Fiscalía solicitó
medida en investigación
Juzgado paraliza trabajos en Tajo Pedregal de
Nicoya
ACTUALIZADO EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 05:51 PM
Se investiga posible cambio de uso del suelo del
bosque en perjuicio de los recursos naturales
Orden afecta solo sector sur de área de explotación de piedra caliza
Un juez penal de Nicoya, en Guanacaste, acogió la solicitud de la
Fiscalía Penal Ambiental de paralizar los trabajos de extracción de materiales
en el sector sur del Tajo Pedregal, por aparentes daños ambientales.
Así lo informó esta tarde la oficina de prensa del Ministerio Público
mediante un comunicado, en el cual explicó que se trata de medidas cautelares
solicitadas como parte de una investigación que se le sigue al gerente del Tajo
Pedregal, de apellidos Zamora Mora, por el delito de cambio de uso del suelo
del bosque, en perjuicio de los recursos naturales.
En el 2015 el Ministerio Público abrió una causa con fundamento en un
estudio realizado por el Sistema Nacional de Áreas de Conversación (Sinac), el
cual reveló que, en apariencia, el imputado dispuso de una parte del terreno
del bosque, la cual tiene limitaciones legales en su uso a pesar de
pertenecer a una propiedad privada.
Él habría dado las órdenes de extracción en el tajo, ubicado en
la entrada principal de Nicoya, sitio donde
la empresa Pedregal desarrolla trabajos de explotación de piedra
caliza.
La Nación llamó a la
Corporación Bloques Pedregal para obtener la posición de Zamora. Su
asistente, Lilliam Roblero, informó de que este se encontraba en una área de
poca cobertura de señal celular y le fue imposible localizarlo.
Las medidas fueron acogidas por un juez del Juzgado Penal del II
Circuito Judicial de Guanacaste, el 31 de agosto, por un período de seis meses,
mientras la investigación avanza.
A Zamora se le vincula con el delito por ser la persona apoderada del
proyecto. Desde 2011, él se desempeña como gerente de Producción de Agregados y
hasta la fecha es el encargado de la Dirección de Operaciones de la empresa.
Por lo tanto, para la Fiscalía, las órdenes en el cambio de uso del suelo
habrían sido dadas por el imputado.
En su comunicado, el Ministerio Público detalló que en el 2010 el área explotada era de 2,70 hectáreas. En el 2014 la explotación comprendía un área aproximada a las 4,15 hectáreas, lo que significa que –con respecto al 2010- el área explotada se incrementó en 1,45 hectáreas. Ese incremento abarcó al menos 1,08 hectáreas de bosque.