Justicia cumplirá órdenes de jueces y modificará reglamento
penitenciario
Jueces de ejecución de la pena
regañaron a viceministra por no tramitar permisos urgentes a reos con tobillera
electrónica.
byLuis Fernando
Cascante Jun 12, 2018
Los privados de
libertad con tobilleras electrónicas experimentaron problemas para tramitar sus
permisos para salir a trabajar, estudiar o ir al hospital, tras una decisión
del Ministerio de Justicia. Foto: Miriet Ábrego.
El Ministerio de
Justicia dio marcha atrás en su plan de no tramitar salidas urgentes a los reos
con arresto domiciliar con tobillera electrónica y ahora acatarán las medidas
correctivas de los jueces, quienes notificaron personalmente a Isabel Porras,
viceministra de Justicia, por incumplir con el reglamento penitenciario.
En un inicio, Porras,
amparada en un criterio legal del ministerio, ordenó que los permisos para ir
al hospital, colegio, pago de servicios o trámites básicos, dejaran de ser
resueltos por Justicia y fueran responsabilidad de los juzgados de ejecución de
la pena.
Sin embargo, los
jueces alegaron que esos permisos tomarían varios meses, por lo que Justicia
debía acatar el reglamento vigente, que le otorga esta facultad a la
administración penitenciaria.
Lea también: Permisos a reos con tobilleras electrónicas
se estancan tras decisión de Justicia
Tras negarse a
cumplir la orden de los jueces, la viceministra Porras fue notificada
personalmente el pasado 30 de mayo por los jueces de ejecución de la pena del
Primer Circuito Judicial de San José, Roy Murillo y Román Matamoros, para que
en casos de este juzgado “todo permiso urgente de salida -de carácter
provisional y urgente por su naturaleza, que no pueda esperar el promedio de
tiempo que lleva la firmeza de una resolución judicial- deberá ser conocido y
resuelto por la autoridad administrativa”.
“Los permisos y
salidas estaban siendo direccionadas al despacho, al juzgado de ejecución. No
estaban aplicando el reglamento. No hicieron caso, entonces hubo que
notificar”, comentó Matamoros.
Esta es la medida
correctiva enviada por los jueces de ejecución de la pena de San José a la
viceministra Isabel Porras, el pasado 30 de mayo.
Tras recibir la
notificación, Justicia comunicó a su Unidad de Vigilancia Electrónica y al
Instituto Nacional de Criminología, para que en los
casos de privados de libertad de ese juzgado, “todo permiso urgente de salida
se deberá conocer y resolver por la unidad administrativa”.
Pese a esto, el
Ministerio de Justicia insistirá un criterio técnico a su departamento
jurídico, el cual recomendó la derogación de los incisos d y f del artículo 434
del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, los cuales, a su criterio,
son contradictorios de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en
Materia Penal. Los incisos tienen que ver con el procedimiento de alerta
en caso de que un privado de libertad salga del perímetro establecido, así como
cuando se sale por una razón justificable.
Tras consultar con su
departamento legal, el Ministerio de Justicia inició el proceso para derogar
los incisos de este artículo. De acuerdo con el juez Román Matamoros, tras
notificar a la viceministra, se le comunicó que Justicia prepara un decreto
para corregir los contenidos reglamentarios.
Este miércoles, la
ministra de Justicia, Marcia González, así como la viceministra Isabel Porras,
se reunirán con defensores públicos, jueces de ejecución de la pena y con
funcionarios de la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con
Dispositivos Electrónicos, para abordar los pormenores y la coordinación en esta
materia.
Los atrasos
El pasado 29 de mayo,
este medio informó sobre una serie de casos de privados de libertad afectados
por esta discrepancia entre jueces y Gobierno. Por ejemplo, el de un padre de
familia que no pudo salir de su casa para solicitar una beca del IMAS a su
hijo, así como el de un joven que trabajaba en instalación de mallas y, de un
día para otro, no pudo salir a trabajar.
Costa Rica inició el
mecanismo de arresto domiciliario con vigilancia electrónica desde el 27 de
febrero del año anterior, utilizando tobilleras para unas 270 personas en su
primera fase.
Actualmente existe un proyecto de ley con una serie de correcciones, una vez
que se avanzó en la experimentación de una tecnología que nunca antes se había
usado en el país.
Al detectarse que la primera ley no contemplaba los casos de los permisos
laborales, ni las acciones a tomar en caso de incumplimiento, se envió otro
proyecto a la Asamblea Legislativa, que aún no llega a buen puerto.