“Aplicación de justicia nos obliga a ser más humanos”

Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández:

Carmenmaría Escoto, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Damaris Vargas, jueza del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José y magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron con Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA, para exponer el trabajo del Poder Judicial tanto en materia de acceso a la justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad como en los cambios en la reforma procesal agraria.

Escoto, de amplia trayectoria dentro del sistema judicial, ahondó en la sensibilización del Poder Judicial desde un tiempo para acá para ver “más allá de un expediente frío”, tener presente que hay seres humanos y familias en contienda detrás de la aplicación de la justicia. 

Usted tiene a cargo varias comisiones en el Poder Judicial. ¿Por qué son importantes estos órganos?

-Escoto: Estas comisiones son el medio ideal para, en un Poder Judicial tan jerarquizado, formar archipiélagos en lugar de islas, tender puentes con todo el personal, buscando a través de las comisiones las necesidades e inquietudes, crecer en grupo y trabajar en equipo. Esta es una visión del presidente del Poder Judicial, la cual avalo.

¿Está cambiando la forma de administrar justicia?

-Escoto: Es tan importante tener una relación constante con el personal porque es en el elemento humano donde podemos hacer cambios y el cambio empieza por nosotros mismos. Si queremos administrar justicia tenemos que cambiar estigmas, conceptos, paradigmas y ser más humanos. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda El Periódico Más Leído en el País para que se den a conocer todos los derechos que rigen a las personas que de alguna manera se encuentran en una situación vulnerable, ya sea física, psicosocial, socialmente e incluso por causas climáticas, donde de un día para otro pueden enfrentar situaciones de pobreza. 

¿Cómo se involucra la aplicación de justicia en estos temas?

-Escoto: El Poder Judicial dice en todas estas causas estar presente con una visión de justicia con rostro humano. Estas son ideas no propias sino de Luis Paulino Mora cuando fue presidente de la Corte, pero que han calado y han conllevado a temas como las denominadas “100 Reglas de Brasilia” en las reuniones iberoamericanas de presidentes de poderes judiciales, que hemos pedido se actualicen. Se están analizando y revisando en este momento, a la luz de normativas paralelas como la Agenda 2030.

¿Qué propone la Agenda 2030?

-Escoto: Es una serie de objetivos que queremos cumplir como Poder Judicial, que están contenidos en la última normativa de la agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible. Son 17 objetivos y 169 metas que esbozan de manera transversal y multidimensional la aspiración de avanzar en la reducción y mejoramiento de las condiciones de pobreza, las limitaciones en el acceso a la educación, a la justicia y a la salud, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro ambiental y la supervivencia de los seres humanos en el planeta. El Poder Judicial está comprometido en este esfuerzo país y por eso hemos suscrito el Pacto por el Avance Nacional de estos objetivos, en el marco de la Agenda 2030, siendo el primer país comprometido en cumplir con este objetivo.

Cuando habla de esa visión de la justicia con rostro humano uno creería que la administración de justicia es accesible para todos, pero hay poblaciones vulneradas. ¿Cuál ha sido la posición de la Corte y el trabajo que vienen haciendo?

-Escoto: El compromiso asumido por el Poder Judicial a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, creada en el 2005 para la defensa y promoción de los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, se sustenta en el convencimiento de que la justicia debe ser accesible, porque como usted lo dice, no era accesible y no lo es en muchos ámbitos. Esto implica eliminar barreras físicas, actitudinales, que es lo que más duele, los comportamientos, barreras de información, comunicación, de trato a la persona usuaria y de cualquier índole que se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de todas las personas usuarias.

¿Ha sido fácil?

-Escoto: Parece mentira, pero hay estigmas y conductas que se acarrean por siglos y se discrimina a las personas. Hemos notado a través de los años y los asuntos más duros que experimenta una sociedad que no basta con tener acceso para ir a hacer valer los eventuales derechos, porque en todo lado se cuecen habas. Por muchos años por medio de la Comisión de Valores, que coordiné por años, pudimos observar que había que inculcar en el servidor judicial que estamos prestando un servicio y que hay un pueblo que apostó por nosotros y que todavía cree en el Poder Judicial y al que debemos servir y no servirnos.

¿Hay discriminación?

-Escoto: Hay que dar a transmitir esa igualdad real a la cual aspiramos, con absoluto respeto de la diversidad, porque el ser humano vale como tal, independiente de su situación en todos los ámbitos, con el agravante de que para las personas indígenas puede ser el triple. Ser mujer, ser adulta mayor, ser de diversidad sexual distinta, ser pobre o tener alguna discapacidad. Esto es un reto al que agradecemos darle publicidad para que las personas exijan un tratamiento orientado al goce pleno de los derechos humanos de los hombres y mujeres, porque en esto no hay barreras geográficas, en todos lados vemos tratos discriminatorios.

¿Cuándo se inicia esta visión de justicia con rostro humano?

-Escoto: En los años 2000, cuando Luis Paulino inicia con esta justicia de rostro humano, parecía como un pensamiento constante y latente en todos los ámbitos, fiscales, defensores, juzgadores como lo fui yo en San Carlos, donde el contacto directo con las personas, con los testigos y la situación hace humanizar y debe humanizar a los seres humanos. Usted tiene que conocer, ver y hasta oler una realidad en la cual va a aplicar justicia porque no es igual para todos.

Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para una reforma procesal agraria. Usted y doña Damaris han venido impulsado estos cambios, ¿por qué son importantes y necesarios?

-Escoto: Nos tocó a tres mujeres juzgadoras ser las corredactoras: Ruth Alpízar, Damaris Vargas y yo. También dos juristas, quienes tienen la visión de las personas estudiosas de la materia, así como de las personas litigantes. Esto hace ver que ha sido un proyecto estudiado y meditado, y hace ver a todas las personas que tengan que ver con el agro y a quienes tengan que acudir a estrados en sede agraria un compendio total. Por eso se le llama código, para no tener que acudir a otras normas o interpretar.

¿Requerirá más inversión el Poder Judicial para implementar esta reforma?

-Escoto: En realidad es un código que no genera mucho gasto porque ya tiene una estructura que no se varía. A nivel nacional la cobertura de todos los despachos donde se requiera, en cabezas de provincias y donde haya más necesidad para que las personas acudan a los estrados. Además otorga la asistencia técnica gratuita, donde se han capacitado por temas o materias y situaciones vulnerables. Es fundamental que puedan participar como defensores de los agricultores y de las personas indígenas.

¿Cuál es el escenario actual en la administración de justicia para los temas agrarios y que requieran esa reforma?

-Vargas: Trabajamos con la Ley de Jurisdicción Agraria, la cual establece un proceso bastante informal y eficiente, pero el objetivo institucional es instalar la oralidad por audiencias en todos los tipos de materia, no solo agraria, que es lo que pasó con laboral y civil. Falta familia y agrario, donde la forma en que administremos justicia sea más humana y accesible a los usuarios.

¿En qué beneficia un juicio oral?

-Vargas: Esto permite no emitir una sentencia escrita sino que tengamos a la persona usuaria frente a nosotros y sepa qué estamos resolviendo, quién es la persona juzgadora. Este y otros elementos de eficiencia dentro del proceso es lo que pretendemos generar con el cambio, eliminar ciertos tiempos que no generan valor agregado para que las respuestas sean más rápidas.

¿Hay cambios en el lenguaje?

-Vargas: Ya el Poder Judicial ha sido consciente, ha pedido eliminar el lenguaje técnico. Las sentencias se emiten no para los abogados sino para la ciudadanía, para que se comprenda el mensaje y no tenga su abogado que traducirlo, ya que eso es una indefensión. 

¿En el caso del sector agrario cuáles problemas se presentan con los procesos judiciales?

-Vargas: Si bien es una de las materias más eficiencias, no podemos quedarnos en esa zona de confort, tenemos que mejorar. Inclusive la defensa agraria tiene tribunales especializados, pero es un servicio que debe mejorar. La ventaja de esta reforma es que no genera un cambio en la estructura organizacional; es decir, no le genera un costo al país. La ventaja con las sentencias agrarias es que se generan en el campo, donde se da el conflicto, allá va el juzgador a buscar la justicia.

¿Qué conflictos resuelven los tribunales agrarios?

-Vargas: Por ejemplo, una persona que tenga un cultivo de hongos en un espacio pequeño en San José, eso es agrario; pero también vemos asuntos de empresas grandes transnacionales que se dedican a la producción agrícola. Vemos casos donde una persona tiene una propiedad y dice que el vecino le corrió la cerca. Esa empresa que le compra la fruta al agricultor y de pronto le cambia las condiciones, bajándole el precio por una circunstancia del mercado europeo. En temas cobratorios, digamos en un productor de Guápiles que pidió un préstamo para su producción, pero una llena (cabeza de agua) se llevó la cosecha y el banco inicia un proceso cobratorio. Esos asuntos se ven en los tribunales agrarios porque el plan de inversión está vinculado con la actividad. 

En el tema de empleabilidad para las personas con discapacidad, ¿cuáles han sido los avances que ustedes empujan desde la comisión del Poder Judicial?

-Vargas: Esto ha sido parte del eje Acceso a la Justicia del Plan Estratégico Institucional, que se ha trabajado con la Ley 8862, que exige una reserva del 5% a las instituciones públicas de las plazas para las personas en condición de discapacidad, que no se cumple a cabalidad. El Poder Judicial ha sido pionero luego de una lección aprendida, decidimos crear una bolsa de trabajo en lugar de reservar plazas, lo que nos ha permitido contar hoy con 26 plazas para esta población.