Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Buenos días,

En el siglo XXI, la Administración de Justicia debe ser concebida como un instrumento de transformación para el desarrollo humano, vinculando todo su quehacer con la respuesta a las necesidades de la población, partiendo de que el acceso a la justicia, el derecho a la información son derechos humanos fundamentales, y debe existir un proceso permanente de innovación para hacerlos realidad con las características que cada tiempo presenta.

En el diseño de políticas públicas, el Poder Judicial costarricense ha encontrado en una justicia abierta uno de los mecanismos para establecer un diálogo constructivo con la sociedad, utilizando sus recursos tecnológicos y humanos para impulsar un proceso permanente de innovación

Con la entrega formal que hoy realiza el Programa Estado de la Nación, del “II Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica”, se concreta un proceso, dentro del marco de Justicia Abierta, que de manera prioritaria he impulsado durante mi gestión.

Qué es lo que el Poder Judicial busca obtener a través de un informe de esta naturaleza?   Nuestro objetivo es la transparencia. Es contar con la visión de un ente serio que desde fuera y de manera objetiva  nos analice, nos brinde su criterio, o señale errores, sobre temas de trascendencia en la administración de justicia, y que nos permitan mejorar.  Este fue el objetivo por el cual, desde la propia institución se buscó la obtención de este informe. No contratamos para que nos digan cosas bonitas. Nuestro interés es abrir los canales y fuentes de información internos, ponerlos a disposición de la sociedad, del público en general, contar con insumos para actuar; sin ningún temor ni reserva a que se nos valore desde afuera.

El Informe Estado de la Justicia constituye un observatorio externo al Poder Judicial, con un enfoque sociológico e independiente a la institución; mediante este esfuerzo el Poder Judicial busca de manera primordial cumplir con su responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas.

Nuestro interés es abrir los canales y fuentes de información internos, ponerlos a disposición de la sociedad, del resto de instituciones públicas y privadas, del público en general y contar con insumos para actuar; sin ningún temor ni reserva a que se nos valore desde afuera.

He tenido particular interés y así lo expresé en el primer informe, de que estos estudios sean utilizados para mejorar. Fue una tarea minuciosa del Director del Despacho de la Presidencia, remitir a cada dependencia vinculada al primer informe los señalamientos que se hacían, solicitando también las medidas correctivas que proponían. Dos puntos concretos de carácter práctico resalto como mejoras que han sido implementadas:

1. El primer informe señaló la excesiva duración de los procesos laborales en todo el país. La institución impulsó con más fuerza que se hiciera realidad la reforma al proceso laboral y recientemente terminamos una capacitación a nivel nacional donde se reitera a todos los jueces y las juezas de la materia laboral que el propósito de la reforma que entrará en vigencia el próximo 25 de julio tiene como principal objetivo reducir la duración de los procesos. La interpretación de la normativa solo puede tener eses propósito señalado muy puntualmente por el informe del Estado de la Justicia.
2. Ese mismo primer informe señaló como debilidades el alto grado de desestimación de los delitos sexuales, temas relacionados con mujeres, niños y niñas. La Secretaría de Género, la Fiscalía General y las Comisiones de Género y de Seguimiento de la Ley de Penalización propusieron acciones correctivas al Consejo Superior, quien ha otorgado recursos para que se implementen a nivel nacional nuevas metodologías impulsadas por la Fiscalía de Limón que han permitido disminuir las desestimaciones en esta materia tan sensible. Reitero, este no es un ejercicio teórico, esta es una inversión que nos da insumos para mejorar. Y la apertura y la tolerancia para recibir cualquier observación está justificada no solo en la confianza que el pueblo costarricense ha depositado en el Poder Judicial, sino en la inversión que cada costarricense hace de $150 para sostener una administración de justicia que garantice realmente una convivencia pacífica.

Este II Informe, examina al Poder Judicial desde su función administrativa, como auxiliar de la administración de justicia, en su funcionamiento jurisdiccional y como actor dentro del sistema político nacional; mediante la cobertura de los temas de:

1. Gobierno judicial
   
2. Los indicadores territoriales de justicia
   
3. La calidad del recurso humano
   
4. La labor de la Sala Constitucional, específicamente respeto de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad
   
5. La gestión de la Defensa Pública
   
6. La tendencia en las tasas de encarcelamiento
   
7. La gestión del Organismo de Investigación Judicial y
   
8. Un último apartado de seguimiento a los hallazgos del I Informe

El Informe constata que el Poder Judicial costarricense ha ejecutado reformas parar mejorar su capacidad de respuesta a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, siendo en este tema uno de los más avanzados y modernos de la región.

Como un desafío importante, se señala el requerimiento de la modificación estructural y de los sistemas tecnológicos para responder a las demandas de transparencia y eficacia, y la promoción de una cultura de evaluación de desempeño y rendición de cuentas. Sin duda hemos tenidos un gran avance tecnológico, pero la generación de los datos estadísticos sobre la laborar que debiera generarse automáticamente, estar integrados, y el establecimiento de indicadores, son temas que se han abordado recientemente, y que deben continuar trabajándose prioritariamentete

Reitero mi confianza en que el trabajo y los recursos que han sido destinados a la consecución de este informe darán sus frutos. Esta será una herramienta de consulta obligada no solo para quienes laboramos en la institución sino para analistas, políticos, juristas y la sociedad en general, que nos permitirá abordar la verdadera realidad, reconocer los aciertos y adoptar acciones parar mejorar.

Los informes sobre el Estado de la Justicia, que esperamos se mantenga en el tiempo como un monitoreo sostenible de la Administración de Justicia costarricense, evidencia que hemos asumido el reto de dar una respuesta a las nuevas exigencias de la población, mediante la apuesta a la apertura.

Este informe, dentro del marco de la política de Justicia Abierta, es un esfuerzo más de modernización del Poder Judicial que permite adaptarlo a los tiempos, para que siga siendo el mecanismo empleado para la solución de los conflictos y la paz social

Muchas gracias!