Proyecto de extinción de
dominio
Supremos poderes llaman a aprobar ley para arrebatar bienes a
personas que no puedan justificar su origen
ACTUALIZADO EL 21 DE JUNIO DE 2017 A LAS 05:30 PM
Los
presidentes de los supremos poderes llamaron a los diputados a aprobar, de
forma urgente, un proyecto de ley que permitirá arrebatarles bienes a
personas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado, y que no pueden
justificar el origen de sus recursos, aunque no hayan sido condenadas
penalmente.
Se
trata del plan conocido como Ley de Extinción de Dominio, con el cual se
pretende atacar a las estructuras del crimen organizado.
En
favor del texto se pronunciaron este miércoles el presidente de la República,
Luis Guillermo Solís; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Chinchilla; de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez; y el del Tribunal
Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.
Ellos
sostuvieron un almuerzo este mediodía. "Hemos concordado la urgencia de
solicitar la pronta aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, pues creemos
que cuenta con un amplio grado de consenso", dijo Solís.
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quitar bienes a la mafia
El
mandatario recalcó que la aprobación del proyecto de ley vendría a asestar un
golpe a los grupos de crimen organizado, mediante el decomiso de los bienes
muebles (automotores), inmuebles (terrenos o edificaciones) y dinero en
efectivo, que está en poder de delincuentes.
"Sin
la aprobación de esta ley, se nos pone cuesta arriba la lucha contra el crimen
organizado", afirmó Solís.
El
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, confirmó su
respaldo al plan de ley, al tiempo que aceptó que se requiere hacer ajustes al
mismo.
"Siempre
he mantenido la necesidad de que nuestro país dé un ejemplo a nivel mundial,
dando un fuerte golpe a lo que financia el crimen organizado y el
narcotráfico", afirmó Chinchilla.
Chinchilla
insistió en que el proyecto de ley no trata un tema penal, sino administrativo,
donde lo que se cuestiona es la procedencia legal de los activos de las
personas.
Por
ello, se crearía una estructura, ajena a los ámbitos de acción penal del Poder
Judicial, para que las autoridades puedan golpear económicamente a los grupos
criminales.
"No
se dirige un proceso contra personas, sino contra capitales, contra bienes y ha
sido exitosa en países como Guatemala y Colombia", dijo Chinchilla.
El
presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, acuerpó a Solís y a Chinchilla, en el
sentido de que ya la Sala Constitucional se ha pronunciado en torno a la
posibilidad de que se puedan quitar bienes sin afectar los derechos de las
personas.
El
proyecto de extinción de dominio, presentado por Antonio Álvarez Desanti bajo
el expediente 19.571 en mayo del 2015, plantea la posibilidad de que las
autoridades judiciales le arrebaten propiedades, dinero u objetos a personas
sospechosas de participar en crimen organizado, y que no puedan justificar el
origen de sus bienes.
Álvarez defiende su propuesta como un
mecanismo para que, mediante una sentencia judicial denominada de
"extinción de dominio", se quiten los bienes aunque no exista una
condena penal previa.
En la doctrina, esta figura se conoce
como el "decomiso sin condena" y es la respuesta a flagelos como el
narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la trata de personas y la
corrupción.
En el Congreso, los principales
objetores al proyecto de ley son las bancadas del Movimiento Libertario y de la
Unidad Social Cristiana (PUSC).
Para
el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, la propuesta violenta el
derecho a la propiedad de las personas, así como el principio de inocencia, al
tiempo que invierte el peso de la prueba; es decir, ya la Fiscalía no debería
demostrar que alguien es culpable, sino que una persona debería demostrar que
es inocente y que sus posesiones fueron adquiridas de manera legal y con
recursos legales.
Guevara
recalcó que, aunque los poderes Ejecutivo y Judicial insistan en que no se
trata de un tema penal, en la práctica, sí lo es.