Marta Iris Muñoz Cascante Directora Defensa Pública 7 de setiembre de 2016

Quisiera en primer lugar agradecerles su presencia en este foro, con ocasión de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, ley número 9343.

Para la Defensa Pública es un honor y motivo de orgullo contar con la confianza depositada por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, para brindar la asistencia técnica de las personas trabajadoras, en los conflictos jurídicos individuales.

Sin duda, esta es una reforma histórica, de gran trascendencia para el respeto de los derechos y garantías de las personas trabajadoras, que permitirá un mayor acceso a la justicia.

Antes de esta reforma, desde el año 2011, funciona en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José un Juzgado oral y electrónico, que con el liderazgo de la magistrada Julia Varela y el Magistrado Orlando Aguirre, en Corte Plena inició la discusión sobre la necesidad de las personas trabajadoras de contar con una asesoría legal gratuita en los procesos orales.

Por ello, la Corte dispuso en la sesión N° 32-12 del 8 de noviembre del 2011, la creación de dos plazas de Defensor o Defensora Pública para trabajar en este proyecto piloto. Es así como en el año 2012, nace la Unidad de Defensa Laboral, actualmente llamada Unidad de Defensa de la Persona Trabajadora, con abogadas y abogados de asistencia social.

Con este proyecto piloto y tomando la experticia que tiene la Defensa Pública en implementación de leyes, es que en el año 2014, ante la posible aprobación del proyecto de Ley de la Reforma Procesal Laboral por la Asamblea Legislativa, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en un Proyecto de Implementación.

La primera labor que llevamos a cabo consistió en un estudio del impacto que traería esta ley para la Defensa Pública, con el apoyo del ingeniero industrial de la Defensa Pública Jorge Quesada y el estadístico Esteban Arguedas.

Este estudio se realizó tomando como insumos los estudios estadísticos trimestrales de las causas que ingresan y circulantes de los Juzgados de Trabajo, que lleva la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, también, se hizo un estudio de las cargas y los métodos de trabajo del Proyecto Piloto de la Unidad de Defensa de la Persona Trabajadora y se elaboró un diagrama de procesos.

De esta manera, conocimos los retos que tendríamos para implementar esta ley, así como la proyección de los recursos requeridos para iniciar con la prestación del servicio, de una forma responsable y a través de un servicio especializado y de calidad.

Todos estos aspectos, desde un inicio y ante la inminente asignación legal de esta materia, de manera responsable y transparente, los hicimos del conocimiento de las autoridades de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, los sindicatos y de la ciudadanía, con tal de contar con el presupuesto necesario para materializar el derecho de defensa de las personas trabajadoras.

También, con el estudio de impacto y en coordinación con el Departamento de Planificación, elaboramos una proyección de las necesidades para la asignación y distribución de los recursos, tomando en cuenta factores como:

• El presupuesto proyectado
  
• La necesidad de tener un servicio de acceso y cobertura nacional, que tome en cuenta a las poblaciones más vulnerables.
  
• Garantizar una asistencia técnico jurídico de calidad y especializada.
  
• Diagnóstico de estadísticas de casos entrados en los Juzgados de Trabajo en el año 2015.
  
• Proyección de demanda de servicio en un 80% (casos entrados en el Juzgado de Trabajo, encuesta de Ingresos del INEC del 2015 y el artículo 454 de la Ley Reforma Procesal).
  
• Cada Defensor o Defensora Pública podrá conocer 400 asuntos anuales.

A partir de esto, se determinó el requerimiento de 72 abogados o abogadas de asistencia social especializadas en materia de trabajo, acompañados por 18 personas técnico judiciales y 14 personas auxiliares administrativas, quienes serán distribuidas en 23 oficinas de la Defensa Pública.

Para esta distribución, se tomaron como parámetros las jurisdicciones con más casos entrados en los Juzgados de Trabajo y aquellos lugares en los que se necesita un mejor acceso a la justicia para las personas trabajadoras que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Las oficinas son:

El servicio de la Unidad de Personas Trabajadoras, iniciará el 26 de julio del 2017, primeramente con 36 abogados y abogadas de asistencia social y en noviembre del mismo año se unirán las restantes 36 abogadas y abogados, quienes conforme al artículo 454, brindarán asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras, en los conflictos jurídicos individuales, cuando sus ingresos mensuales, último o actual, no superen dos salarios bases del puesto de auxiliar administrativo del Poder Judicial, según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2015 (salario base: 403.000 colones).

Actualmente, ya contamos con un equipo de trabajo que ha permitido iniciar con este gran reto, conformado por el Sub Jefe de la Defensa Pública, Alejandro Rojas, de quien he recibido un apoyo incondicional, además, de las supervisoras Ana Briceño y Paula Calderón, la gestora de capacitación Natalia Chacón y el auxiliar administrativo Diego Porras.

A la fecha, estamos trabajando en cuatro áreas:

• En el proceso de selección y reclutamiento: que inició con la aprobación del Perfil por Competencia del Abogado o Abogada de Asistencia Social, para realizar un proceso de selección y reclutamiento definido y transparente. Se tiene programado dar inicio en la última semana de setiembre del 2016, a través de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, con la publicación del concurso. La selección del personal se realizará en dos etapas: Una primera, que llevará a cabo la Dirección de Gestión Humana, con evaluaciones de perfil y técnicas de las y los aspirantes, quienes superen esta etapa, seguirán a una segunda etapa que se va a realizar en la Defensa Pública, donde se aplicará un examen de Tribunal, para así conformar la terna de postulantes a las plazas de abogadas y abogados sociales.
  
• El proceso de Capacitación: que es un programa de Formación Inicial que se les dará a las abogadas y abogados de asistencia social un mes antes de ser incorporadas a sus puestos de trabajo, en el mes de julio y noviembre del 2017.
  
• Con el presupuesto proyectado y con base en un estudio de las oficinas que se requieren para ubicar a los abogados y abogadas de asistencia social. Se está realizando un mapeo de los lugares en donde se encuentra la necesidad de remodelar o alquilar instalaciones, en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial y conforme a las diferentes necesidades de equipamiento que fueron presupuestadas.
  
• La cuarta área en la que estamos trabajando es, en la adecuación del Sistema de Seguimiento de Casos con que actualmente cuenta la Institución, de tal forma que al inicio de este servicio se disponga de un expediente electrónico óptimo.

De esta forma, la Defensa Pública se ha organizado con responsabilidad, para poder ofrecer un servicio adecuado a las personas trabajadoras.

Y hoy, hemos querido aprovechar este foro para informar a todas y todos ustedes, actores importantes en esta Reforma Procesal Laboral, sobre el trabajo que hemos venido realizando, para asumir este reto con un enorme compromiso y responsabilidad, además, espacios como el de hoy, permiten, conforme a las Políticas Institucionales de Participación Ciudadana, enriquecer el proceso de implementación de la reforma procesal laboral.
Finalmente, quisiera aprovechar este espacio para reconocer el liderazgo asumido por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, quien ha estado presente en todo este proceso y ha impulsado grandes esfuerzos para hacer de esta reforma una realidad, además, a la magistrada Julia Varela y el magistrado Orlando Aguirre, por sus aportes y luchas para lograr esta reforma.

También, quisiera agradecer al Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata; a la Directora de la Dirección Ejecutiva, Ana Eugenia Romero; a la Directora de Planificación, Nacira Valverde, al Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez; a la Directora de Tecnología de la Información, Kathia Morales y a todo el equipo de trabajo de estos departamentos, cuyo trabajo, en conjunto con la Defensa Pública, ha sido fundamental.

Por último y no menos importante, con profundo agradecimiento y orgullo quisiera reconocer el trabajo realizado por el Sub Jefe de la Defensa Pública, Alejandro Rojas y todo el equipo que lo ha acompañado en este proceso, así como al Administrador de la Defensa Pública, José Luis Soto, de quienes he recibido un apoyo fundamental para hacer frente a este nuevo reto encomendado a la Defensa Pública.

A todas y todos ustedes muchas gracias por acompañarnos.