Seminario Reflexivo sobre Corrupción

     Agradezco a la Contraloría General de la República, a nombre del Poder Judicial, la invitación para participar en la inauguración de este Seminario relacionado con la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
     Sin discusión alguna podemos afirmar que la corrupción, abarcando también el enriquecimiento ilícito, es el mayor problema que aqueja a nuestra sociedad y a la civilización entera, que menoscaba valores democráticos básicos y representa un desafío a la estabilidad política y el desarrollo económico.
     La corrupción en la democracia adquiere una trascendencia especial porque implica una deslealtad con el cumplimiento de las reglas de convivencia básicas, es sin duda una traición del mandato del pueblo y de sus más sagrados valores.
     Cuando la corrupción avanza sobre el discurso político, la desconfianza produce en los ciudadanos un "malestar" que se manifiesta en síntomas de desesperanza y descreimiento en las instituciones democráticas, y sin duda alguna es el principal factor por el cual el ciudadano pierde confianza en sus gobernantes.
     Además de minar las bases de nuestra democracia, la corrupción nos impide desarrollarnos como una sociedad indivisible, en la medida en que en ella continúen creciendo la pobreza y la concomitante marginación social de vastos sectores de la población.
     Por otra parte, numerosos estudios han confirmado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico.
     Según los resultados de una encuesta reciente realizada por el Banco Mundial, la corrupción fue considerada como uno de los mayores obstáculos para realizar negocios en América Latina. Es evidente que aquí tenemos un desafío de primer orden si en verdad queremos promover el crecimiento y el desarrollo económico.
      La corrupción además, debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas. No basta con poner en la cárcel a algunas personas sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción, pues muy pronto otras vendrán a reemplazarlas. Por eso, la lucha contra este flagelo requiere acciones en lo represivo o sancionatorio, así como en el campo de la educación, el refuerzo de valores, la política, la modernización institucional tanto a nivel nacional como internacional. No creo que debamos dejar de hablar de la necesidad de retomar en nuestra sociedad los valores morales que apreciamos como el sustento y norte de nuestra civilización, aunque para muchos pueda sonar como un eco en un gran vacío.
      En lo que toca al ámbito represivo, no obstante que la adecuación del marco legal a los supuestos de hecho en donde se observan conductas contrarias a los valores morales, es un medio indispensable para la erradicación oportuna de este mal, no debemos ser ingenuos quedándonos aquí, pues según las últimas cifras que cita Daniel Kaufmann del Banco Mundial, sólo en sobornos, sin contar con el resto de actos de corrupción, se manejan en el mundo anualmente un aproximado de 1,000 billones de dólares, siendo más propensos a ser afectados aquellos países que tienen estados burocratizados y excesivas regulaciones y trámites, porque como se sabe estos inevitablemente favorecen el clima de la corrupción. Tampoco debe dejarse de lado que lo represivo y sancionatorio sólo debe funcionar en última instancia, cuando los otros mecanismos sociales no han sido capaces de solucionar los conflictos.
     Inevitablemente frente a los acontecimientos recientes muchos dudan o se preguntan cómo volver a recobrar nuestro camino, la Costa Rica de antes. La respuesta naturalmente está en la relación entre la ética, el derecho y la educación, armas indispensables para el desarrollo dentro de un marco de valores y respeto. Por mi formación debo centrarme en lo relativo a la ética y al derecho.
     Recordemos que el ser humano creó la ética y el derecho como vehículos de paz y desarrollo.
     El derecho entonces, se funda en valores éticos y la ética se apoya en el derecho, son dos conceptos que se funden mutuamente en las sociedades democráticas modernas, como soporte de nuestra capacidad de convivir como seres civilizados en armonía y paz.
     El respeto a la ley, tiene entonces un rol fundamental para la vigencia de los valores éticos y como mecanismo de represión para aquellos que vulneren los valores tutelados en el ordenamiento jurídico.
     No puedo dejar de resaltar que el respeto a la ley depende naturalmente de la existencia de un Poder Judicial independiente y fuerte, pues sin éste simplemente no es posible ganarle la batalla a la corrupción y borrar las nefastas consecuencias que tiene sobre nuestras sociedades.
     Es cierto que históricamente hemos sido una sociedad visionaria en depositar nuestra confianza en la fuerza de la ley y en fortalecer permanentemente las instituciones encargadas de resguardar esos sagrados valores que se tutelan a través de ella. Pero como ya adelanté, además de leyes nuevas, necesitamos un estado moderno, transparente y eficiente, y dentro de éste, a un Poder Judicial, fuerte, moderno e independiente, pues nadie puede negar que la justicia constituye un punto central en la democracia, en la medida que el derecho es el soporte de toda la estructura del Estado y de la economía y un factor importante en el desarrollo de los pueblos.
     Los países que no tienen poderes judiciales fuertes e independientes, son no sólo un “intento de democracia”, sino que resultan estériles los esfuerzos que hacen para luchar contra la corrupción. Sin duda alguna, la impunidad es el mayor enemigo de la democracia. Por eso es indispensable que, siguiendo el debido proceso, se castigue de manera efectiva y ejemplar a los corruptos.
     Resulta evidente que nuestras sociedades exigen un mayor protagonismo y capacidad de respuesta al sistema de justicia. Pero para que exista confianza en la justicia es necesario dejar atrás el autismo, el secretismo y otros males de igual tono, que tradicionalmente se mantuvieron como costumbres en el sistema judicial. En la actualidad, nuestra sociedad demanda y necesita un poder judicial transparente y moderno, que tenga al ser humano como eje central de su actuación, que esté dispuesto a dar cuenta de sus actos en el que la dignidad y los derechos de las personas que acuden en demanda de justicia sean protegidos, y en donde la inmediación y la transparencia en todas las actuaciones, sea lo esencial, a fin de que se realice la “justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”, que ordena nuestro texto constitucional y que –más modernamente- podemos traducir como un derecho a la tutela judicial plena.
     Desde el punto de vista democrático pues, la justicia y la independencia deben existir en función de, y como garantía para el pueblo, para que no exista duda de que la justicia ha sido recta y transparente.
Estamos claros que “la calidad de la justicia no puede ser mayor que la calidad técnica y moral de nuestros funcionarios”, y que una formación integral requiere además de un conocimiento técnico riguroso, una ética judicial, que se traduce en la aplicación de la ética general a la función judicial.
     Estos presupuestos éticos del funcionario judicial constituyen las armas con las que habrá de enfrentar cualquiera de las causas de la corrupción, siempre dentro del marco de respeto a la Constitución y la Ley.
    Por otra parte, estoy convencido que el Poder Judicial, debe avanzar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como un privilegio de los jueces o de sus integrantes como tales, sino como un derecho de los ciudadanos y como garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho. Adicionalmente debe indicarse que a los funcionarios judiciales hay que exigirles comportamientos y actuaciones en correspondencia con las aspiraciones de la sociedad porque, por supuesto, entendemos que independencia no significa irresponsabilidad. En ese sentido en adición a la necesaria independencia de los funcionarios, también es trascendente que se establezcan mecanismos de evaluación del desempeño, de manera que por este medio se satisfagan las expectativas de una justicia accesible, transparente, proba, oportuna y de calidad, pero a la vez, de funcionarios que estén en condiciones de hacerlo posible.
     Precisamente por eso ha de tenerse en cuenta que es indispensable responder apropiada y prioritariamente al clamor por una justicia recta e incorruptible que termine con la impunidad que rodea siempre los escándalos de corrupción.
      Creo firmemente que el Poder Judicial costarricense, pese a las dificultades económicas que enfrenta, está preparado para asumir -siempre dentro del marco de la Constitución y la Ley-, la responsabilidad histórica que el destino le ha puesto en el camino en estos momentos de prueba para nuestro país.
      Deseo resaltar que la corrupción no es un camino sin regreso, tiene solución y depende, entre otros factores, de un Poder Judicial fuerte e independiente, así como de un marco legal moderno, y que mientras el derecho siga siendo el vehículo de la ética y la justicia y el Poder Judicial sepa aplicarlo correctamente, la legitimidad del sistema democrático, nos permitirá por mucho tiempo, vivir en un marco social que estimule el crecimiento y desarrollo en paz y armonía.