Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Interamericana de Derechos Humanos 18 de noviembre 2016

Reciban un cordial saludo de bienvenida! A quienes nos visitan de otros países, les deseo una feliz estadía. Como Presidenta del Poder Judicial quiero expresarles mi complacencia y el agradecimiento por haber designado a nuestro país, para realizar el acto de rendición de cuentas del Programa Interamericano de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que se ha desarrollado en cada país de Centroamérica, con gran impacto en los sistemas de justicia y en el fortalecimiento de la democracia y la paz social de la región.

La semana anterior rememoramos a nivel nacional, el día de la democracia, llamado así en reconocimiento y memoria a un movimiento civil que surgió en el país en 1889, para la defensa de un proceso electoral. La actividad protocolaria se dio en el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual consideramos es el espacio natural y propicio para hablar de democracia, porque las elecciones populares son el mecanismo normal y natural para que las personas puedan tener espacio frente a sus gobernantes.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, sabemos que la democracia ha trascendido y superado al tema electoral; y que un gobierno o un Estado, serán tanto más o menos democráticos cuanto más o menos participación y acceso a derechos fundamentales garanticen a su población.

El acceso a la justicia contiene en su esencia la doble condición de derecho fundamental y de garantía de acceso a otros derechos fundamentales. Por un lado, representa el derecho de las personas a reclamar de los órganos jurisdiccionales una respuesta pronta y eficaz frente a sus demandas; y por el otro, es una garantía de que, a través de los órganos jurisdiccionales las personas puedan hacer efectivo el ejercicio legítimo de sus otros derechos. De esta manera propiciamos la paz social. Por eso una función jurisdiccional eficiente es pilar de un sistema democrático.

Históricamente, a los países de nuestra región les une una comunidad de retos. La limitación económica y la dificultad que tienen las personas en el acceso a los servicios y recursos públicos es una constante en nuestros sistemas. A la carencia de recursos económicos se unen limitaciones peculiares a poblaciones específicas, derivadas del entorno geográfico, del componente etnológico, generacional, de escolaridad, o de género, solo para mencionar algunos factores.

Estas limitaciones en el acceso a los recursos y en las posibilidades de desarrollo también están presentes en el acceso a la justicia; y eso lo saben todos y todas ustedes, vinculados de alguna forma con este proyecto.

Facilitadores y facilitadoras judiciales es un proyecto para la democracia. El modelo tradicional de administración de justicia ha evidenciado que los poderes judiciales deben cruzar el umbral de los despachos judiciales; que los poderes judiciales no cumplen con garantizar la existencia de oficinas judiciales sino que estas deben ser eficientes y efectivas; y que cuando se habla de efectividad es que las personas encuentren instituciones accesibles y confiables.

Pero el cambio hacia este modelo no es fácil, sobre todo cuando, al menos en nuestro país, anualmente se enfrenta a nivel nacional, un ingreso anual promedio de 650.000 asuntos. El promedio es significativo porque nuestra población no llega a los cinco millones de personas. Al ingreso anual de expedientes nuevos se adicionan los expedientes circulando en cada despacho, lo que en muchos casos limita los campos de maniobra o de nuevas estrategias para las personas responsables de la administración de las oficinas judiciales.

De ahí la importancia que merece el proyecto de facilitadores y facilitadoras judiciales, iniciado con el apoyo de la cooperación holandesa en el 2011.

Este proyecto ha tenido como objetivo mejorar el acceso a la justicia de personas de poblaciones vulnerables y con mayores obstáculos para hacer valer sus derechos: personas pobres, mujeres campesinas, pescadores, agricultores, personas que viven en zonas rurales; adultas mayores o menores de edad que deben viajar largas distancias para acceder los servicios del Estado.

El corazón de este servicio lo constituyen las 474 personas facilitadoras judiciales que en la actualidad integran este servicio y quienes con su trabajo y entrega desinteresada y bajo la tutela de personal judicial, informan, educan, asesoran y median en los conflictos de las personas de su comunidad. De esta manera se acerca la justicia a las personas en una forma más humana y de manera efectiva, consistente con la cultura y el contexto social de los pueblos. Como parte de esta dinámica, las personas Facilitadoras Judiciales se convierten en puentes de acceso y de vínculo entre los despachos judiciales y las poblaciones, así las personas pierdan el temor a demandar las violaciones a sus derechos.

Han mostrado también ser instrumentos de mediación. Entre el año 2015 y el primer semestre de este año, han mediado más de 300 asuntos. La mediación tiene la ventaja de que es un proceso corto donde las propias personas enfrentadas en una diferencia, son las que participan en la solución del diferendo. El mecanismo reviste importancia cuando se trata de personas vecinas.

Durante este mismo periodo han ofrecido más de 6000 orientaciones y han brindado más de 380 acompañamientos, con gestiones de charlas y orientaciones que han beneficiado a más de 18.000 personas.

En Costa Rica hemos comprendido el valioso papel que juegan las personas facilitadoras en el sistema de administración de justicia, cuya participación se ha implementado en nueve circuitos judiciales. Debe rescatarse que en la integración del cuerpo de facilitadores y facilitadoras judiciales se ha tenido la claridad de que es necesario integrar la visión de género. El 54% de las personas facilitadoras judiciales son mujeres, lo cual es fundamental para el éxito del servicio. Solo visualizando las necesidades de todas las personas, sin exclusión, es posible hablar de democracia.

Todos los recursos brindados han sido aprovechados, con logros y resultados puntuales y visibles, donde también destaca el trabajo realizado por las juezas y los jueces y el personal de los despachos judiciales.

Me complace que hoy, como una nueva herramienta de apoyo a su gestión, firmamos con la Universidad de La Salle un acuerdo de cooperación interinstitucional, mediante el cual este centro de estudios superiores colaborará con el PODER JUDICIAL y con la CONAMAJ en los procesos de formación y capacitación del personal judicial vinculado con el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, así como a las personas Facilitadoras Judiciales, lo cual sin duda, servirá al fortalecimiento y la mejora en la calidad de este servicio.

Al igual que en nuestro país, la experiencia en los demás países de la región, desde Guatemala hasta Panamá, ha sido exitosa, lo cual nos satisface y nos motiva a seguir respaldando este proyecto.

Mi reconocimiento al Gobierno del Reino de los Países Bajos y a la Organización de los Estados Americanos por haber hecho realidad el programa en nuestra región remozado el sistema judicial con la vivencia directa y pura de la justicia y haber impactado positivamente la vida de tantas personas en toda la región centroamericana. Muchas gracias y muy buen día.