Ordena a
junta elegida tras zafarrancho no interrumpir labor de directiva nombrada desde
el 2015
ACTUALIZADO EL 24 DE AGOSTO DE 2016 A
LAS 05:27 PM
La Sala
Constitucional ordenó a la Fuerza Pública mantener el orden en el Colegio de
Abogados, ante la intención de un grupo de agremiados de ratificarse como junta
directiva ad hoc del órgano máximo del gremio.
Asimismo, giró
una medida cautelar en la que ordena a una docena de abogados (incluidos los
miembros de la directiva nombrada ad
hoc) "no perturbar ni obstaculizar, de forma alguna, el normal
ejercicio de las labores de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, electa
en asamblea del 5 de diciembre de 2015".
"Se ordena a la Delegación Policial de Zapote – San
Francisco del Ministerio de Seguridad Pública colaborar en el cumplimiento de
lo aquí ordenado", agrega el tribunal constitucional.
Si los aludidos desobedecen dicha medida, se exponen a
una pena de tres meses a dos años de prisión, o bien al pago de una sanción que
va de 20 a 60 días multa (de ¢282.000 a ¢846.000).
La orden recayó
directamente sobre el grupo de abogados que participó en los actos que llevaron
a constituir una junta directiva ad
hoc o provisional el
jueves 18 de agosto, al calor de una discusión sobre un fondo de pensiones.
En el fallo, señalado en la sentencia 2016-11961, de
las 9 a. m. de hoy, se ordena no intervenir en la junta del Colegio a los
siguientes agremiados:
Wilbert Arroyo Álvarez
Carola Suárez Zúñiga
Eugenio Jiménez Hernández
El grupo, o parte de este, pretendía tomar la principal
sala de sesiones del Colegio este miércoles, para entrar en funciones como
directiva.
El pleito de los timbres y la pensión
Según el presidente del Colegio de Abogados, Froylán Alvarado, el jueves el auditorio de la institución
fue escenario de un zafarrancho que impidió que se llevara a cabo una asamblea
general extraordinaria, en la que se iba a discutir una propuesta para crear un
fondo de pensiones para los agremiados.
Esa noche, aseguró, la junta directiva se aprestaba a
presentar el plan para implementar un fondo de jubilación a raíz de una sentencia
del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2013.
Ante una demanda
del abogado León Montoya
Hernández, el Tribunal ordenó crear un fondo de pensiones con el dinero del
timbre del Colegio de Abogados, que se le cobra a los
usuarios de los servicios legales, tal como lo señala una ley de 1953. En 63
años, ninguna de las directivas creó el sistema de retiro.
Según Alvarado, apenas iniciada la sesión, un grupo de
abogados subió al podio donde se instaló la mesa
principal y lo increparon y amenazaron.
LEA: Disputa por jubilaciones del
Colegio de Abogados continuará, pero en los juzgados
Ante lo que consideró como una amenaza contra su
integridad y la del resto de miembros de la junta, Alvarado suspendió la sesión
y, junto con los demás miembros de la directiva, se retiró del salón.
Según Froylán Alvarado, a pesar
de que tanto el aire acondicionado como el sistema de sonido habían sido
desconectados, los líderes del grupo tomaron la mesa, dieron por abierta una
sesión extraordinaria, nombraron a un abogado presidente de la Asamblea y
juramentaron una junta directiva provisional que, en el acto, destituyó a
la que estaba nombrada.
Dicha junta ad hoc convocó a conferencia de prensa el
pasado lunes, y anunció que, este miércoles, tomaría el control de la sala de
sesiones del Colegio de Abogados. Así lo ratificó la vicepresidenta de esa
junta, Maritza Carranza.
Sin embargo, tras conocer el fallo de la Sala IV, no se
presentaron a reclamar su silla en la sala de sesiones.
La abogada Rosa
María Masís Martínez, vocal de la junta directiva ad hoc, dijo que elevarán el
caso ante el tribunal contencioso, que de hecho ya tiene un expediente sobre
este mismo caso.
"Lo tomo muy tranquila, lo hemos estudiado
preliminarmente y parece que la Sala se ha dejado inducir a error, porque en
primer lugar no son ciertos los hechos. Yo nunca estuve en el momento del acto
de lo que ellos llaman zafarrancho, cuando yo llegué ya se había marchado don Froylán. Está más que acreditado que quienes firman el
recurso ante la Sala, la mayoría son empleados administrativos, eso es muy
cuestionable", declaró.
Respecto de su
futuro como junta directiva, Masís dijo que es "optimista", y aseveró
que la junta directiva ad
hoc, como órgano legal, no
está siendo cuestionada por la Sala IV, a pesar de que sus miembros, como
personas físicas, fueron advertidos por la Sala de que no deben impedir el
trabajo de la junta directiva electa en el 2015.
Masís aseveró
que estudian presentar un habeas
corpus ante la misma Sala,
para que les permitan trabajar como junta directiva y desplazar formalmente a
la anterior.
"El Colegio no nos puede impedir el acto de
posesión", dijo.
Respecto al por qué no tomaron la directiva del Colegio
como lo habían anunciado, la abogada dijo: "Nosotros estábamos esperando
la resolución de la Sala y estamos llevando las cosas con calma. Tenemos mucha
reglamentación y la ley a nuestro favor. En su momento, daremos nuestros
argumentos de derecho y la opinión pública se va a dar cuenta cómo está la
situación jurídica con todo esto que se ha dado con el Colegio de
Abogados".
"La Sala IV se cuida, porque recordemos, nos extraña
mucho que la Sala IV le haya dado curso a una acción que es materia
contenciosa", agregó Masís, al señalar que en el fallo hay un voto salvado
del presidente del órgano Constitucional, Ernesto Jinesta y de su compañero
magistrado Fernando Castillo.