Semanario
Universidad
Magistrado
José Manuel Arroyo
‘No se trata de
despenalizar sino de dosificar las respuestas’
El magistrado José Manuel Arroyo aboga
por revisar las penas para narcomenudeo. by Hulda Miranda
¿
La política criminal de Costa Rica está enfocada en perseguir a los
eslabones débiles en lugar de a los dueños del negocio?
-El problema del
narcotráfico empezó a estar en la primera línea de interés en los países del
norte, Europa y Estados Unidos, dado que empezó un alto consumo de ciertas
drogas como la marihuana y la cocaína y otras más fuertes, en los años 80.
Entonces Costa Rica fue optando las recomendaciones internacionales en esta
materia, no solo en el marco de convenios internacionales sino también modelos
de leyes que sobre todo se dirigían a frenar o paliar el gran
narcotráfico. Estas leyes venían con respuestas un tanto uniformes, dirigidas a
los grandes carteles y con respuestas punitivas muy altas. Es así como en Costa
Rica empezaron a emitirse leyes con mínimos de ocho años que no permitían más
que el encarcelamiento de las personas involucradas en cualquier tipo de
tráfico. Yo diría que esas leyes no solo previeron montos mínimos muy altos
sino que también tipos de pena y tipos penales abiertos, entonces usted ve,
sobre todo en la ley de sustancias psicotrópicas, tipos penales que
prácticamente sancionan todo contacto: transporte, posesión para siembra, etc. Lo
que quiero decirle es que ese diseño original de la respuesta criminal en
materia de tráfico resultó absolutamente desmedida y
desproporcional, sobre todo en el tema de las respuestas a ciertas formas de
tráfico de drogas.
¿Su posición es
que se debe despenalizar en esos casos?
-Esa no es mi
posición. Lo que se debería hacer es ver cuán complejo es el fenómeno y cómo
podemos dosificar las respuestas en los distintos tipos de fenómenos, porque
estamos mandando ocho o cinco años a la cárcel al indigente que un par de
policías sorprenden pasándole una piedra de crack a otro, o dos o
tres cigarrillos de marihuana a otro indigente, a otro cliente, o lo que sea.
Entonces, pensar en responder a este fenómeno con ocho años de prisión como si
fuera un miembro del cartel de Cali o de Medellín, es una locura en la que
hemos estado involucrados por años de años.
Es cierto también
que la gran mayoría de la gente que estamos encarcelando pertenece al último
eslabón de la cadena, que obviamente es el más fácil de detectar, más fácil de
encerrar y de procesar, yo no digo que todos sean indigentes, pero sí hay gente
joven desempleada, hay mujeres jefas de familia, etc.
Obviamente yo no
ignoro que esto es una cadena, que este negocio está estructurado en una cadena
que hacia arriba puede llegar a las grandes organizaciones que controlan la
distribución, pero una cosa es atender con respuestas adecuadas a quien
distribuye unas cantidades mínimas y otra cosa atender y castigar a las grandes
organizaciones. Usted ve que los detenidos son los de la barca, son los del
furgón, los que van en contacto directo con la droga, pero las organizaciones
quedan intactas, los capos, la gente de más alto nivel, sigue sin tener que
ensuciarse con este tipo de investigaciones y cuesta muchísimo llegar a ellos
porque los mismos capitanes y marineros ni siquiera saben quienes
son los grandes traficantes.
La política
criminal tiene que dar respuestas distintas según la gravedad de las acciones
concretas en que la gente esté involucrada.
Si no se trata de
despenalizar, ¿cuáles serían para usted esas respuestas adecuadas?
-Estamos hablando
de respuestas adecuadas siempre dentro del ámbito de lo penal, es decir,
insisto en que no se trata de despenalizar, sino de encontrar
alternativas a la prisión, sobre todo en gente joven que por primera vez está
en contacto con este ilícito y en contacto con un sistema penal. A esas
personas deberíamos darles la oportunidad de una alternativa que puede ser
trabajo social o internamiento para desintoxicación. A las mujeres hay que
darles otra respuesta porque sino terminamos
castigando a los hijos y trasladando la pena y convirtiendo el fenómeno en algo
muchísimo más grave para la sociedad. Y tenemos que volcar nuestros escasos
recursos de ayuda exterior a la investigación y detección de esos grandes
traficantes y grandes organizaciones.
Usted señala que
muchos de los detenidos también son adictos, mientras no haya cambios legales,
¿qué atención se le podría dar a estas personas?
-Otro fenómeno
totalmente absurdo en esta historia es que en el momento en que se empiezan a
invertir muchos recursos en el combate contra las drogas, prácticamente se
desmanteló el IAFA, nos quedamos con un apoyo mínimo a las instancias de
prevención y de tratamiento. El IAFA es una institución que debe fortalecerse
en la atención a las adicciones, no sé si tienen 10 o 20 camas que es ridículo para las necesidades que el país tiene. A esas
personas hay que darles una oportunidad pero coordinada con el Ministerio de
Educación Pública para que no se expulsen, tiene que coordinarse con la CCSS y
con el Poder Judicial con medidas alternas, como justicia restaurativa.
¿En el Poder
Judicial se ha discutido el tema?
-No, es que yo no
sé si corresponde solo al Poder Judicial porque hay iniciativas muy importantes
desde las alternativas que da el Código Procesal Penal y que se usan muy poco
precisamente por los montos de penas previstos, si se le diera a los jueces y
juezas la posibilidad de una gradación mayor, eso ayudaría a que se den
respuestas razonables según la gravedad de cada caso, eso hay que trabajarlo en
una reforma para que los mínimos no sean de ocho años, sino que haya la
posibilidad de suspender la ejecución de la prisión y dar responsabilidades que
deba cumplir la persona involucrada en el pequeño comercio, en el famoso
narcomenudeo. Yo sí lamento que la alarma y los réditos políticos que dan
convertirse en un campeón antidrogas a veces impiden
un diálogo sincero, desprejuiciado y honesto.
¿Pero se ha procurado
ese diálogo?
-No, porque el
Poder Judicial está muy dividido, yo le diría que, en este, como en muchos
casos, mi opinión es minoritaria. Mi apuesta es que el tiempo ponga las cosas
en su lugar. Yo he dicho, vea la prohibición de licor en los años 20 en Estados
Unidos, la persecución del guaro de contrabando en los 50 y 60 en Costa Rica,
solo el tiempo puede llegar a la conclusión de que eran estrategias equivocadas
y que había que encontrarles otras soluciones. Claro ahora las drogas son más
fuertes.
¿Cree que se
debería legalizar la marihuana?
-Sí, yo pienso que
el experimento de Uruguay hasta hoy ha sido provechoso, siempre que se trate de
personas mayores de edad, la restricción y el control sobre niños y
adolescentes debe ser absolutamente rígido, como se está haciendo con el
cigarro. La experiencia del cigarro es muy importante porque apunta de exhibir
los prejuicios de la salud, las graves consecuencias que tiene para la persona,
y con la ley de prohibición en espacios públicos. Las personas se han hecho
conscientes de que eso no se debe permitir y entonces culturalmente hay un
cambio.
Yo soy un
escéptico de la capacidad que tiene el derecho penal para resolver problemas
sociales, no creo que muchos problemas sociales se resuelvan con derecho penal
y con cárcel, por eso mi posición es minoritaria.
Con la marihuana y
con la cocaína se podría controlar en ciertos supuestos, mediando declaraciones
de adicción. Si una persona mayor de edad quiere meterse en ese laberinto, que
Dios la acompañe porque son sustancias dañinas, como dañinos son algunos
medicamentos lícitos.