Mag. Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia

Les agradezco su presencia en este acto que resulta significativo para la institución y para mí. De manera particular agradezco a mi familia, acompañarme en esta tarde.

Hace casi cuatro años asumí la presidencia de esta Corte y hoy, al igual que lo he hecho durante los 3 años anteriores, cumplo la obligación constitucional de rendirle cuentas al país, de la gestión del Poder Judicial durante el año anterior. En este marco, fiel a mis convicciones democráticas, también cumplo el deber de entregar cuentas de mi gestión como Presidenta del Poder Judicial.

El 13 de mayo de 2013, luego de un proceso de elección sin precedentes, fui electa Presidenta de la Corte. Desde ese día me comprometí con la institución y con el país, a trabajar trascendiendo las diferencias, y a construir, en conjunto, un sistema de justicia acorde con la realidad de los tiempos y con el nivel de desarrollo que deseamos como Nación.

Asumir la Presidencia era para mí un resultado natural, luego de más de 25 años de integrar la Corte Plena como magistrada, y haber sido la Vicepresidenta, lo que me otorgó claridad en lo que debía ser el rumbo de la institución.

Ser mujer me permitió ejercer una forma de gobierno diferente. Sabía que ocupar un cargo tradicionalmente reservado a hombres significaba una exigencia diferente y un reto mayor. Mi liderazgo estuvo dirigido a la promoción de acuerdos para el logro de los objetivos, a la gestión conciliadora; sin dejar de ser, por ello, firme en mis postulados y valores.

El trabajo y el esfuerzo lo dirigí al logro de las metas. Las decisiones siempre estuvieron sustentadas en el apoyo de un equipo de trabajo profesional, interdisciplinario, de personas comprometidas que aportaron ideas desde sus diferentes disciplinas y experiencias, lo que hizo posible avanzar, a pesar de las dificultades internas. Quiero dar un especial reconocimiento al personal de la institución, particularmente a quienes conforman las diferentes direcciones, por el profesionalismo y dedicación que muestran en su trabajo. Afirmo una vez más, mi complacencia por el nivel profesional, de trabajo y ético que tiene el personal judicial.

La prioridad fue ejecutar acciones institucionales que habían estado pendientes de concretar durante muchos años y en las que era necesario avanzar.

Me referiré a seis ejes de la labor. El primero encierra las acciones encaminadas a una mayor transparencia y apertura de la información institucional para fortalecer la confianza de la población en la administración de justicia. El segundo “Justicia para quienes nunca la habían tenido”. El tercero, las acciones para hacer de la administración de justicia un servicio más eficiente y efectivo. El cuarto, el fortalecimiento de la institución frente a la corrupción y las amenazas del crimen organizado. El quinto, el inicio de una nueva época de construcción de edificios judiciales y, por último, la democratización del gobierno judicial.

La labor se ha realizado con absoluto apego a la legalidad, a la probidad en el uso de los recursos públicos, y con respeto a las competencias constitucionales.

El detalle de las acciones les ha sido entregado en forma impresa, donde también se adjuntan los informes anuales de labores del 2016, rendidos por las Salas de la Corte, el Consejo Superior, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública; las distintas direcciones, departamentos, comisiones y subcomisiones, y oficinas que, a través de esta práctica de rendición anual de cuentas, hacen visible la gestión del Poder Judicial.

UNA JUSTICIA ABIERTA:

Inicio señalando el marco dentro del cual se han desarrollado las acciones.
Los tiempos actuales se caracterizan por una desconfianza en las instituciones democráticas ante las amenazas de corrupción y las dificultades para responder a las necesidades de la población. A esto se agrega el reconocimiento de la información como un derecho fundamental que ha obligado a replantear el quehacer institucional a partir de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la apertura de la información en todos los ámbitos.

Con ese fin promovimos un desarrollo sin precedentes de los portales de Internet, con datos que pueden ser entendidos y analizados por todas las personas; con presencia en redes sociales, aplicaciones en línea y transmisiones de sesiones de Corte y actividades en vivo, todas ellas pensadas en informar a la población sobre cómo invertimos, en qué lo hacemos, lo que pagamos y a quién le pagamos, los sistemas de nombramiento, salarios, jurisprudencia; en fin, para que la sociedad sepa cómo y dónde se invierten los recursos, quién resuelve y cómo resuelve.

Con el mismo espíritu nos hemos abierto al escrutinio externo; y para garantizar la sostenibilidad de estos esfuerzos trabajamos, con el apoyo de la CEPAL, en la adopción de una política institucional que introduzca en la cultura interna el trabajo bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, compromiso que hemos afirmado en conjunto con otros poderes, por un Estado Abierto.

2. JUSTICIA PARA QUIENES NO LA HABÍAN TENIDO:

En su vinculación con la administración de justicia las personas tienen dificultades para ubicar el despacho, contratar al profesional que asuma su caso, y pagar los gastos que demanda el litigio. Un proceso judicial lo asumen las personas en diferentes condiciones y grados de dificultad. Esta visión ha fundamentado un trabajo institucional interno y externo por la equidad de género y el acceso a la justicia de quienes históricamente han tenido mayores dificultades en ese acceso: las mujeres, lo que también ha permitido visibilizar a otras poblaciones en condición vulnerable.

El Poder Judicial fue la primera institución pública en el país que contó con una política de género, una Secretaría Técnica y una Comisión de Género, que ha coordinado y liderado acciones para garantizar la transversalidad de este tema en todas las acciones institucionales. En aplicación de esta política se crearon comisiones institucionales contra el hostigamiento sexual y de violencia doméstica; además, salas de lactancia para funcionarias y usuarias y se aprobó una política sobre el uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Hacia lo externo se impulsó la promulgación de la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres y de los artículos de esa ley que habían sido declarados inconstitucionales; se logró la creación de una fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia de género, una comisión institucional que diera seguimiento a esa ley y a la materia; y el primer juzgado especializado en violencia doméstica, con acompañamiento social, psicológico y jurídico para las víctimas. En la actualidad funcionan en todo el país, 11 juzgados especializados en violencia doméstica y 61 juzgados contravencionales que también atienden estos casos, siendo esta jurisdicción una de las que representa mayor cantidad de denuncias anuales. En el 2016, el total de denuncias por violencia doméstica fue de 48.774 casos, equivalente a 135 denuncias por día.

Se creó un modelo de despacho judicial “La plataforma integrada de servicios de atención a las víctimas PISAV” que centraliza los servicios institucionales donde las víctimas reciben todos los servicios requeridos en su situación: fiscalía, pensiones alimentarias, servicios de medicina forense, asesoría jurídica social, psicología y de trabajo social. Se implantaron tres (PISAV): en Pavas, en Tres Ríos y en San Joaquín de Flores, con evaluaciones periódicas de su labor, que reflejan satisfacción.

Con un convenio de colaboración interinstitucional suscrito con la Caja Costarricense de Seguro Social se conformaron los Equipos de respuesta rápida para la atención integral a víctimas de Violación y Delitos Sexuales, con los que se evita la revictimización y se suministran antirretrovirales; además se adquirieron 16 cámaras de Gessel, para no reiterar declaraciones o procedimientos que cansan a las víctimas y provocan el abandono de los procesos.

En el 2015 se creó el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia (OVIGMAJ), como una plataforma de información de acceso público, donde se documenta, sistematiza y visibiliza la violencia que viven las mujeres en los distintos escenarios. Contar con estos datos permite ver la trascendencia de este tipo de violencia y formular políticas públicas adecuadas.

FORTALECIMIENTO DE JURISDICCIONES SOCIALMENTE SENSIBLES

Trabajamos en la consolidación de la jurisdicción de familia como una jurisdicción independiente. Promovimos la especialización profesional con becas, y la creación de juzgados y tribunales especializados en esta materia. Con el apoyo de la Sala Segunda se impulsó la propuesta de una legislación procesal propia, que esperamos sea pronto una realidad.

JUZGADOS ELECTRÓNICOS DE PENSIONES ALIMENTARIAS

De fundamental importancia para el desarrollo humano del país fue el impulso y la mejora logrados en la jurisdicción de pensiones alimentarias, que atiende las necesidades de 170.000 personas. Nos enfocamos al mejoramiento de esta jurisdicción, la cual había sido minimizada por mucho tiempo.

El primer rediseño de un despacho judicial en esta institución se realizó en materia de pensiones alimentarias por impulso de la Secretaría y de la Comisión de Género en el marco del programa Corte-BID. El proyecto inició en Alajuela y hoy se cuenta con 10 juzgados electrónicos especializados que han mejorado los tiempos de resolución en esta materia.

JUSTICIA MÁS EFICIENTE

La evaluación del desempeño es una herramienta fundamental para lograr la eficiencia en los servicios. Este era un tema pendiente en la institución. Durante los últimos cuatro años, logramos aprobar el primer reglamento para aplicar la evaluación del desempeño en todos los ámbitos del Poder Judicial y se presentó un proyecto de ley para darle un respaldo. El sistema ya se implementa en el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y en el sector administrativo. Hay un plan piloto en la judicatura.

Con el propósito de liderar la evaluación del desempeño en la judicatura se creó el Centro de apoyo, coordinación y mejoramiento de la función jurisdiccional, que tiene a su cargo el apoyo y seguimiento de la gestión de los despachos jurisdiccionales del país. Esta oficina no requirió de plazas nuevas, se generó a partir de una reorganización interna.

JURISDICCIÓN LABORAL.

En los primeros años de este siglo, desde la Sala Segunda trabajamos un proyecto de ley para promover una justicia laboral más célere y efectiva. Con ese objetivo se había iniciado un proceso de especialización de juzgados laborales en las cabeceras de provincia; se había reforzado el tribunal del segundo circuito judicial de San José como un tribunal especializado en esta materia; y se había apoyado con jueces y juezas laborales, a los tribunales mixtos de todo el país.

En los últimos años, la mejora fue la extensión del modelo del tribunal de menor cuantía a todas las cabeceras de provincia. La reforma procesal laboral, aprobada en el 2015 es, desde la óptica de la institución, la culminación de un proceso para mejorar las condiciones de acceso a la justicia, con la clara intención de hacer efectivos los derechos de las personas trabajadoras.

Bajo el liderazgo de la Presidencia y de la Sala Segunda, las diferentes direcciones del Poder judicial y la Escuela Judicial se han abocado a la preparación institucional ante la entrada en vigencia de esa reforma el próximo 25 de julio. Iguales esfuerzos se realizan para la implementación de la Reforma Procesal Civil, iniciativa de esta institución, a cargo de la Sala Primera.

REDISEÑO DE OFICINAS JUDICIALES

Este fue un periodo de rediseño de despachos y circuitos judiciales en la búsqueda de la eficiencia con apoyo en la tecnología. Contábamos con la experiencia del rediseño del Circuito Judicial de San Carlos, del cual se unificó el sistema de intervención, liderado únicamente por la Dirección de Planificación. El rediseño del Circuito de Cartago se hizo a partir de este protocolo de intervención y hoy, podemos afirmar, que todo ese circuito, así como las oficinas periféricas (Pacayas, Paraíso, Juan Viñas, La Unión y Turrialba) funcionan de manera oral- electrónica, con acceso al expediente por medios tecnológicos.

Nos avocamos ahora, una nueva forma de organizar la administración de justicia, porque ya no se interviene por circuito judicial, sino por materia, abarcando todo el país. Las reformas procesal civil y laboral tienen este nuevo modelo de intervención: desde la primera instancia hasta la casación, todos los despachos funcionarán de manera oral electrónica.

JUZGADOS DE COBRO DE SAN JOSÉ Y EL TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL.

Oficinas que ameritaron la intervención y el rediseño inmediato fueron los juzgados de cobro del I y del II Circuito Judicial de San José, y el Tribunal de la Inspección Judicial, por el atraso en la resolución y algunos problemas de gestión interna que presentaban. Implementamos un rediseño estructural que implicó, la eliminación del juzgado vespertino de cobro y de tres juzgados civiles para conformar, con su personal, un juzgado de cobro en el I Circuito Judicial de San José. En el tribunal de la Inspección Judicial se mejoraron los procesos y se reestructuró la organización de la oficina.

FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

A la institución ingresan aproximadamente 700.000 asuntos nuevos cada año, que se suman al circulante existente. La tecnología ha sido una herramienta por la que se ha apostado, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio.
Concretamos un plan estratégico de tecnologías de la información que estará vigente hasta el año 2020, con miras a ordenar la inversión en tecnología y garantizar la seguridad y sostenibilidad de los sistemas.

Trabajamos en cerrar la brecha digital existente, a fin de que todos los despachos cuenten con el sistema de gestión en línea que les permite estar integrados y dar un trámite más expedito y ágil a los expedientes. Hoy, el 85% de los despachos judiciales ya cuenta con el sistema de gestión, incluyendo despachos en zonas como Corredores, Osa, Coto Brus, Puntarenas y la periferia de Alajuela. El 100% de los despachos laborales ya cuenta con este sistema, próximamente la materia civil y se tiene previsto que durante este año se concluya el resto del país.

Para fortalecer la sostenibilidad tecnológica se cambiaron los servidores de las sedes regionales y aproximadamente el 90% de los servidores de la Dirección de Tecnología. Se adquirió un sistema de gestión de seguridad para la accesibilidad con el mínimo de riesgos y se generó a nivel institucional, el Sistema Georeferencial, que ofrece información actualizada sobre las comunidades y el servicio de la institución en ellas.

Se ampliaron las posibilidades de acceso a la gestión judicial, a través de una Aplicación móvil que permite consultar el expediente, solicitar el apremio corporal, y la hoja de delincuencia, entre otras gestiones.

4. MANO DURA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Poder Judicial costarricense ha sido calificado a nivel internacional como uno de los más sólidos en materia de transparencia e independencia. Sin embargo, el entorno creciente de criminalidad organizada ha obligado a tomar previsiones y acciones. Destaco las más importantes:

-Mejoras en el sistema de reclutamiento de personal con la creación de una unidad de investigación de antecedentes sociolaborales de las personas oferentes.
-Una línea confidencial para recibir denuncias sobre actos de corrupción de personal judicial;
-el funcionamiento del Centro Judicial para la Intervención de las Comunicaciones creado por la Ley contra la delincuencia organizada y que tenía un atraso de cinco años.
-se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de un tribunal penal especializado, con jurisdicción sobre todo el territorio nacional para conocer delitos relacionados con crimen organizado y disminuir vulnerabilidades en la tramitación de este tipo de ilícitos.

5. “CONSTRUYENDO DE NUEVO”.

Iniciamos una nueva época de construcción de edificios judiciales propios. Frente a un faltante de espacio de 77.000 metros cuadrados, y un gasto en alquileres mayor a 9.300 millones de colones para este año 2017, se impulsó la construcción de edificios propios a través de la figura del fideicomiso, una alternativa que el Poder Judicial había tratado de concretar desde hacía 12 años.

Con el empleo de este mecanismo se prevé la construcción de los tribunales en Hatillo, Puntarenas, Heredia y Cartago; y con recursos propios se construirá el edificio para atender las necesidades de espacio generadas por las reformas laboral y civil, en el terreno ubicado al norte de la Corte Suprema de Justicia.

También con recursos propios inauguraremos el próximo 5 de mayo, la Tercera Torre de los Tribunales de Justicia de Limón. Se avanza en la construcción del edificio de los tribunales de Jicaral y en la ampliación del edificio de Corredores. En los próximos meses iniciaremos la construcción del edificio en Los Chiles y en Osa; y ya iniciamos el reforzamiento del edificio de la Corte.

V. GOBIERNO JUDICIAL: ORDEN EN LA INSTITUCIÓN

Durante muchos años la institución tuvo pendiente la implementación de un estudio que recomendaba la reorganización del sector administrativo para adecuarlo a las demandas de crecimiento y para generar una mayor democratización en el gobierno judicial y en las potestades administrativas.
Con ese respaldo técnico se crearon las Direcciones de Planificación, Gestión Humana y de Tecnología de Información, un tema también pendiente. La Dirección de Tecnología de Información fue separada de la Dirección Ejecutiva; y se creó la Dirección Jurídica, unificando las plazas de asesoría jurídica existentes en diversas instancias, que generaban criterios contradictorios. Hoy la institución cuenta con una asesoría jurídica interna y de apoyo a la Procuraduría General en los procesos contra el Poder Judicial. El Departamento de Trabajo Social y Psicología es hoy un órgano dependiente del Consejo Superior y no de la Dirección Ejecutiva.

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO INTERNO

Para fortalecer el Gobierno Judicial y democratizar los procesos internos, se promulgaron reglas claras para ordenar la sucesión y elección de los puestos de la presidencia y vicepresidencia de la Corte, cuando sucede una vacante.

La experiencia ha demostrado que la reelección y permanencia en la Presidencia de la Corte ha sido siempre la constante, lo cual, en mi criterio, no comulga con el principio democrático de alternabilidad establecido por el artículo 9 de la Constitución Política. En razón de ello, abanderé y así quedó definido dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial presentado a Corte Plena, la propuesta de la alternabilidad, como principio, en el cargo de la Presidencia y de la Vicepresidencia de la Corte.

En el debate realizado en mayo de 2013 antes de mi elección en este cargo, expresé públicamente mi pensamiento sobre la conveniencia de la no reelección en el puesto de la Presidencia de la Corte. Congruente con esa posición, expresada desde hace varios años, que no aspiraré a ninguna reelección el 13 de mayo próximo, cuando concluya mi nombramiento como presidenta de esta Corte. También he decidido que a partir de esa fecha concluirá mi gestión como magistrada. Este convencimiento, manifestado en diversas oportunidades, me ha permitido la libertad para cumplir mi función únicamente de resguardo a los intereses institucionales y del país.

El ejercicio por periodos definidos introduce en la vida institucional la dimensión del tiempo: se tiene un plazo específico y determinado para la ejecución de las acciones y de los proyectos, un aspecto que tuve siempre presente en mi gestión para concretarlos.

GESTIÓN FINANCIERA:

Quiero señalar que los recursos externos provenientes del préstamo ley con el Banco Interamericano de Desarrollo finalizaron antes de iniciar mi gestión, por lo que no contamos con ese importante aporte económico que durante los años anteriores permitió un proceso de modernización. Esto nos obligó a buscar la eficiencia con los limitados recursos asignados.

Entre el 2013 y el 2016, los presupuestos del Poder Judicial evidenciaron una reducción en recurso humano. En el 2016 no se crearon plazas nuevas. El Presupuesto Judicial de ese año tuvo el crecimiento más bajo de los últimos 10 años y el de este año 2017 mantuvo la misma línea, minimizando el impacto de las reformas procesal civil y laboral aprobadas. Las líneas de mi gestión en este campo fueron: austeridad y eficiencia en el uso de los recursos, con responsabilidad social. El porcentaje promedio de ejecución presupuestaria de los últimos años fue cercano al 97%

ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL

El régimen de pensiones del Poder Judicial tiene más de 75 años de vigencia y su consolidación está vinculada al fortalecimiento institucional. Por imperativo de la Contraloría General de la República, la institución estaba obligada a revisar la estructura, el funcionamiento y la ley de este régimen.

He sido clara en señalar la necesidad y urgencia de las reformas para el sostenimiento del fondo. Cumplí mi obligación de llevar a la Corte y a la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma que se había consensuado con los gremios en el año 2012 y, después de dificultades en dos contrataciones, se concretó un estudio técnico actuarial con la Universidad de Costa Rica.

Convencida de que las dificultades de avanzar en este proyecto se centraban en las disposiciones referentes a normas que incidían de manera particular en puestos de la más alta jerarquía, propuse a Corte Plena que se le dejara a la Asamblea Legislativa la definición de esos temas, lo que fue aprobado en esos términos.

Independientemente del avance en la reforma al régimen, impulsé acciones para lograr una mayor rentabilidad y seguridad en las inversiones. Se creó un nuevo reglamento, se reforzó la estructura en inversiones y en riesgos; y se paralizó la aplicación de normas cuya interpretación generaba mayores erogaciones. Hoy, el aumento en los rendimientos representa el mejor resultado de inversión de los últimos 15 años.

IMPULSO AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Quiero mencionar que cumplimos con presentar a Corte, para su estudio, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que había estado pendiente por muchos años. El proyecto está listo para la discusión. Las dificultades que se han presentado tienen que ver con la no participación en su elaboración, de la mayoría de los actuales integrantes de la Corte.

Quiero señalar que este proyecto recoge la visión de quienes hemos trabajado por un Poder Judicial con un gobierno democrático, dedicado a establecer las líneas generales de la institución y a fortalecer el ejercicio de la judicatura, trasladando todos los nombramientos a un Consejo de la Judicatura fortalecido, con órganos técnicos estructurados y capaces de emitir sus criterios con independencia.

Ese es el Poder Judicial que hemos construido y que se plasma en el proyecto presentado, muy lejano a centrar las funciones de la Corte Plena en el ejercicio de poder sobre los nombramientos que realiza. No es concebible en este siglo, una forma de gobierno que retroceda a esa visión. Esta institución es un pilar de la democracia costarricense. La confianza en el Poder Judicial que en la década de los 70 propició el traslado del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, como órganos integrantes de este Poder de la República, debe ser la misma bandera que se enarbole para fortalecer estos órganos en el ejercicio independiente de sus funciones, lejos de cualquier interferencia.

Estas son, acciones y proyectos que desarrollé como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial y de los que hoy, entrego cuentas al país.

El 13 de mayo de 2013, profundamente conmovida por mi nombramiento como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia juré y prometí cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República, en el ejercicio de mi cargo. Hoy, al rendir cuentas al país de la gestión del Poder Judicial durante el año 2016, y de mi función como Presidenta durante los últimos cuatro años, expreso mi satisfacción por el trabajo realizado, por las metas logradas y por el impulso a otras que han quedado iniciadas, todas ellas con absoluto apego a la legalidad y a la probidad en el uso de los recursos públicos.

Fiel a mis ideales democráticos y éticos, dejaré esta institución con mi corazón y mi frente muy en alto, después de haberle servido por más de 40 años como funcionaria judicial, de los que más de 27 lo han sido como magistrada de la Corte. Solo el interés por el bienestar de este Poder de la República y de la Patria, han privado en todas y cada una de las acciones y decisiones que como funcionaria y jerarca me correspondió tomar.

Se ha emprendido una nueva época para el Poder Judicial. Las bases sólidas y el trayecto a seguir, quedan establecidas.

Mi reconocimiento especial a don José Manuel Arroyo, quien me acompañó como Vicepresidente de la Corte, y compartió conmigo las mismas aspiraciones, metas y valores. Don José Manuel es también artífice, de los logros destacados en este informe.

Mi agradecimiento al personal del Despacho de la Presidencia y de la Secretaría de la Corte, a las jefaturas y al personal profesional y técnico de las distintas Oficinas, Direcciones y Departamentos, y a todo el personal de esta institución, que con su mística y dedicación impulsaron las metas alcanzadas.

Un agradecimiento particular a Róger Mata, a Marcela Allón, a Irving Vargas, a Jeannette Arias, a Hannia Monge, a Kimberly Arick y a Róger Cordero, por el trabajo, la confianza y el apoyo que me brindaron durante tantos años y en los momentos necesarios.

Agradezco profundamente a Dios el haberme permitido trabajar para el Poder Judicial; a mi papá Jorge Luis y a mi mamá Teresita, a mis hermanas y hermano; a mi hija Zarela y a mi hijo Julio, a Federico y a Noelia, y a mis queridas nietas Isabella y Jimena, quienes han sido la fortaleza e inspiración para mi vida y para mi trabajo. Han estado siempre presentes.