Nombramiento
de magistraturas debe cambiar
Quienes lleguen a ocupar el puesto de magistrado deben ser personas idóneas e intachables, sin ligamen con la clase política y la económica, cuyos asuntos deben resolver, para evitar conflictos de intereses
La crisis que enfrenta el Poder Judicial ha puesto en evidencia un problema harto conocido que ha venido siendo ignorado por la clase política: el nombramiento de magistrados. Los presuntos vínculos de altas figuras del Poder Judicial con recientes casos en investigación reafirman la importancia de garantizar que quienes lleguen a esos puestos sean personas idóneas e intachables y que no tengan ligamen con la clase política y la económica, cuyos asuntos deben resolver, para evitar conflictos de intereses.
Lamentablemente, el proceso tradicional de nombramiento se encuentra lejos de lograr este objetivo.
Los magistrados desempeñan un papel central para la institucionalidad: además de resolver en última instancia asuntos de gran trascendencia, como integrantes de la Corte Plena, su visión moldea la administración de justicia, con todas las implicaciones que esto tiene para la paz social de un país, entendidos los tribunales como el estrado último donde se resuelven diariamente conflictos de toda índole y se garantiza el respeto a los derechos humanos.
Frente a esta situación, la experiencia ofrece estándares internacionales probados y exitosos para proteger la independencia judicial, entendida como la garantía de una justicia igual para todos, así como una administración de justicia libre de presiones e injerencias de cualquier tipo.
Selección con base en méritos. Esto supone la definición de criterios de selección de las personas y los mecanismos objetivos de evaluación de atestados, los cuales tengan como punto de referencia las funciones y las competencias propias del cargo. Se recomienda la elaboración de un perfil que contemple las características profesionales y las habilidades personales deseables en las personas que aspiren al cargo. Lo que se busca es eliminar todo margen de discrecionalidad que permita favorecer o afectar una candidatura con base en intereses específicos.
Publicidad y transparencia. Estos son dos principios esenciales que deben observarse en la totalidad del procedimiento de nombramiento, dado que la sociedad solo podrá involucrarse y opinar si tiene conocimiento de aspectos básicos, tales como los criterios, las etapas, las formas, los plazos, los mecanismos de evaluación, los nombres y el historial de los postulantes y la conformación de la Comisión de Nombramientos.
Corresponde al Estado desarrollar los medios adecuados para comunicar, en tiempo real, toda la información vinculada al proceso de selección y hacer posible, y de efectiva valoración, la recepción de la información brindada por la ciudadanía.
Participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es la gran frontera por conquistar en esta materia. El escrutinio independiente que puede hacer la sociedad civil de las candidaturas, así como del desarrollo del proceso de nombramiento, reviste especial importancia en un momento en que la legitimidad del Poder Judicial se ve cuestionada abiertamente, al tiempo que la ciudadanía confía cada vez menos en el sistema de justicia.
La iniciativa de la Corte Plena de organizar comisiones para proponer reformas en temas específicos es un primer paso en la dirección correcta del fortalecimiento del Poder Judicial.
El momento es oportuno para atender el clamor ciudadano que reclama, con razón, una mayor apertura y transparencia del Poder Judicial, así como un sentido de responsabilidad de los diputados en los nombramientos que hacen.
Es necesario dejar de lado el cálculo político y las injerencias indebidas: una justicia independiente es el pilar básico del Estado de derecho. Sin ella, la garantía de nuestros derechos está en riesgo y la democracia, en serio peligro.
El autor es investigador e internacionalista.