Zarela Villanueva Monge

Como Presidenta de la Corte y como integrante de la Sala Segunda me complace inaugurar este taller de capacitación en los temas novedosos que introduce la reforma laboral vigente a partir del próximo 25 de julio.

La Reforma Procesal Laboral tiene también un profundo significado. Marca un hito en la forma en que hemos decidido organizar nuestro Estado de Derecho. Nos obliga a recordar que en el siglo XX, en la década de los años 40 a 50 se aprobaron las garantías sociales, el reconocimiento de los derechos laborales, la creación y extensión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se llevaron a la Constitución Política el salario mínimo, la jornada laboral, el derecho a vacaciones.

Se definió una nueva forma de Estado, del Estado liberal pasamos al Estado Social de DERECHO, visibilizando frente a los derechos individuales, las necesidades de las personas trabajadoras, con condiciones de desigualdad frente a la cuales el Estado debía intervenir visibilizando sus necesidades, promoviendo el equilibrio. Se inician entonces, las políticas públicas donde el Estado interviene con un papel preponderante.

Desde lejos y teniendo como base el desarrollo de los acontecimientos, podemos señalar que las personas actoras de este cambio estructural del Estado Costarricense provenientes de diferentes ámbitos políticos y sociales tuvieron como finalidad prevenir el conflicto, promover la estabilidad política, hacer viable la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Estas reformas fueron creadas, sostenidas y mejoradas por personas de diferentes ideologías, que marcaron el camino de la Costa Rica que consolidamos durante la segunda mitad del siglo XX.

Con un contenido ético, político y jurídico, se promovió en este periodo la concertación de los intereses desiguales, capital y trabajo; se promovió la estabilidad política, se hizo viable la gobernabilidad y la preservación de la paz social.

Significa, en los albores del Siglo XXI, la voluntad de un país, donde quienes lo conforman, representados por los diversos poderes del Estado, por diversas fuerzas, partidos políticos, agrupaciones gremiales sociales – económicas, son capaces de reafirmar, que seguiremos caminando por la misma senda del respeto a los derechos fundamentales, por la conciliación social para el desarrollo de la sociedad en general. Esta es la primera manifestación de este siglo, de la voluntad por seguir caminando en la consolidación de una democracia con los mismos principios éticos que nos han caracterizado.

El proyecto de ley surgió de la Sala, luego del consenso obtenido con los jueces y juezas de esta jurisdicción, sobre la necesidad de una ley procesal propia, para brindar una respuesta judicial efectiva y oportuna en esta jurisdicción.

Esta iniciativa contó con los aportes de las asociaciones gremiales de empresarios y personas trabajadoras. Es una reforma fruto de una democracia madura, sin que alguien en particular se pueda atribuir su paternidad.

La nuestra ha sido siempre una sociedad con vocación hacia el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas, dentro de ellos, los relacionados con el campo de los derechos laborales. Estos tocan a derechos de diversos actores, los que son dueños de los medios o instrumentos de producción y los de quienes prestan su fuerza de trabajo, físico o intelectual. En una democracia madura, el respeto por los derechos de todas las personas y la sana interacción que propicia ese respeto, garantiza la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos, más allá del meramente económico.

Nuestro sistema democrático se sostiene sobre esa base, que debe ser respaldada por una administración de justicia eficiente, que responda de manera oportuna ante la afectación del derecho. En la eficiencia y eficacia del sistema judicial está la fortaleza de la democracia, donde las personas actoras o víctimas de violaciones de derechos reconozcan que, frente a la infracción, el sistema judicial se activa para ordenar la restitución y reparación del derecho. Un sistema democrático no se puede contener con la consigna del respeto a los derechos; solo se satisface cuando garantiza el ejercicio efectivo de los derechos y en esa obligación resulta trascendente la función que realiza el Poder Judicial.

Como es conocido, la aprobación de esa reforma generó no pocos recelos y temores pues la legislación laboral es sin duda, de las más sensibles para una sociedad y para su desarrollo económico y social. Pero era necesario actuar en las debilidades estructurales existentes, por ejemplo, la falta de patrocinio letrado para las personas trabajadoras que no podían pagarlo. Es una legislación de avanzada, para el respeto y la especialización del derecho laboral. La creación de tribunales especializados en las diversas provincias del país, que prevé, es una prueba de ello.

A partir del momento en que se aprobó la reforma, en diciembre de 2015 e incluso desde mucho antes, nos abocamos a impulsar acciones para garantizar su éxito, que no sea una reforma de papel. La Dirección de Planificación, a la que reconozco su enorme esfuerzo ante las reformas procesales que enfrenta la institución, ha realizado una minuciosa y delicada labor de planeamiento, tratando de visibilizar y planificar los requerimientos de personal, infraestructura, equipo tecnológico, médico y en general, lo necesario, para lograr que a partir de julio todos los despachos competentes en materia laboral inicien el proceso con éxito. Un importante apoyo se realiza desde el Centro de Apoyo y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. Realmente me siento orgullosa de la capacidad institucional, del trabajo serio de la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Planificación y Dirección de Tecnología de Información.

El éxito de la reforma, obliga a quienes nos desempeñamos en esta materia, a tener claridad en las nuevas disposiciones, sobre todo frente a la oralidad en las audiencias, que es una de sus importantes novedades. Es decir, nos obliga a estar capacitados, y en ese proceso hemos venido trabajando desde el año pasado.

El taller que hoy inicia se enmarca dentro de este objetivo. Es un esfuerzo institucional y del país, para que el personal de la judicatura y otras personas del sector público vinculadas con esta materia se capaciten en el conocimiento de esos cambios. Mi reconocimiento a los expertos nacionales e internacionales, que nos comparten su estudio, su esfuerzo y conocimiento en temas puntuales que aborda la reforma.

Expreso mi confianza en los jueces y juezas de la materia laboral que son hoy protagonistas y partícipes en la realización de un esfuerzo nacional. Es importante tener en cuenta los fines de la reforma: una justicia laboral pronta y cumplida, todas las normas y las interpretaciones de esta nueva legislación deben hacerse dentro de ese marco. Ningún procedimiento ha sido creado para atrasar y para desmejorar lo que teníamos antes. Los peritajes médicos deberán ser oportunos y expeditos. Los procesos especiales también deben serlo.

Aprovechamos el marco que nos brinda la realización en nuestro país del Encuentro de Salas Laborales de Centroamérica y del Caribe, en su “VI Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral, cuyo tema central será el régimen probatorio. El encuentro de salas laborales es un espacio para compartir experiencias recíprocas y comunes en el campo del Derecho Laboral.

Como decía, este es un esfuerzo de la institución y del país. El conocimiento de la reforma requiere del estudio y del compromiso personal. Confío en que, este taller será de aprovechamiento y de fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar con la adecuada preparación el cambio. Es lo que espera la sociedad de parte nuestra.

Muchas gracias.