MSc. Marta Iris Muñoz Cascante Directora Defensa Pública 7 de marzo 2017

Quisiera agradecer la invitación para participar en la apertura de este seminario sobre la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer y en el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Realmente es un honor para mí estar hoy en esta actividad de reflexión, sobre los nudos críticos, recomendaciones y la cobertura mediática, que se ha dado con la promulgación de esta ley, la cual forma parte del proceso para el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres.

Históricamente la mujer ha sido víctima de la violencia de género que han ejercido los hombres, dentro de una sociedad machista, en la que muchas mujeres valientes han dado grandes luchas por genera un cambio en distintos ámbitos y lograr una visibilización como personales titulares de derechos.

Los pases han sido lentos pero se han dado de manera firme, recordemos por ejemplo cómo antes, con el Código General del Estado de Costa Rica de 1841, la mujer casada tenía disminuido el ejercicio de su capacidad, así ella debía contar con la autorización de su “marido” (así disponía el código) para comparecer en juicio, celebrar un contrato o llevar a cabo algún acto judicial, sino, debía solicitar la autorización al juez de primera instancia… esto cambia con el Código Civil de 1888 y actualmente parece algo impensable.

Posteriormente, se logró el reconocimiento de otros derechos, como el derecho al voto a partir de 1949, y así paulatinamente, se ha dado una progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

A pesar de esto, la violencia de todo tipo, física, psicológica, emocional, sexual o patrimonial, así mismo se agrava a través de la discriminación intelectual y profesional que sufren las mujeres cuando ocupan puestos de dirección, sigue siendo un mal latente en la sociedad… y los medios de comunicación y las estadísticas judiciales dan cuenta de ello.

Leyes como la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, ha sido un esfuerzo importante de las y los legisladores, de la sociedad civil organizada como el INAMU, la Defensoría de los Habitantes, pero además ha jugado un papel muy importante, la Corte Suprema, con la participación activa de doña Zarela y la Secretaría Técnica de Género a cargo de doña Jeannette Arias, por proteger a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en una relación de matrimonio o unión de hecho, al tipificarse una serie de conductas como delito, y es que es claro, tal y como lo establecen instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de la CEDAW y la Belem Do Pará, que la mujer tiene derecho a vivir libre de violencia, para lo cual el Estado tiene una serie de obligaciones con tal de dar vigencia a este derecho.

Desde el punto de visto represivo, esta ley es un instrumento importante, sin embargo, la realidad demanda que deba ser complementada con acciones y políticas públicas de carácter preventivo, dirigidas al hombre, la familia y la sociedad, ya que el problema de la violencia debe ser abordado desde un punto de vista integral.

Con la entrada en vigencia de esta ley a partir del año 2008, desde la Defensa Pública, entre otras acciones, hemos venido haciendo esfuerzos institucionales enfocados en fortalecer vínculos con organizaciones públicas y privadas… como la firma en el mes de abril del año 2011, del Protocolo de coordinación y cooperación entre la Defensa Pública y el Instituto de Masculinidad, Pareja y Sexualidad Costarricense (WEM); institución que contribuye con la búsqueda y consolidación de redes de apoyo para la atención integral de personas usuarias en materia de violencia doméstica, que voluntariamente decidan incorporarse a los programas existentes, o bien bajo la imposición de alguna medida cautelar o el cumplimiento de medidas alternas. También, se cuenta con la firma de Protocolo y de Coordinación y Cooperación entre la Defensa Pública y la Fundación Esperanza, desde el año 2012.

Adicionalmente, la Unidad de Penalización de la violencia contra la mujer de la Defensa Pública en conjunto con la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, a partir del año 2013, ha colaborado activamente en la implementación de un programa de atención a ofensores, denominado “Hombre en Construcción”, el cual funciona como un mecanismo de protección a favor de las víctimas de este tipo de delitos y como una forma de abordaje para las personas imputadas; el programa, gracias al esfuerzo conjunto e interinstitucional, ha mejorado la calidad de vida de las personas usuarias y ha evitado la reincidencia en delitos de igual o similar naturaleza.

Promover la participación ciudadana es otro eje muy importante para nuestra Institución por lo que desde el 2015, se han impartido charlas a los miembros del taller de “Hombres Asertivos” de la Fundación Esperanza, cuyos temas refieren a “Aspectos prácticos en torno a procesos judiciales relacionados con violencia de género”; con una respuesta positiva por parte de las personas participantes.

Además, desde el año 2013, la Defensa Pública promovió, en conjunto con el INAMU y otras instituciones públicas, la articulación de la red interinstitucional de atención a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad, de manera que cuando se determina que estas mujeres están involucradas en un delito por coacción o amenaza de sus parejas, tratamos de darles un abordaje integral para que los jueces valoren estas condiciones para un reducción de pena y puedan contar con un proyecto de vida al margen del delito, para esto se les brinda atención en áreas como la autoestima, empoderamiento del rol de mujer o en el tratamiento de adicciones a drogas.

También, a partir del año 2015, participamos en el Programa de Justicia Restaurativa, dirigido por la Magistrada Doris Arias Madrigal, desde el cual se han incluido algunos de los delitos de esta ley, pues creemos que a través de este programa se puede dar vigencia a principios como el de solución efectiva o el de desjudicialización, además, de buscar la restauración de la paz social, con la participación de la víctima, la persona acusada y la comunidad.

Estos son algunos esfuerzos que reflejan la importancia de un trabajo conjunto y la necesidad de brindar un abordaje integral a las personas que acuden o ingresan al sistema de justicia, por delitos asociados a la Ley de Penalización.

Sin duda aún quedan muchos aspectos por mejorar… por lo que espacios de reflexión como este seminario, son muy importante para tomar conciencia y generar acciones positivas para prevenir, investigar y sancionar la violencia.

Por lo tanto, quisiera reconocer los esfuerzos de la Presidencia Zarela Villanueva, la Secretaría Técnica de Género, la Comisión de Género y la Comisión de Seguimiento para la Atención y Seguimiento de la Violencia Doméstica del Poder Judicial, por el gran trabajo que han venido realizado para visibilizar que la violencia es un problema de salud pública, que debe ser tratado desde el ámbito en el que cada uno y cada una de nostras somos responsables.

Muchas gracias,