“La Sala III debe ser más flexible”

Alex Rodríguez, candidato a magistrado:

El abogado Alex Rodríguez, exdefensor público y exletrado de la Sala de Casación Penal (Sala III), compite por convertirse en el próximo magistrado de ese alto tribunal, después de que José Manuel Arroyo se acogiera a su jubilación a inicios de año.

Se enfrenta a la exjueza Patricia Solano y al expresidente del Colegio de Abogados, Gary Amador, quienes fueron seleccionados como los mejores postulantes en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. 

En conversación con DIARIO EXTRA resaltó su perfil técnico, que lo ha llevado a capacitar magistrados en América Latina. 

Asegura que su vínculo con el derecho se remonta a su niñez, cuando su madre laboró por 20 años en la cocina del Colegio de Abogados.

Su prioridad es potenciar una reforma al Código Procesal Penal que garantice el principio de justicia pronta y cumplida, así como impulsar un proceso de flexibilización al acceso a la justicia en casación penal. 

En adelante un extracto de la entrevista con este medio.

¿Cuál es su interés en ingresar a la Sala Tercera?

-Tengo 23 años de ser abogado, los últimos 13 años los he dedicado a hacer consultorías internacionales con muchos organismos en toda América Latina y mi especialidad ha sido la reforma de las leyes y el fortalecimiento de los poderes judiciales en Ecuador, Perú, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Tengo una experiencia acumulada y ahora obviamente lo que quisiera es aplicar esas experiencias exitosas a Costa Rica.

Existen cuestionamientos sobre los procesos de elección de magistrados. ¿Cómo desligar el nombramiento de banderas políticas? 

-Le voy a hablar por mi experiencia. Me metí en este concurso aceptando entrar por la puerta grande y no por la cocina, entonces presenté todos mis atestados. Saqué juegos de copias, hice discos compactos, saqué bastante tiempo para presentar todos mis títulos y mis libros. Soy profesor de la UCR hace muchísimos años, entonces me presento ante los diputados, entrego los documentos y no sé qué es lo que va a pasar. Me reciben en una audiencia y puedo decirle que escuché a seis personas antes de que me dieran el derecho de la palabra. Siento que me pusieron atención, a mí particularmente no me hicieron preguntas. Sí creo que es efectivo un filtro (en la Comisión de Nombramientos), tan es así que por lo menos en este caso veo una mujer que fue jueza jubilada, veo otro funcionario judicial y veo el caso mío, que soy un consultor internacional que eventualmente represento a personas, aunque no soy un litigante cotidiano. Trabajé en el Poder Judicial 12 años, trabajé en la Sala III, fui letrado. Me presento ante los diputados como alguien que no tiene una curva de aprendizaje. Yo sé lo que hace la Sala, he escrito libros de lo que hace la Sala. A mí me han contratado en otros países cuando cambian a magistrados para capacitarlos porque la casación es mi especialidad.

¿Tiene interés especial en potenciar el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal?

-Creo en un proyecto que se está discutiendo hoy día, que se llama Justicia Pronta y Cumplida, presentado por el diputado Mario Redondo. Yo participé con él, con don Carlos Chinchilla y Celso Gamboa, recibió el visto bueno del fiscal general y el Ministro de Seguridad. Se plantea fijar plazos perentorios por etapas. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos procesos que han durado hasta 12 años, casos emblemáticos. El promedio en Costa Rica es de 5 años de duración de un proceso, incluyendo la fase de investigación, la audiencia intermedia y el juicio. Una de las razones importantes de este proyecto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es excusa para no usar un plazo razonable la falta de personal, de infraestructura, de capacitación. Este proyecto es como un curarse en salud, Costa Rica ya tiene una condena muy fuerte por el caso de Mauricio Herrera. No quisiera que en el futuro pudieran demandar a Costa Rica por violar plazos razonables y que se tenga que dejar a alguien en libertad por un tema de un delito atroz, crimen organizado o delitos sexuales. 

¿Qué está provocando que en Costa Rica la justicia pronta y cumplida no se cumpla?

-Primero una falta de normativa específica, que define plazos. Si usted no tiene plazos, no tiene control. Hoy día cuando se dicta una sentencia y una de las partes apela, el expediente se tiene que ir al tribunal de apelaciones por correo interno y eso puede durar semanas, desplazándose de una oficina a otra. Son dos cuestiones: primero una mejora en la normativa y luego un cambio en la cultura judicial. Tenemos un Código Procesal Penal de 1996, que fue modelo para América Latina, que hoy quedó rezagado. Lo que hay que impactar es la forma de hacer las cosas. Y tercero, todo esto va a ir a un sistema de mejoramiento de la gestión judicial. Eso quiere decir que haya un control de cuándo ingresan los casos, cuándo está por vencerse el plazo y qué es lo que tiene que hacerse de una manera muy rigurosa. 

¿Se deben eliminar etapas? 

-¿Eliminar las etapas? Creo que no. Hay tres etapas muy claramente definidas: la investigación a cargo de la fiscalía; una etapa crítica, que es el procedimiento intermedio; y el juicio oral y público. Hay quienes defienden eliminar el procedimiento intermedio. Creo más bien que el procedimiento intermedio no funciona porque no hay un recurso de apelación, y si no hay, los jueces están remitiendo casi todo para el juicio. Por eso tenemos un 50% de los casos que termina con sentencia absolutoria, porque el control ese no funciona. Soy de la idea que lo que no funciona hay que arreglarlo, no eliminarlo.

¿Debería transformarse algún proceso de la Sala de Casación Penal?

-La Sala Tercera lo que más conoce son recursos de casación. Sí me parece que con el paso del tiempo porque es una cuestión que no se puede hacer de la noche a la mañana, la Sala debe reflexionar sobre los criterios de inadmisibilidad de los recursos porque hoy día gran parte de las resoluciones que dicta la Sala III tiende a declarar inadmisible los recursos. 

Si los recursos son declarados inadmisibles vamos a tener muchas sentencias de los tribunales de apelación que no pueden ser controladas en casación. No es un control por el control. Casación tiene una función y es declarar la interpretación correcta de la ley en el caso concreto, y determinar también la justicia del caso concreto. Si por un tecnicismo se le cierre la vía a un recurso de apelación, se puede perpetuar una injustica. Entonces yo creo, y es lo que les propuse a los diputados, que la Sala debe pensar, y yo aportaría en eso, tener criterios más flexibles para permitir un acceso a la justicia de casación, propiamente en el tribunal de la Sala III. En los otros casos que conoce no porque son eventuales. El juzgamiento de los miembros de los supremos poderes depende de que el fiscal general acuse o no y la Sala no puede inmiscuirse en el trabajo de él.

En política de criminalidad una corriente progresista señala que no todos los delitos requieren pena privativa de libertad. El Ministerio de Justicia tiene una posición y la Sala III otra. ¿Cuál es su opinión? 

-Hay otros países, sobre todo europeos, donde sí existe una política criminal como tal. No que sea una reacción coyuntural a un delito atroz que se aumenten las penas o crear nuevas figuras delictivas. Creo que todo empieza por el diálogo y establecer desde el punto de vista un derecho penal de dos velocidades, si se quiere de una mano suave que permita soluciones como la conciliación para ciertos delitos y evitar que gente con penas de menos de 5 años vaya a la cárcel. Es gente que posiblemente no es peligrosa, que nunca más va a cometer un delito, pero si la metemos en la cárcel es gente que se le va a destrozar el proyecto de vida. En algunos casos hay delitos patrimoniales que perfectamente deberían permitir incluso una pena de 5 años y evitar que la gente vaya a la cárcel. En delitos graves o de crimen organizado no debe haber oportunidad que la persona tenga desde la sentencia algún tipo de beneficio o alternativa. Diría que un derecho penal que considere ciertos delitos de 5 años para abajo, que dé oportunidad a que se repare el daño, que se haga conciliación, que se haga trabajo de utilidad pública, eso es muy útil para la sociedad y la persona que cometió el delito. Se debe hacer una reforma al Código Penal para introducir lo que hay en otros países, las agravantes específicas, y habrá que ver también si se ponen atenuantes específicas.

¿Cuáles serían las otras reformas al Código Penal que impulsaría? 

-Debería aprobarse una reforma parcial para incluir las sanciones alternativas, por ejemplo el arresto de fin de semana, el trabajo de utilidad pública para delitos con pena no privativa de libertad o con pena de 5 años para abajo. Luego establecer un sistema de agravantes evitaría que se reforme el Código cada cierto tiempo, dependiendo de la gravedad o la frecuencia de los delitos. Si usted ya tiene agravantes por el parentesco o porque se trata de una persona con condición de vulnerabilidad, una persona menor de edad, adulto mayor, una persona que está en indefensión o se aprovecha de la superioridad del autor, todas esas son condiciones que le permitirían al juez aumentar la pena. Si está de 5 a 10 años y existe una agravante, se le puede subir hasta 15 años, pero es un colchón sin necesidad de que se esté reformando el Código.

¿Desde la silla de magistrado podrá impulsar esas reformas?

-Hay críticas hacia que los magistrados impulsen esas reformas, pero el que sabe dónde están esos problemas es el que puede ayudar a buscar soluciones. El magistrado nunca puede imponer, la Corte nunca puede imponer, pero sí puede sugerir. Evidentemente son los diputados los que tienen la potestad de dictar las leyes. La Corte en los últimos 25 años ha servido como un promotor de iniciativas para mejorar toda la administración de justicia, incluso en materia penal. Elaborar un borrador, discutirlo, consultarlo con fiscales, defensores públicos, jueces y plantear la iniciativa.

¿Cuál es su posición respecto a que las contravenciones se convirtieran en delito?

-Estaría de acuerdo en que puedan ser delitos, pero dándoles siempre esa oportunidad, que tengan esos mecanismos alternos para evitar la prisionalización por delitos de bajo monto. Hoy día tenemos sobre todo en tribunales de flagrancia, empresas grandes que son los principales usuarios del sistema de justicia por cosas tan sencillas como un desodorante. Hay que hacer un balance, ¿merece una persona pasar dos meses en prisión por una lata de atún? Los tribunales de flagrancia y un uso más fuerte de la prisión preventiva son los que están provocando el hacinamiento carcelario, que no es por sí mismo un fenómeno. Lo que produce son motines y redes criminales adentro de la cárcel. Si vamos a tener en la cárcel, tengamos a todos los peligrosos; pero si queremos meter a todos, vamos incluso a corromper a aquellas personas que posiblemente tenían un proyecto de vida mejorable.

¿Como consultor internacional en qué áreas se debe mejorar?

-Creo que Costa Rica ha avanzado en lo que es aplicación de la oralidad, se inició en materia procesal penal y hoy se está aplicando en otro tipo de materias, pero la materia penal quedó totalmente rezagada. Hoy día se utiliza otra técnica, a nivel comparado, que se llama contrainterrogatoria, de hacer preguntas muy dirigidas, muy prácticas y que impiden perder tiempo. Como no tenemos esa técnica usted puede tener un testigo horas y horas. Otra de las cosas que se pueden mejorar con la oralidad es pedirles a los jueces -claro, eso se puede hacer con los programas de capacitación- que están en una audiencia oral que efectivamente revisen los expedientes antes de tomar una decisión o si están en un tribunal de apelación que escuchen los casetes. Muchos jueces se la juegan con la buena fe y la confianza, resuelven con lo que digan los abogados y no consultan el expediente. Además mejorar el sistema de gestión en general, estandarizar la forma en que se hace un juicio en todo el país porque hoy día hay formas diferentes, incluso en el Ministerio Público, de investigar un mismo caso.

¿Qué opina de la percepción sobre la figura del magistrado, alejado del ciudadano?

-Hay muchos mitos sobre eso, claro que el magistrado tiene que estar concentrado en los casos que va a hacer, tiene la última palabra, pero no puede estar desvinculado de la realidad. No critico a los magistrados que van a ver partidos de fútbol, me parece que es algo extraordinario que el fiscal se relacione con la gente. Si va a aplicar la justicia debe saber cuáles son las necesidades.

¿Apoya la reforma a las pensiones del Poder Judicial?

-Si llego a ese puesto me ajustaré sin ninguna objeción a lo que esté vigente en ese momento. Creo que hay una tradición en el país de que los diputados tomen decisiones escuchando a todos los sectores y también con los informes técnicos. Me parece muy sabio de los diputados haber prorrogado a la comisión a fin de contar con insumos, los criterios técnicos de la UCR y volver a escuchar a los empleados judiciales y los magistrados sobre las nuevas propuestas.