Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera y Coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas.

Eficiencia, creatividad, innovación, satisfacción de la persona usuaria en la aplicación de métodos y acciones para un mejor servicio público de calidad, son parte de los aspectos que serán evaluados durante la VI Edición del Concurso “Buenas Prácticas en las oficinas del Poder Judicial”.

El concurso iniciará su inscripción a partir del 3 de abril y hasta el 30 de junio del 2017 y se otorgará un reconocimiento al personal de los despachos judiciales, que en la ejecución de sus actividades diseñen y utilicen mejores prácticas para la eficiencia en su gestión.

“Se inicia un nuevo concurso de Buenas Prácticas, esperamos que en esta ocasión haya buena participación como en años anteriores, ya que de esta manera hacemos visible nuestro compromiso por realizar y concretar lo que nos corresponde hacer: poner fin a la diferencia, restablecer el derecho violado, lograr el bien común y la felicidad de las personas”, señaló Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera y Coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas.

Milena Conejo Aguilar, Integrante del Consejo Superior y Coordinadora de la Comisión de Buenas Prácticas

“Sabemos que existe una gran iniciativa en nuestro personal judicial, pero se requiere de la posibilidad real de dar a conocer las buenas prácticas y eso es lo que pretende este concurso. Es un espacio para compartir sus experiencias y nuevas formas que han encontrado para mejorar el servicio y su ambiente de trabajo en todas las áreas”, comentó Conejo Aguilar.

En estos momentos, el concurso se encuentra en su etapa de convocatoria a nivel nacional. A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de julio se realizará la selección y validación de las propuestas y la presentación de las prácticas ante los integrantes del jurado serán los días 9, 16, 23 y 30 de agosto.

La premiación del VI Edición del Concurso se llevará a cabo el 1 de octubre, en el marco de la celebración del Aniversario del Poder Judicial, donde se otorgará un certificado o diploma para los primeros y segundos lugares de cada uno de los ámbitos, así como una categoría de “oficina modelo” en la utilización de la práctica propuesta.