobreza.
A la postre, él se defendió alegando que sus palabras habían
sido mal interpretadas.
Sin embargo, sus compañeros de la Sala IV le dieron la espalda
cuando se pronunciaron sobre la reforma fiscal. Por mayoría, es órgano concluyó
que el plan tributario no afecta el funcionamiento y la independencia del Poder
Judicial, y que tampoco hubo vicios en el trámite del proyecto.
Llegada convulsa y cemento chino. Fue el 1°. de agosto anterior que Fernando Cruz asumió la
Presidencia de la Corte, lo hizo en un momento convulso, cuando el Poder
Judicial atravesaba una fuerte crisis de credibilidad por resoluciones y
gestiones cuestionadas en casos relacionados con el polémico empresario del
cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Destituciones, sanciones, renuncias y jubilaciones anticipadas
de magistrados fueron el desenlace de un tsunami de noticias.
Cruz relevó a Carlos Chinchilla Sandí, quien se acogió a su
pensión en julio pasado, solo cuatro días después de haber sido castigado por
incurrir en una falta grave relacionada con el caso del cemento chino.
También sucumbieron por ese caso Doris Arias, Celso Gamboa y
María Elena Gómez, de la Sala Tercera. Y anteriormente, el fiscal general Jorge
Chavarría (en noviembre del 2017). Mientras que la otrora fiscala subrogante,
Berenice Smith y el magistrado penal Jesús Ramírez fueron suspendidos y
continúan en el Poder Judicial.
No obstante, su ascenso al máximo puesto en la Corte no
fue sencillo, se requirieron cuatro rondas de votación para su elección, ante
la falta de consenso. Al final, resultó designado por decisión dividida de 13
votos contra nueve que obtuvo Orlando Aguirre, de la Sala Segunda.
Él insiste en que su estadía en ese puesto es transitoria,
aunque le gustaría quedarse en esa silla hasta el 18 de octubre del 2020, día
en que se vence su nombramiento como magistrado constitucional y cuando planea
acogerse a su jubilación. Una segunda reelección no está en sus planes, 16 años
en ese cargo son suficientes.
Para Cruz no son nuevas las votaciones adversas. Su llegada a la
Sala IV, en octubre del 2004, fue todavía más empinada. Le tomó 17 años y
múltiples candidaturas.
Inicialmente, buscó ocupar una silla en la Sala Tercera, dado su
experiencia en el ámbito penal. Para ese cargo reconoce que pujó, en al menos
cuatro oportunidades, y el Congreso siempre le dijo que no.
Fue hasta 2001, que el entonces presidente de la Corte Luis
Paulino Mora (q.e.p.d) propuso su nombre para magistrado suplente de la Sala
Constitucional, que resultó electo. Sin embargo, uno año después buscó una
silla titular en esa sala y no lo obtuvo, en su lugar quedó Ernesto Jinesta.
Y en 2004, cuando ya había perdido las esperanzas y decidido no
postularse, alcanzó los votos suficientes para ocupar su cargo actual, luego de
que un grupo de diputados impulsara su candidatura, entre ellos, la hoy
expresidenta de la República, Laura Chinchilla, según relató.
Su reelección en 2012 tampoco fue sencilla, fue el primer
magistrado en no ser reelecto por el Congreso, al no alcanzar los 38 votos
necesarios. El entonces diputado de Liberación Nacional, Fabio Molina, alegó
que se trataba de una “llamada de atención” para la Corte.
Eso ocurrió en noviembre de ese año, pero seis meses después, en
mayo del 2013, la Sala Constitucional, integrada por magistrados suplentes,
acogió un recurso de amparo y anuló el acuerdo adoptado por el plenario
legislativo, con lo que Cruz quedó reelecto de manera automática por otro
período constitucional de ocho años, el cual vencerá en el 2020.
Su paso por el Ministerio Público. Para ese momento, cumplirá 48 años de trabajar en el
Poder Judicial, donde inició como agente de faltas de contravencionales en el
Juzgado de Alajuela, y también trabajó como juez y fiscal general.
En su paso por el Ministerio Público le tocaron casos mediáticos
como la detención del narcotraficante mexicano Rafael “Caro” Quintero (el 4 de
abril de 1985), buscado por la muerte del agente antidrogas de Estados Unidos,
Enrique “Kiki” Camarena. Él fue quien acordó entregarlo a Migración para que
fuera deportado a México.
Además, le correspondió investigar las acciones delictivas de
grupos insurgentes (entre estos “La Familia”, una banda terrorista responsable
de atentados, así como la muerte de tres policías y un civil), la presencia de
contrarrevolucionarios nicaraguenses y el desfalco del Fondo Nacional de
Emergencias, donde fue vinculado el expresidente Luis Alberto Monge.
Fernando Cruz es un hombre de posiciones claras, sin
tonalidades, de línea dura. No le teme a la polémica y a veces, más bien la
busca.
En el cargo de magistrado y presidente de la Corte le restan 672
días, ese es el tiempo que falta para su jubilación, dejará su cargo en octubre
del 2020, un año antes del bicentenario de vida independiente.