Ministro, magistrado y diputado pujan por ampliar prisión preventiva

Ante aumento de criminalidad

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, y el magistrado de la Sala de Casación Penal Celso Gamboa hicieron público su respaldo al proyecto de ley con que se pretende ampliar las causales de aplicación de la prisión preventiva en el país. 

Se trata de una reforma a los artículos 239 bis y 240 del Código Procesal Penal, presentado a la corriente legislativa por el diputado del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas. 

Lo que se pretende es que los jueces puedan considerar la medida cautelar cuando el sospechoso sea reincidente en cualquier tipo de delito y no exclusivamente cuando esté relacionado por acciones delictivas en que medie la fuerza o la violencia contra otras personas. 

Además, el congresista enfatiza que debe aclararse la normativa para que se garantice la aplicación de la prisión preventiva en delitos ligados al narcotráfico, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entiéndase cuando se violente la Ley 7.786.

“La prisión preventiva como medida cautelar es una garantía procesal para que los sospechosos de cometer un delito puedan ser procesados. Los jueces penales son los que deciden a cuáles sospechosos se les aplica la prisión preventiva, sin embargo, se han presentado varios casos ligados a delitos del narcotráfico en los cuales los jueces interpretan de diferentes maneras las normas del Código Procesal, dándose el caso que mientras a unos se les aplica la prisión preventiva a otros no”, enfatizó Vargas. 

El Ministro de Seguridad enfatizó en que este tipo de reformas fortalece la política criminal del país. Mata, quien ha sido cuestionado por el aumento de la violencia, enfiló sus críticas en la lentitud de los procesos judiciales. 

“Costarricenses, estoy yo desubicado en el contexto de mi puesto, cuando detenemos cantidad de personas, en esta administración del señor Presidente ya llevamos más de 70 toneladas de cocaína decomisada, más de 32 toneladas de marihuana decomisada y una cantidad enorme, millones de dólares, de colones, parece que se para el tiempo, que es lo que este servidor no entiende cuando observa que después de una detención en alta mar cuando nuestros oficiales están exponiendo su vida, cuando están poniendo el pecho a las balas, llegan a tierra, presentan el caso y horas después son liberados. 

Respeto la resolución del juez, pero yo no puedo compartirlas”, criticó. 

El magistrado recalcó que de aprobarse esta reforma, si bien los jueces no “estarían obligados a imponer la prisión preventiva, pero sí llamados a tomar en cuenta como una causal más de la Ley 8204, que precisamente señala los delitos relacionados con el narco”. 

Insistió que “la política criminal costarricense no se define en el Poder Judicial, se define en la Asamblea Legislativa, eso es un tema que la ciudadanía debe tener claro a la hora de reprochar las resoluciones de los jueces, es un hecho evidente que existe una molestia ciudadana, que ya ha calado en la Asamblea Legislativa, en donde algunos casos donde se relaciona a personas con hechos de narcotráfico, específicamente con la Ley 8.204, son puestas en libertad, (y eso) sea objeto de desmerecimiento de la labor de la judicatura. 

No obstante, también en defensa de los jueces tenemos que decir que aplicamos las leyes que son emanadas en este parlamento. No hay otras y no podemos inventar las que no existen”.