Presidente confía
en cambios a ley de justicia restaurativa
Firmó iniciativa para que la reformen
Carlos Alvarado, presidente de la
República
Pese a la solicitud de veto por parte
del Instituto de Victimología de Costa Rica y de la Oficina de Atención y Protección
a la Víctima del Ministerio Público, este lunes Carlos Alvarado, presidente de
la República, firmó la ley número 9582 denominada “Ley de Justicia
Restaurativa”.
Según el Mandatario, dicha decisión la
tomaron pese a conocer precisamente las preocupaciones de la Fiscalía General
de la República y las otros dos organismos ya mencionados.
Según el presidente Alvarado, la firma
consiste en un voto de confianza a los diputados, quienes en días pasados se
comprometieron a enmendar las inquietudes.
Entre las preocupaciones destacan la
afectación a las mujeres víctimas de violencia y al presupuesto dedicado a esta
población que hoy se brinda para atención psicológica y social.
En específico, también se genera
inquietud en Zapote porque la iniciativa provoca que dicho presupuesto, de unos
¢300 millones, se use para que la nueva unidad de justicia restaurativa
contrate personal y compre vehículos.
“Demos una oportunidad al diálogo entre
los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en
esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa
aplicación de la Justicia Restaurativa”, manifestó Alvarado por medio de un
boletín a la prensa.
En otras palabras, en Zapote confían que
los diputados se sienten a reformar la recién aprobada ley, que llevaba más de
6 años en la corriente legislativa.
Para ello, Alvarado dirigió una nota a
la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, mediante la que
espera una pronta reforma, que permita eliminar los defectos de la ley sin
poner en riesgo la vigencia del mecanismo de Justicia Restaurativa.
“Aunque se podría plantear un veto por
las observaciones señaladas, se optó por la vía de la sanción ante las
manifestaciones de buena fe de los diputados en pro de reformar la norma”,
añadió el Presidente.
En resumen, la recién firmada ley
permite evitar la cárcel en ciertos casos.
Para ello, el infractor debe cumplir una
serie de requisitos: cometer el delito por primera vez, que no exista violencia
sobre las personas, ni fuerza sobre las cosas, para delitos con sanciones
menores a tres años de prisión y un juez de Justicia Restaurativa tiene que
brindar su aval.
En ese sentido, la persona que cometa el
delito deberá resarcir a la víctima y a la sociedad, por ejemplo, con trabajos
comunitarios.
La iniciativa también busca evitar que
estas personas caigan en un círculo vicioso como son las cárceles y separar a
los delincuentes de delitos comunes de otros criminales como los provenientes
del narcotráfico o el crimen organizado, de manera que su adaptación a la
comunidad sea más fácil.