¿Quién
es la nueva fiscala general subrogante y qué esperamos los costarricenses de
ella?
En medio
de la zozobra, apareció Emilia Navas Aparicio como la heroína capaz de rescatar
la menguada credibilidad de la Fiscalía General de la República. No se lo
buscó; se lo ganó. ¿Quién es la nueva fiscala general subrogante y qué
esperamos los costarricenses de ella?
Yo no la
conozco personalmente, pero lo que he leído y oído sobre ella me causa agrado y
serenidad. Tiene vasta experiencia (29 años en la Fiscalía), licenciatura en
Derecho y una maestría en Administración de Justicia, pero no es su sólida
formación académica lo que más me apacigua, sino sus valores éticos: búsqueda
de la verdad sin compromisos políticos; transparencia y humildad para trabajar
en equipo; disposición para enfrentar con celeridad los retos. Su familia y
colegas han de estar muy orgullosos.
Me
gustaría transmitirle mis inquietudes como simple ciudadano. Yo había perdido
la fe en los fiscales generales (no así en la mayoría de sus funcionarios de
carrera, honestos y leales al juramento) porque sentía que actuaban motivados
por inclinación política: a unos los perseguían con saña inquisitoria; a otros,
con la complacencia de los fisiócratas franceses: laissez faire,
laissez passer. Como en la granja de Orwell, todos eran iguales, pero
los verdes eran más iguales que los azules.
Ese sesgo
político fue evidente en las causas contra los expresidentes. A uno de ellos lo
persiguieron incansablemente por 13 años hasta que un alto tribunal lo eximió
de responsabilidad; el otro, del mismo partido, tuvo que demostrar en los
tribunales civiles que nunca se perjudicó al Estado. En cambio, la Fiscalía fue
conspicuamente complaciente con los expresidentes del partido opositor por
hechos similares. Los medios y las redes citan causas y expedientes mal
atendidos.
Yo no le
pido a la nueva fiscala subrogante subrogar sus deberes para favorecer a nadie.
La justicia debe ser igual para verdes, azules o amarillos. Que aplique parejo
el derecho sin dejarse permear por la cruzada mediática ni el espectáculo
político en la Asamblea. Y eso me lleva a escarbar dónde está la verdadera
génesis del tráfico de influencias: los magistrados se nombran por afinidad
política y ellos, a su vez, designan al fiscal general en un quid pro
quo. Ahí está la fermentación. En el caso de Navas Aparicio, los
magistrados trataron de curarse en salud y se reivindicaron, quizás por rubor.
Pero no basta. Creo que es hora de variar el nombramiento de los magistrados y
del fiscal general.
Jorge
Guardia es abogado y economista
jorge.guardiaquiros@yahoo.com