Presidenta de la Corte Suprema de Justicia: ‘Víctimas están invisibilizadas en el proceso penal’
ACTUALIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2017 A LAS 12:00 AM
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POR CARLOS ARGUEDAS C. carguedasc@nacion.com
Zarella Villanueva se jubilará en mayo. | Alejandro Gamboa
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge,
admitió que una tarea que deja pendiente es dar más derechos a las víctimas de
un delito en los procesos penales.
En su criterio, los afectados deberían tener voz y estar presentes desde el
momento en que dictan las medidas cautelares. “El debido proceso no solo se
hizo para los imputados”, afirmó la magistrada, quien considera que los
litigios penales son demasiado largos.
“Todos los que fuimos afectados tenemos derecho a aparecer (...) decir lo
que sentimos”, sostuvo Zarela Villanueva, quien en abril de 1993, estuvo entre
los 19 magistrados secuestrados por el llamado Comando de la Muerte.
Después de 41 años en el Poder Judicial, la presidenta de la Corte se
jubilará el próximo 13 de mayo. El 28 de marzo habló con La Nación y dijo que haber sido la primera mujer al mando de la
Corte no fue tarea fácil, pues “era un cambio cultural muy grande” en una
institución en la cual hay “diversidad de pensamientos y cuestionamientos
constantes”.
¿Cuáles son sus logros tras 41 años en el Poder Judicial?
He trabajado para un cambio cultural en dos áreas. El respeto a los
derechos humanos. Es decir, el derecho de las mujeres, de las personas adultas,
las personas con discapacidad. La institución debía organizarse y responder a
todas las personas; no solo a los sectores que podían llegar solitos con
recursos.
”El otro cambio es por la apertura, la transparencia y la rendición de
cuentas, que diga lo que hace, en qué gasta los recursos, abierta al escrutinio
externo y que sea capaz de dar confianza a la población”.
¿Podría citar algunos de los resultados?
Para responder a los 700.000 juicios nuevos cada año, teníamos que apostar
a lo tecnológico. Se impulsó el uso de la tecnología a lo interno, a la vez que
se les permitió a las personas desde cualquier lugar acceder a pedir hojas de
delincuencia, solicitudes de apremios corporales, ver depósitos y a los
abogados litigar. Aprendí que todo el sector público estaba diseñado para un
tipo de servicio que no les facilitaba a las mujeres el acceso. Mi trabajo fue
reforzar las materias donde las personas tenían esa condición. Hemos reforzado
violencia doméstica; ahora hay más de 60 juzgados en todo el país. Se le dio
importancia a pensiones alimentarias (reciben 135 denuncias al día). Se trata
de alimentos para niños y niñas y la educación.
¿Qué asunto no pudo realizar durante su gestión?
Hicimos la reforma procesal laboral y procesal de familia, que son temas de
la Sala a la cual pertenezco (Sala Segunda) y que tienen que ver con sectores
muy importantes, como los trabajadores y las familias. El proceso laboral ya
está listo para entrar en vigencia (próximo 25 de julio). La otra área que
quedaba por revisar es la procesal civil (entra en vigor a mediados del 2018) y
la agraria ahí está lista. Creo que cumplimos.
¿En matera penal se quedó algo pendiente?
Mi impulso en lo penal fue crear una jurisdicción especializada que pudiera
hacer frente al crimen organizado; se presentó un proyecto de ley y se puso a
funcionar el centro de intervenciones de las comunicaciones. Lo otro que
hicimos en lo penal fue el trabajo con las víctimas. Lo que sigue en materia
penal es que creo que el proceso penal es demasiado largo y las víctimas están invisibilizadas. Eso es lo que está pendiente. Ahora he
visto que quieren eliminar etapas, pero no basta. Debe volverse a la revisión
del debido proceso y que el debido proceso no fue hecho solo para los
imputados. El debido proceso lo deben tener las víctimas. Las víctimas deben
tener voz, pero no voz por otra persona como lo es la Fiscalía, sino tener una
participación en todas las etapas del proceso. Equilibrar el partido.
¿Tiene el Poder Judicial los recursos adecuados para desarrollar las
funciones?
Creo que en esto no somos ajenos a la situación general del país. La
institución hace un esfuerzo por responder con los recursos que se le dan y el
compromiso a lo interno es hacer el mejor uso y trabajar de la manera mas eficiente. La Fiscalía y la
Policía cuentan con los recursos que el país puede darles (...); las épocas han
cambiado y la criminalidad cuenta con demasiados recursos. Es una batalla que
debemos afrontar (...).En algo tan fundamental como la sustitución de
vehículos, pasamos de un nivel de sustitución de tres a seis años. Esto, por la
cr isis.
Usted habla de transparencia, pero los procesos contra empleados tardan un
año. ¿No es eso muy largo?
La ley es la que establece la duración, que es un año; es la ley. Debe
hacerse una investigación porque en este país todos respetamos los derechos. Si
es muy grave el hecho, se pueden dictar medidas cautelares, trasladar a la
persona o separarla.
¿Debería reformarse la ley para bajar ese plazo?
Lo ideal es que sea rápido, con más prontitud, pero los derechos deben
respetarse. Hay mecanismos que podrían reformarse para hacer más cortos esos
procesos internos.
¿Ve posible separar la Fiscalía y el OIJ del Poder Judicial?
En este momento, no tienen el desarrollo para separarse. No están
estructuralmente fortalecidos en lo interno para esa separación. La idea no es
que estén de un lado o del otro, sino que cumplan su función de manera
independiente. No creo que tengan la estructura ni la fortaleza, los mínimos
internos de objetividad que les garanticen a ellos mismos y a la ciudadanía el
ejercicio en solitario.
¿Cuál será su pensión cuando se jubile?
No la he tramitado. No he hecho cálculos, pero se
que estará en todo lado porque podrán ver las actas (del Consejo Superior al
aprobarla) y será pública.
¿A que se va a dedicar luego de la jubilación?
Tengo demasiadas inquietudes e intereses, me entusiasman mucho mi familia y
mis nietas, pero la vida me ha enseñado que los planes están llenos de
imprevistos.