Miles
de juicios en espera obligan a la Corte a tomar acciones de emergencia
Por: Hugo Solano C. 12 de abril 2018
Al ritmo que llevaba, el Tribunal de Puntarenas habría necesitado 20
años para atender los 1.500 juicios que tenía en espera al concluir el 2017. La
situación no era mejor en los despachos de Pavas o Goicoechea, donde se
apilaban 800 y 856 expedientes, respectivamente.
Eso mantenía paralizados procesos por asesinatos, robos, estafas,
violaciones y otra larga lista de delitos, en los que no se había hecho
justicia ni para víctimas ni para los mismos sospechosos.
En los casos penales el senticomiento de
impunidad se hace más pesado, pero el rezago también acecha los juzgados
cobratorios, civiles y de pensiones alimentarias.
Todo
esto lo reconoció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Chinchilla, quien al asumir ese cargo, en mayo de 2017, ordenó la integración
de un equipo que detectara los fallos e hiciera propuestas para eliminar los
cuellos de botella.
Fue
así como comenzó a ejecutarse un plan de acción inmediata contra la lentitud de
los procesos o mora judicial, el cual llevó, prácticamente, a un rediseño de
procesos que se aplicó en 12 tribunales considerados críticos: Pavas,
Puntarenas, Quepos, Alajuela, Limón, San José, Liberia, Cañas, Santa Cruz,
Turrialba, Goicoechea y Cartago.
Para
el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, “una justicia que
no es pronta y no es cumplida, es una afectación a un derecho humano” y va
contra lo que establece nuestra Constitución Política en el artículo 41.
"(...)
Todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido
en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta,
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”, señala la
norma.
A
pesar de ese mandato constitucional, la situación es dramática en el Poder Judicial.
Según
Chinchilla, se trabaja en los tiempos para señalar la fecha de juicio y en la
estandarización del trabajo en los despachos, ya que en algunos encontraron
procedimientos que no estaban regulados y retardaban la toma de decisiones.
A
partir del análisis, se tomaron medidas, como la realización de más juicios a
cargo de tribunales unipersonales (un solo juez) en vez de los conformados por
tres jueces. Esa posibilidad solo es aplicable a procesos donde el delito que
se juzga tiene una pena igual o menor a cinco años, según el artículo 96 bis de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entretanto, en el Tribunal de
Pavas se habilitó un horario vespertino, es decir, que ahora también hay
debates entre 4 p. m. y 10 p. m.
Además,
se implementó una agenda electrónica que concilie los intereses de todas las
partes (jueces, defensores, fiscales) y evite al máximo la suspensión de
juicios.
De
igual manera, la Corte autorizó la contratación de 43 plazas de jueces por un
plazo perentorio, para atender los rezagos en diferentes estrados y cumplir las
metas establecidas.
Estas
medidas de urgencia se toman al mismo tiempo que la Corte trabaja en un
proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que cambiaría algunos procesos.
Para
la fiscala general de la República, Emilia Navas, el rezago en los tribunales
de juicio es “impresionante”. El problema es que ahora, el plan para reducir
ese atraso ocupa por completo a los fiscales,
Esos
profesionales ocupan su tiempo en los debates, en la localización de los
testigos o en apelaciones de sentencia. Al ser así, se complica continuar con
las investigaciones.
“Eso
les impide sentarse en el escritorio para leer denuncias, hacer allanamientos o
hacer inspecciones”, afirmó Navas.
Pese a
ello, se mostró de acuerdo con el plan agilizador de
la Corte, en aras de que los asuntos no prescriban.
La
meta, de acuerdo a Chinchilla, es que, mediante una mejor organización y mejor
desempeño, para el 2020 el periodo máximo para la fijación de fecha de juicios
sea de seis meses.
Visitas tribunal por tribunal
El plan contra la mora judicial comenzó el 3 de agosto del 2017 y está
previsto que, con sus tres fases, concluya el 29 de enero del 2020, explicó Nazira Valverde Bermúdez, directora del Departamento de
Planificación de la Corte.
Se inició con una exploración o diagnóstico a cargo de ocho personas que
entre agosto y setiembre del año pasado recorrieron los 78 juzgados y
tribunales del país.
A diferencia de otros estudios realizados años atrás, esta vez aparte de
funcionarios de Planificación, también hubo jueces incorporados. De esa manera,
el grupo pudo rebatir cuando en un despacho rechazaban las medidas con
argumento de imposibilidad legal, por ejemplo.
Su
recorrido, incluso, se amplió a horarios de 8 p. m. a 11 p. m. para conocer los
procedimientos en los Tribunales de Flagrancia.
Para
Jorge Rodríguez, ingeniero que integró el equipo, el proceso fue muy enriqueceder porque los funcionarios percibieron la
cercanía la Corte, que estaba llegando hasta los jueces y ellos podían expresar
sus necesidades y las oportunidades de mejora.
“Fueron
meses muy complicados, pero con mucha mística y compromiso de las personas que
fueron a las giras. Entre agosto y setiembre se recorrió todo el país. A veces
les daba la madrugada analizando los datos que iban a presentar horas después a
cada uno de los despachos”, añadió Nazira Valverde.
Eso
permitió que cada oficina analizara de una vez las falencias o necesidades que
tenían.
A
manera de ejemplo, podía ser que un juzgado tuviera muchas audiencias en la
agenda. Sin embargo, al verificar con los jueces, se detectaron errores de
cálculo a la hora de programar una o varias y se determinaban que podía ser más
cortas.
Otro
descubrimiento importante fue identificar que el 60% de los asuntos que entran
a los tribunales se castigan con penas menores a cinco años de cárcel, por lo
que con esa prueba científica, se pudo aprovechar mejor a los jueces, ya que en
lugar de usar tres, se pasó a uno.
Así se
reforzaron los juicios unipersonales, mientras que otras secciones se encargan
de los juicios con penas mayores.
Con
esa medida, por ejemplo, en San José se pasó de 72 sentencias dictadas en
diciembre del 2017 a 160 en marzo del 2018.
Sin
embargo, una limitante que fue ratificada es que no se tiene la cantidad de
salas de juicio necesarias.
Otra
variante realizada a partir del diagnóstico se hizo con el proceso de las
apelaciones de sentencias, pues se determinó que un juez está en capacidad de
conocer 30 apelaciones por mes.
Así,
como en San José había tres jueces y como el promedio es de 60 apelaciones
mensuales, uno de ellos fue trasladado a reforzar los juicios unipersonales.
Con
todos estos cambios, comenzaron a verse resultados positivos en algunos de los
tribunales críticos e incluso fuera de la lista.
En el
Tribunal Penal de Desamparados, por ejemplo, ya se logró que desde que entra un
caso al Tribunal el tiempo máximo para la fijación de un juicio sea de seis
meses. Otras sedes de administración de justicia que ya alcanzaron esa meta son
Alajuela, Grecia, San Carlos y Pérez Zeledón.
En
Desamparados se hizo otra sala de juicios y las necesidades tecnológicas fueron
cumplidas. Se liberaron las cargas y todos trabajan igual.
Una
reciente evaluación en enero y febrero de este año reveló que, con los cambios,
ya ocho de los 12 tribunales generan más del 100% de las sentencias que se les
propuso como meta, cifra que varía según la cantidad de casos que reciben y la
capacidad de cada uno.
“Esta
es la primera vez en la historia de la materia penal en que se les pusieron
cuotas (de sentencias mensuales), explicó el presidente de la Corte.
El
promedio para las secciones unipersonales quedó entre 15 y 20 sentencias por
mes, mientras que las colegiadas (tres jueces) deben dictar entre 11 y 15.
“Lo
que teníamos eran tiempos muertos. La calidad de la gente es buena, pero tenían
lugares de confort y no usaban todo el tiempo en lo que es”, acotó Carlos
Chinchilla.
Sin
embargo recalcó que hay juicios complejos, que pueden tomarse todo el mes o más
tiempo, pero tienen que tener una justificación técnica.
Para
los tribunales más críticos ya se aplica un plan remedial, que contempla
aspectos de infraestructura, ambiente laboral y el diseño de un modelo de
tramitación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio
Público.
Se
trata de los tribunales de Heredia, Nicoya y Corredores, donde se espera
terminar el proceso el próximo 8 de mayo. Después de esa fecha, se tendrán
listas propuestas de mejora.
Limón
es otra de las regiones en deuda, pero se determinó que en gran parte de debe a
la falta de infraestructura. Ahí se esperan mejorías pronto, debido a que en
marzo se estrenaron nuevas salas y oficinas y ya se calendarizaron más juicios.
La idea es que al 14 de septiembre del 2019 se extiendan los resultados
del rediseño a las 330 oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
Ministerio Público, Defensa Pública, Juzgado Penal, Juzgado de Ejecución,
Tribunales Penales y Tribunales de Apelación.
Puntarenenses esperarían 20 años por sentencias en espera
En Puntarenas, a raíz de los cuellos de botella, hubo que tomar
decisiones sobre cómo se iba a reestructurar la forma de trabajo, porque de lo
contrario se tardarían 20 años en normalizar la situación de los 1.504
expedientes que constituían el circulante total en diciembre.
Ronald Nicolás, juez coordinador del Tribunal de Puntarenas, atribuyó el
rezago a factores como la cantidad de regiones que les toca atender, el aumento
de la delincuencia y la disparidad de recursos.
“Nuestra circunscripción territorial abarca lo que es Puntarenas como
tal y lugares circunvecinos como Miramar, Esparza, Cóbano
y Garabito”, dijo.
Añadió que el crecimiento de causas penales también se debe al aumento
de la población. Por ejemplo, Garabito, según el último censo, es el cantón con
mayor aumento de población en el país.
Playas como Jacó también tienen en ciertas temporadas una alta población
flotante, por el turismo.
Años
atrás, dijo, en Puntarenas hubo una disparidad entre la cantidad de fiscales y
la de jueces.
Como
los fiscales son los que envían las causas penales, al aumentar la
criminalidad, el número de casos creció proporcionalmente, pero los jueces
seguían siendo los mismos ocho, y no pudieron asimilarlos.
“El
tribunal llegó a manejar un circulante galopante. Hicimos toma de conciencia y
empezamos a buscar las vías de escape, para paliar esa situación”, indicó.
En
diciembre del año pasado se les asignaron tres plazas temporales más para
llegar a los 11 jueces que tienen en la actualidad. Los nuevos se encargan
principalmente de los casos más rezagados.
Con
esos refuerzos y el rediseño, en el primer semestre de este año se tramitaron
unas 236 sentencias, un 65% más que lo que se tramitaba antes.
El
circulante bajó de 1504 asuntos en diciembre a 1364 en febrero. Aunque algunas
causas prescribieron, Nicolás aseguró que fueron pocas y por circunstancias
ajenas a los jueces.
Las
principales causas de criminalidad en esa provincia son el narcotráfico, el
crimen organizado, los delitos contra la propiedad y los abusos sexuales.
En
Puntarenas, todavía hay casos del 2006 en espera de juicio, ya que en algunos
de ellos los acusados han desaparecido y aunque sobre ellos existe orden de
captura, no los encuentran. El expediente queda en suspenso con reos rebeldes.
Hace
dos años, se otorgaron dos plazas de jueces a Quepos, cantón que antes era
atendido por juzgadores de Puntarenas, los cuales viajaban toda una semana a
esa región del sur. La variante ayudó a desahogar a los tribunales de
Puntarenas centro, pero no fue suficiente.
“Para
mí, Quepos en este momento merece ser un tribunal independiente. Tienen
jurisdicción, la competencia que se ha ampliado hasta Garabito y los insumos en
materia penal son suficientes para mantener con tres o cuatro jueces”.
Nazira Valverde
también atribuyó el rezago en Puntarenas a la rotación de personal y al hecho
de no contar con suficientes salas de juicio.
A
futuro se planea desarrollar juicios vespertinos, entre 4 p.m. y 10 p. m. para
aprovechar mejor las salas existentes.
Actualment,e ese tribunal solo tiene tres salas para debates, ya que por el
terremoto de Sámara, de setiembre de 2012, tuvo que iniciar con un refuerzo
estructural del edificio que todavía persiste.
Primero
se reparó el sector sur y falta concluir la parte norte. Cuando termine la
reparación se habilitará otra sala debates, así como varias oficinas que han
sido afectadas por la construcción.
Aunque
se esperaba que las obras duraran en un año, los trabajos siguen.