Integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Agraria del Poder Judicial

Integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Agraria del Poder Judicial se reunieron el pasado 4 de abril, con el propósito de conocer y analizar el segundo borrador del Informe (preliminar) del impacto de la implementación del proyecto de Código Procesal Agrario, actualmente en la Asamblea Legislativa, con dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El Informe fue presentado por el Departamento de Planificación, y se contó con la presencia de representantes de la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Gestión Humana, Tecnología de la Información, así como de las personas integrantes de la Comisión Agraria, presidida por la Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, integrante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Dicha Comisión está integrada por jueces y juezas del Tribunal Agrario y de los Juzgados Agrarios, un representante de la Defensa Pública, de la Academia y de la ciudadanía.

En relación con la visita la Magistrada Escoto indicó:

“De todos estos informes se están haciendo reuniones que la Comisión promueve, con el fin de armonizar lo que nosotros hemos investigado a través de los juzgados y la defensa técnica, con el objetivo de obtener un marco referencial real de la situación en que se encuentra la sede agraria.  Se han hecho estudios y la Comisión no se ha quedado atrás y ha emitido encuestas, y ha gestionado para que se realicen visitas personalizadas a los distintos Juzgados y Tribunal Agrario, para lograr empatar aquellas cifras en las que no hay igualdad”; comentó la magistrada Escoto Fernández.

La reunión se llevó a cabo en el aula virtual, ubicada en el edificio del Organismo de Investigación Judicial.

Se plantearon observaciones al borrador del informe de referencia, con el objetivo de que se considere la especialización de todos los Juzgados Agrarios, la asignación de recursos materiales suficientes, entre ellos, vehículos a todas las Administraciones Regionales donde existan esos despachos a fin de priorizar la atención de las audiencias de prueba en el lugar de los hechos. Además, se les dote del talento humano necesario, incluyendo, al menos, una sección adicional al Tribunal Agrario con competencia a nivel nacional.

Se expuso la urgencia de que en el abordaje presupuestario 2018 se considere el impacto de la aprobación del proyecto de Código Procesal Agrario y la implementación de la Reforma Procesal Laboral, en virtud de que a partir del 25 de julio próximo deberá aplicarse en forma supletoria a la Ley de Jurisdicción Agraria.

Se pretende con la reforma fortalecer la atención eficaz, eficiente y transparente de las personas usuarias para apoyar la producción nacional y garantizar los compromisos asumidos por el país al suscribir convenciones internacionales de derechos humanos, referidos a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Especial énfasis se dio a las políticas institucionales relacionadas con las personas adultas mayores e indígenas. Sobre esta última, se enfatizó en las medidas cautelares impuestas al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se disminuya la violencia en los territorios indígenas de Salitre y Cabagra, lo cual está asociado a los problemas de tierras existentes, competencia del Juzgado Mixto de Buenos Aires que atiende entre otras, la materia agraria con el objetivo de que se especialice para dar una verdadera atención in situ y de calidad a esa población.