Elección de Magistrados

05 de Abril, 2005

Los magistrados del Poder Judicial son electos por la Asamblea Legislativa por un período inicial de ocho años.

Al finalizar ese período, se consideran reelectos para otro período igual, salvo que...

...salvo que al menos dos tercios de los diputados decidan no reelegirlo.

Como una manera de garantizar la independencia de los magistrados, la Asamblea Legislativa no puede suspenderlos en sus puestos, sino por los motivos que expresa el régimen disciplinario de ley.

En este último caso, el acuerdo de suspender a un magistrado debe ser tomado por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta, en la que participen dos terceras partes de total de sus miembros.

Según la valoración de la Auditoria Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, del año dos mil, la elección de magistrados que acabamos de resumir, incumple severamente el principio de la independencia de poderes.

Según el panel evaluador de este aspecto, aunque hay excepciones, la mayoría de los nombramientos obedecen a acuerdos entre los partidos políticos.

Esto debilita al Poder Judicial, porque al ser facultad de la Asamblea Legislativa escoger a los magistrados, se da lugar para que, durante el cabildeo político o por padrinazgos, se tomen criterios apartes de la calidad profesional y humana.

La Auditoría Ciudadana insiste en que el mecanismo de elección no solo compromete la independencia, sino que enturbia todo el proceso, pues no es transparente a los ciudadanos.

Y menciona además:

Los partidos políticos tienen acordado a quien le toca nombrar magistrado cada turno y así no hay forma posible de independencia.

Un Grupo Focal, integrado por abogados, jueces y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señaló que los magistrados son electos por la clase política; por eso deben buscar apoyo de los diversos grupos presentes en la Asamblea Legislativa y, al ser nombrados, mantienen nexos que les impiden actuar independientemente cuando determinados intereses están en juego.

Con ese derecho, alrededor del magistrado se concentran el poder y la lealtad de las personas que lo apadrinaron.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos sobre favorecimientos a políticos en el sistema de administración de justicia, la Auditoría Ciudadana Sobre la Calidad de la Democracia no encontró en los medios de comunicación colectiva o en los órganos del Poder Judicial denuncias por esta razón.

Y concluyó:

“Son situaciones que no pueden probarse por lo que conviene un manejo cauto sobre el tema, pero tampoco deben descartarse”.

Sobre esto, el editorial del Semanario electrónico Democracia Digital de esta semana añadió:

“La politización, entendida como subordinación a los intereses electorales de grupos o, lo que es peor, a los intereses particulares de ciertos líderes, no es admisible, de ninguna manera”