Sala IV desestima acción contra Policía de Tránsito

Sobre operativos contra Uber

Un recurso en contra de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) por acosar a los conductores nacionales en su afán de detener a los choferes de Uber fue desestimado por la Sala Constitucional.

El recurso de hábeas corpus fue interpuesto por el abogado Yashin Castrillo hace dos semanas debido a que a su parecer se rayaba en el acoso al momento de tratar de detectar a los conductores de la empresa extranjera.

Sin embargo, el mismo fue declarado sin lugar la mañana del jueves y se encuentra en el proceso de notificación para ambas partes, lo que da luz verde para que las autoridades puedan continuar con las acciones.

Los hechos se remontan al 30 de junio, cuando un hombre recogía a su esposa en las inmediaciones de la Universidad Nacional (UNA) y fue detenido por la Policía de Tránsito, la cual creía que era un chofer de Uber.

Sin embargo, según Castrillo fue claro en que la Sala IV no actuó de manera adecuada, pues en el recurso se habla del 30 de junio, mientras que la Sala consultó a Tránsito sobre el 30 de julio.

Al consultarse la fecha equivocada, las autoridades no reportaban operativo alguno, por lo que se desestimó el reclamo, dando paso al fallo que favorece a las autoridades y sus constantes operativos.

“En el recurso que presenté, indiqué que los hechos se habían dado el 30 de junio, pero la Sala hace la consulta a la Policía por el 30 de julio, lo que hace que contesten que en esa fecha no hubo ningún operativo”, dijo.

El abogado se encuentra en proceso de recibir respuesta por parte de las autoridades de la Sala para conocer el siguiente paso y recopilar la información necesaria para iniciar el proceso nuevamente.

“Ya estoy haciendo el reclamo ante la Sala Constitucional y estoy pidiendo las explicaciones del caso (…) están tomando un fallo sin tomar en cuenta los hechos reales”, declaró.

OPERATIVOS SON UN ABUSO DE AUTORIDAD

Otro de los puntos que recalcó el abogado en el escrito es que los métodos utilizados por las autoridades son ilegales, pues se recurren a distintas actividades con tal de esclarecer si hay un delito o no.

Insistió además que durante todo el proceso se incurre en un abuso de autoridad por parte de los representantes de la ley, tanto en el método de operación como en su modo de actuar.

“Por ejemplo, eso de interrogar al conductor o al pasajero no se puede llevar a cabo, además de eso lo hacen en grupo, con uniformes y armas y esto conlleva a que se logre intimidar a cualquier conductor”, declaró.

Para Castrillo se está actuando bajo “instinto policial” o por una sospecha infundada basados en características y no en pruebas o hechos que puedan respaldar las acciones que están sancionando.

Los operativos se intensificaron tras la publicación de las directrices número 82-P y 83-P por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís el miércoles anterior en el que solicitaba que se hiciera todo lo posible para detener el transporte ilegal de personas.

Uber opera en el país desde agosto del 2015 y aunque se ha dado la detención y decomiso de algunos de sus vehículos, estos siguen operando, algo que aseguran los taxistas ha afectado sus ingresos, disminuyéndolos hasta en 60%.