Sala IV declara ilegal proceso de consulta indígena
Voluntad del gobierno
se impuso a criterio indígena
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso
de amparo contra el proceso de "Construcción de un mecanismo de consulta
para los pueblos indígenas" llevado a cabo en mayo pasado en el Estadio
Nacional por el Gobierno de la República.
Dicho recurso obliga al gobierno a realizar el
proceso como ordenan los lineamientos legales, donde se le debe consultar a los
24 territorios indígenas.
El recurso fue interpuesto por las comunidades cabécares de Alto Chirripo, las
cuales argumentaron no haber sido consultados en su momento con la traducción a
su lengua nativa, ni a todos los pobladores de su territorio.
Igualmente, en la resolución bajo el expediente N.
17 - 006741 - 007 - CO; se advierte que, tras la consulta a los cabécares, tendrá que consultarse otra vez a los 24
territorios indígenas.
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a
Sergio Iván Alfaro Salas y Ana Gabriel Zúñiga Aponte, por su orden ministro de
la Presidencia y viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo
Ciudadano, o a quienes ocupen esos cargos, que el documento ya acordado en el
procedimiento para la "Construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas"
sea llevado a las comunidades indígenas del territorio de Alto Chirripó que todavía no han sido consultadas de forma
idónea, conforme se explica en la parte considerativa del fallo, para cuyos
efectos deberán ejecutarse una etapa informativa y el primer encuentro
territorial solo con las mismas, lo cual podrá ser coordinado con la recurrente
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar
de Chirripó".
Por su parte el Gobierno de la República dijo no
conocer el fallo de la Sala y por el contrario respetar los derechos de los
indígenas bajo el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el
país.
“No hemos recibido notificación formal de la
sentencia integral de la Sala Constitucional, por lo que no podemos referirnos
a los detalles del caso particular. Una vez notificada, acataremos lo que se
disponga en ella. El Ministerio de la Presidencia ha sido respetuoso y riguroso
en la aplicación de los estándares internacionales que establecen los
instrumentos que regulan los derechos de los pueblos indígenas y los procesos
de consulta. Continuaremos con el proceso de construcción conjunta del
mecanismo, respetuosas de la normativa internacional y la jurisprudencia
constitucional”, afirmó Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la
Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.
Por su parte el abogado indígena Ronald Serrano,
delegado de la Comisión Redactora, la cual fue instaurada después del fallido
proceso de consulta señaló que en el gobierno “son finos en violentar los
derechos de los indígenas, incluso ya hay antecedentes que demuestran cómo
hacen un mecanismo a su gusto y antojo y luego simplemente dicen que paso por
la observación de todos los territorios cuando en el propio borrador decreto
decía que no se les había consultado a varios territorios. Lo peor del caso es
que bajo el escrutinio del Sistema de Naciones Unidas y de la Defensoría de los
Habitantes, entonces con qué estatura moral pretenden venir a decirnos a los
pueblos indígenas que las cosas se están haciendo bien, cuando la única forma
de que nos escuchen es acusándolos ante los magistrados de la República”,
señaló Serrano.
El mecanismo general arrancó en marzo 2016, según
el gobierno “ha consistido en más de 120 talleres y encuentros en los 24
territorios indígenas del país. Han participado más de 5.000 personas
indígenas. El borrador final del documento ha sido revisado en 12 territorios;
los territorios restantes tendrán la devolución durante los próximos meses”, lo
anterior pese a que continúan silenciando a comunidades indígenas que, al no
estar de acuerdo con los planes del gobierno, simplemente no les toman parecer.