El trabajo de seguimiento y coordinación de los juzgados orales-electrónicos de Pensiones Alimentarias es coordinado por la magistrada Eva Camacho Vargas.

El modelo oral-electrónico de los Juzgados de Pensiones Alimentarias del país apuesta a una labor coordinada, para garantizar su efectividad y canalizar sus necesidades y mejora.

Actualmente el Poder Judicial cuenta con diez despachos especializados, que trabajan bajo este modelo, de los cuales, cinco juzgados se sumaron a este modelo: San José, Limón, Cartago, Pérez Zeledón, Pococí y Puntarenas, éste último se encuentra actualmente en el proceso de implementación. Antes del 2013, ya trabajaban de forma oral-electrónica Desamparados, Heredia, Goicoechea y Alajuela.

El proceso de seguimiento y monitoreo lo desarrollan la Dirección de Planificación, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, coordinada por la magistrada Eva Camacho Vargas.

“Implementamos la figura del Juez Gestor como responsable de la coordinación, ejecución, acompañamiento y seguimiento de la labor de cada uno de los Despachos, labor desplegada por el Juez Cristian Martínez Hernández y principalmente el compromiso y la mística de trabajo del personal técnico y profesional de cada uno de los Despachos involucrados en este proceso”, destacó la magistrada Eva Camacho Vargas.

Según explicó el juez gestor, Cristian Martínez Hernández, muchos factores han sido vitales para emprender el proceso de rediseño de los juzgados electrónicos de Pensiones Alimentarias, “…empezando por los diagnósticos previos acerca de la situación de cada Juzgado, la implementación de un modelo de trabajo estándar adecuado a las necesidades y condiciones de cada uno de los Despachos, el proceso de monitoreo y seguimiento”.
 
Para Martínez Hernández, los beneficios han sido muchos para las personas usuarias, como la implementación de audiencias previas de conciliación, que permite la solución acordada entre las partes en un plazo más corto, la reducción de plazos para la fijación de los montos provisionales, la resolución pronta de recursos contra la fijación provisional, la reducción en la tramitación y resolución de órdenes de apremio.

“Se impulsó y puso en práctica la implementación de la solicitud de apremio corporal en línea, mayor acompañamiento de la Defensa Pública, crecimiento en el dictado de resoluciones de fondo y decrecimiento en las gestiones presentadas por los usuarios en las Contralorías de servicios regionales”, detalló el juez gestor.