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“Poner todo como delito no es
la solución”
Walter Espinoza, director del OIJ:
Walter Espinoza, director del OIJ, conversó con Paola Hernández, directora
de DIARIO EXTRA, sobre su manejo de la institución en compañía de Michael Soto,
jefe de Planes y Operaciones del OIJ (izq.)
El 23 de noviembre del año pasado, el exfiscal Walter
Espinoza fue electo director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En menos de un año ha enfrentado varias situaciones
particulares, según dice son más las positivas que las negativas y por ellos
quiso compartir con DIARIO EXTRA su experiencia como jerarca de la policía
judicial durante este año.
El tema presupuestario siempre ha sido problema. ¿Qué
expectativas tiene?
-Una de las cosas que nos tiene a nosotros con
bastante ilusión es la posibilidad de que se promulgue la ley que impone un
impuesto a las sociedades anónimas, gracias al esfuerzo de la dirección y al
apoyo de los compañeros del Organismo, logramos contactar a los señores
legisladores que estaban conociendo el asunto y logramos que se apartara un
porcentaje importante para el OIJ, más o menos un 5% de los que se recaude. Eso
va ser una inyección vital para la policía judicial que va ser permanente y
prolongada en el tiempo y se va poder destinar en tecnología y otros aspectos.
Con la ayuda del Poder Judicial estamos luchando por obtener un nuevo edificio
muy cerca de la Corte que sería la próxima sede del OIJ, sueño dorado de todos
los que trabajamos en el Organismo.
¿Cómo avanza lo del edificio?
-Lleva muy buen camino y está en conocimiento del
Consejo Superior, yo pienso que la Corte lo va aprobar, es una expropiación lo
que se evalúa y es parte también del cambio de visión administrativa, de ser
más aventurados y lanzados para tener más y mejores cosas. Ocupamos más
espacio, más parqueos, medios, dinero, porque todas las investigaciones que
realizamos son caras. No estamos al 100% de condiciones y posibilidades, pero
estamos en condiciones al menos satisfactorias que nos permiten trabajar de
manera razonable.
La crisis migratoria toca todas las policías por los
delitos que desencadena. ¿Cómo la manejan al tener secciones tan pequeñas para
estos casos?
-Somos absolutamente conscientes que no somos la única
policía del país, hay una Policía de Migración que tiene un equipo de trabajo
que se dedica fundamentalmente a temas migratorios, está la Policía de Control
de Drogas que también es robusta en ese ámbito, hay una Policía de Control
Fiscal que se encarga de asuntos aduaneros y está el OIJ que tiene la más
amplia posibilidad de investigar todo este tipo de asuntos. Por ejemplo, el
tema de tráfico de migrantes lo tenemos ahora en la Sección de Delitos contra
la vida, integrada con otras unidades de trabajo que asume asuntos similares,
es un ´campo muy importante para la policía y hemos dado mucha capacitación
especialmente a las regiones donde más se da ese fenómeno para que puedan
asumirlo de manera autónoma e independiente y también somos conscientes que
tenemos limitaciones para cubrir todo lo que surge como delito en el país.
Hace algunos años se obviaron algunos filtros con la
entrada masiva de nuevos agentes. ¿Cómo recuperar todo ese deterioro que se
causó con corrupción o procesos indebidos?
-Fue un tema coyuntural y el Organismo tuvo que tomar
decisiones diferentes porque estaba enfrentando una situación particular, ahora
se retomaron los filtros y valoraciones como exámenes médicos y psicológicos y
se exige la realización de los cursos para ingresar y eso nos da hasta cierto
punto una tranquilidad, porque minimiza la posibilidad que entre personal que
nosotros no tenemos.
Muchos proyectos de ley que se aprueban terminan
abarrotando las labores del OIJ. ¿Cómo ven el hecho que sigan recargándolos con
nueva legislatura?
-Tenemos posiciones distintas dependiendo de la ley,
el OIJ tiene como objetivo realizar investigación criminal en delitos que
afectan al conglomerado social, pero la sociedad debe tomar conciencia de cuál
es la carga de trabajo que le dan al OIJ, hasta donde pretenden que lleguemos,
si esa gran cantidad de trabajo puede afectarnos. Deben pensar si quieren una
policía muy exitosa, que resuelva casos y con buenos resultados o una que sea
absolutamente abarcadora que se decante por investigar casos de poca monta
cuando el país está en condiciones de crisis. Si nos siguen subiendo esas
cargas de trabajo sin soporte o aporte financiero el nivel de éxito puede ir
reduciéndose.
¿Cómo se puede mejorar eso?
-Podríamos quitarle alguna carga al Organismo sobre
todo en lo que antes se conocían como contravenciones, tenemos que pedir
allanamientos, hacer vigilancias, ubicar sitios y personas por el robo de una
manguera o el robo de dos plantas de amapola, de la misma forma que cuando hay
que investigar el robo de una joyería, porque debe existir el mismo compromiso
con todo. Sería bueno darle más atribuciones a Fuerza Pública en algunos
delitos como sucede en países de Europa, que la legislación decide a quien le
corresponde asumir.
El proyecto de ley contra maltrato animal es una nueva
carga para ustedes. ¿Qué les espera si se aprueba?
-El problema es que el delito no es solo hacerle daño
al animal, también hay que demostrar que hay una pérdida en un órgano o que hay
pérdida de un miembro y eso implica una pericia, que solo la puede hacer un perito,
pero también hay temas sexuales, si nos llega que alguien tuvo sexo con una
yegua tenemos que llevar el animal para que le hagan un análisis para ver si
hay fluidos biológicos y emitir un dictamen. Esto nos pone en un predicamento
porque no tenemos vehículos para trasladar yeguas, pero tampoco clínicas para
atender al animal. Si acusan a alguien de matar un gatito tenemos que hacer una
autopsia para ver si fue por las puñaladas que le pegaron, pero no puedo hacer
la autopsia al gato donde pongo un cuerpo humano por un tema lógico de
dignidad, por eventuales contaminaciones entonces tenemos que ver todo eso.
¿Y cuál salida ven viable?
-Que se fortalezca a Senasa para que ponga multas y se
encargue de vigilar ciertas cosas. A nivel penal el caso de la muerte de un
gato implica todo un gasto, el Ministerio Público te llama como imputado,
después viene la acusación, luego audiencia preliminar, audiencia intermedia,
juicio, apelación y casación. La sociedad costarricense tiene que definir qué
quiere para el OIJ, quien que investigue terrorismo, lavado de dinero y tráfico
de drogas o maltrato animal. La sociedad costarricense tiene que definir qué
quiere para el OIJ, quiere que investigue terrorismo, lavado de dinero y
tráfico de drogas o maltrato animal.
Hubo polémica con el magistrado José Manuel Arroyo,
quien de cierta forma apoyó bajar penas por narcomenudeo y por decir que se
avergonzaba porque en el país se perseguía cualquier cosa. ¿Cómo lo califica?
-Somos muy respetuosos y claros que la política del Estado
la determina el legislador, tanto es delito traficar una piedra que una
tonelada de cocaína. Hemos articulado grupos de trabajo que asumen el fenómeno
con todas las áreas, desde la distribución terminal, los grupos intermedios que
se dedican a trasiego interno, hasta las bandas más organizadas y eso nos
permite tener un panorama muy amplio del comportamiento criminal en el país, de
esa manera atendemos las necesidades del país, coordinamos las acciones con la
Fiscalía, ellos la dan beneplácito o contravienen nuestra investigación y creo
que tenemos un resultado bastante positivo.
¿Cree que sea bueno una ley basada en razón y
proporción?
-Es igual traficar con una piedrita de crack que
traficar con un kilo, porque no se mide la cantidad si no la acción. En otros
países cuando enfrentaron una situación con estas se decantaron por la parte
cuantitativa y establecieron penas de acuerdo a la cantidad que se trasiega,
pero nosotros somos policía y actuamos conforme a lo que dice el
legislador.
La corrupción en la policía no es un tema ajeno para
ustedes. ¿Qué valoración ha hecho durante su gestión y qué acciones se tomaron?
-Somos una institución conformada por más de 3 mil
personas y no somos inmunes a pasiones determinadas o tentaciones inadecuadas
que pueda afectar alguno de nuestros funcionarios, somos conscientes de eso y
nos preocupamos del asunto. Tenemos un área anticorrupción que trabaja en San
José e investiga a los funcionarios de los que tenemos sospechas y una oficina
de Asuntos Internos que hemos fortalecido y sirve para identificar conductas
que lleven a que se concrete corrupción. También integramos una comisión en el
Poder Judicial que toma medidas profilácticas para evitar que las personas se
involucren en temas inadecuados y otra comisión de oferentes internos que
pretende revisar antecedentes de todas las personas que ingresan al Organismo
para reducir al máximo de material humano que no queremos. No tenemos inmunidad
total a la corrupción, pero en eso estamos trabajando.
Mucha gente dice que existe una pugna interna en el
OIJ que deteriora la imagen de la institución después de la denuncia que usted
puso contra Gerald Campos.
-Hay una obligación que va más allá de mi perspectiva
particular, que deriva de la constitución que cuando detecto un acto contrario
al ordenamiento jurídico tengo que actuar, yo no estoy prejuzgando si don
Gerald cometió un hecho irregular porque a mí no me toca y no puedo hacerlo,
simplemente tengo que comunicarlo. Yo no percibo ninguna división, el Organismo
trabaja bastante bien y si tuviéramos más libertad en temas legales podríamos
hacer mejores cosas. Que se caiga mal uno con otro eso pasa en todo lado, pero
no he visto un solo caso que se haya echado a perder por falta de colaboración,
o no se le facilitaran medios o falta de soporte, me parece que la policía
trabaja bastante bien con nivel de resolutivo importante.
La crisis penitenciaria también los involucra. ¿No les
desmotiva ver que ustedes inviertan tanto dinero y tiempo para detener
sospechosos de algún delito para que sean liberados?
-Es un tema bien difícil, es un tema país complejo que
involucra muchos actores. Por un lado la policía nuestra es muy exitosa y si
nos miden por la cantidad de personas que entran a la cárcel tenemos índices
bastante elevados, segundo porque la gente no cabe en las cárceles a
consecuencia de la acción represiva del Estado y tercero porque el Poder
Judicial ha emitido órdenes para que el Ministerio de Justicia tome medidas. Es
una situación en la que pareciera que el sistema no está trabajando de manera
acompasada ni camina al mismo ritmo y tenemos que caminar todos juntos para
tomar decisiones muy importantes. Seguimos comprometidos y muy de lleno con las
investigaciones, no hemos detectado desmotivación, más bien el número de casos
positivos va en aumento.
PERIODISTA:
Carlos Castro Gamboa
CRÉDITOS:
Foto: Issac Villalta
EMAIL:
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Miércoles 21
Septiembre, 2016
HORA: 12:00
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