Supremos poderes urgen aprobar Ley de Extinción de
Dominio
Crea
una jurisdicción que permitiría incautar bienes al narco
Los presidentes de
los supremos poderes de la República solicitan a los diputados la pronta
aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
Esta iniciativa de
ley es una de las prioridades del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de
Justicia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El plan establece
mecanismos para evitar el financiamiento de las actividades criminales del
narcotráfico y crea una jurisdicción que permitiría incautar bienes a
particulares cuyo origen no puedan demostrar.
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Luis Paulino Mora,
viceministro de la Presidencia en Asuntos Legislativos, explicó que cuando una
persona no pueda demostrar el origen de sus bienes, ya sean propiedades o
capitales, las autoridades judiciales podrían decomisarlos sin necesidad
de una sentencia.
Este proyecto ya
fue dictaminado en comisión y se encuentra en el plenario, sin embargo enfrenta
una seria oposición por parte de las fracciones del Movimiento Libertario y la
Unidad Social Cristiana.
La posición de los
libertarios y los socialcristianos es porque viola el principio constitucional
de inocencia, invierte la carga de la prueba, confisca bienes de personas sin
necesidad de que haya una sentencia y viola la propiedad privada.
El miércoles por la
tarde en Casa Presidencial, el mandatario Luis Guillermo Solís se reunió con
sus homólogos Gonzalo Ramírez, del Poder Legislativo; Carlos Chinchilla, del
Poder Judicial; y Luis Antonio Sobrado, del TSE. En ese encuentro urgieron a
los congresistas a avanzar con su trámite para someterlo a votación.
“Consideramos todos
los poderes que es urgente solicitar la pronta aprobación de la
ley. Creemos que hay cierto consenso y maduración en la Asamblea
Legislativa para aprobarse en un momento próximo”, expresó Solís.
Carlos Chinchilla,
presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que existe un fallo de la
Sala Constitucional, el cual indica que todo el proyecto tiene rango
constitucional.
“No se dirigen
procesos contra personas sino contra bienes y pertenencias que en otros países
como Guatemala y Colombia han sido un éxito”, explicó Chinchilla.
Según el gobierno,
durante este año se otorgará un presupuesto de ¢5.574 millones para combatir el
crimen organizado y el uso de drogas.