Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia Salón Expresidentes, 9 a.m. 31 de agosto, 2016

Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Me complace la designación del Poder Judicial como institución anfitriona para la presentación de un estudio tan importante sobre la trata de personas y su abordaje.

Recientemente tuvimos en este mismo recinto una actividad con el objeto de dar a conocer el compromiso que adquirió el país, con la Agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la necesidad de armonizar nuestro quehacer con ese compromiso.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un plan mundial de acción en favor del desarrollo de la humanidad, del respeto a la dignidad de las personas, del fortalecimiento de la paz universal. Una propuesta en la que subyace el objetivo de construir sociedades pacíficas, más justas e inclusivas; en las que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, y ser feliz. Son 17 objetivos propuestos, dentro de los que destaca poner fin a la pobreza, la igualdad de género, trabajo decente y reducción de las inequidades.

Ese es el marco adecuado para abordar el tema de la trata de personas, problemática de la cualla generalidad de la población e incluso muchas autoridades públicas, tiene una noción limitada de su incidencia y de la afectación que produce en muchas vidas.Se une el dato oculto generado por la imposibilidad real de denunciar, en que se encuentran las víctimas de esta delincuencia.

Las personas víctimas de trata, provienende las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad,las violaciones a sus derechosson graves, por ello quienes podemos alzar la voz y estamos en la condición de actuar, debemos hacerlo.
La trata de personas es una delincuencia vinculada a las organizaciones criminales y a su manera de operar.Requiere de una intervención específica, porque si en lo general, nos enfrentamos a un sistema penal cuya efectividad es cuestionada –así lo dice el Informe del Estado de la Justicia 2015–se enfrenta a mayores dificultades cuando el acceso de las víctimas al sistema es limitado por el miedo; o cuando la exigencia de una constante reiteración de testimonios la cansan y la hacen desistir. En el sistema general, encontramos que la desestimación de las causas genera una debilidad, pero en este tema de la trata, la desestimación e incluso la falta de denuncia, llega al extremo de permitir concluir que el fenómeno no existe, lo invisibiliza.El objetivo del derecho penal de ser ejemplificativo y sancionador para quienes infringen y actúan al margen del ordenamiento jurídico, no se cumple.

Nuestro sistema jurídico ha tenido logros importantes en legislación, en reglamentos, e incluso con una fiscalía especializada en esta materia; pero sabemos que aunque necesaria, la ley no es suficiente. De ahí el mérito de la investigación que se presenta, que tiene una base científica y estudios de campo realizados en lugares de alta prevalencia de hechos relacionados con trata de personas, como la prostitución o el sometimiento sexual o laboral, entre otras. Lugares como San José, zonas fronterizas y polos turísticos, con entrevistas a personas clave de instancias públicas y privadas. Un estudioque nos indica puntualmente cuál es la efectividad de lo que se ha venido haciendo en la detección, investigación y juzgamiento de los delitos de trata de personas; en la atención y protección de las víctimas; y en el combate de este delito.Analiza el sistema de administración de justicia pero también a las distintas instituciones involucradas, en sus ámbitos de actuación.

Esta base es un insumo valioso que nos indica lo que no está bien, lo que se debe reforzar y, lo que es más importante, nos señala el rumbo, con recomendaciones en temas puntuales que debemos mejorar. Nos corresponde ahora actuar.

Personalmente estimo que la participación del Poder Judicial a través de la Fiscalía General, la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y sus unidades especializadas en Trata y Tráfico de Personas; y de personeros de la Oficina de Atención a la Víctima,ante la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) -instancia rectora del tema en Costa Rica –. Son las instancias institucionales con mayor posibilidad de impactar en la implantación de las recomendaciones hechas por el Informe, que será una hoja de ruta para la acción de estas dependencias en la investigación y detección de este delito, en su denuncia, pero particularmente –y en eso llamo la atención- en las mejoras que se deben implementar para el abordaje y la atención de las víctimas.

Llamo la atención en tres limitaciones evidenciadas por el informe a las que les atribuye la necesidad de una respuesta a corto plazo 1) la necesidad de una mayor y más eficiente colaboración interinstitucional; 2) másrecurso humano dedicado a la atención de situaciones de trata de personas y 3) mayor y mejor capacitaciónal personal involucrado.

Cuando yo veo todos los informes de mejora en cualquier tema lo primero que veo es mayor necesidad de recursos, y fundamentalmente, recurso humano. Creo que las finanzas públicas no están para pensar en más plazas, en más recursos. La situación financiera del país nos obliga a ser creativos con lo que tenemos, a buscar diferentes métodos de actuar con lo que tenemos; a cambios de actitud. En este punto dejo esta reflexión porque si las mejoras para una población tan vulnerable y tan afectada las dejamos sujetas a mayores recursos entonces eso nos paralizará por mucho tiempo más. Con lo que tenemos debemos trabajar mejor y ser más eficientes y eficaces.

Importantísimo mejorar en el trabajo coordinado, con la elaboración de protocolos de intervención que eviten duplicidad de acciones, que ahorren recursos y sobre todo, que hagan efectivos los existentes, porque si algo nos ha demostrado la experiencia es que los problemas generales del país no los puede resolver una sola institución. En nuestra experiencia institucional, puedo mencionar como ejemplo, el éxito que hemos tenido con los Equipos de Respuesta Rápida para las personas víctimas de violación, en los que participa personal de la Caja Costarricense de Seguro Social para facilitarle a las víctimas el no tener que trasladarse desde lugares lejanos hasta el Complejo Médico Forense, para la toma de pruebas.

Se señala también, puntualmente, el requerimiento de mayor especialización en la judicatura. Una escasa cantidad de sentencias y de víctimas acreditadas a pesar de que se cuenta ahora con mayor normativa y mayores recursos.Sin duda, la capacitación es fundamental desde las personas que abordan a las personas víctimas, a las pruebas, a la fiscalía y no solo a la judicatura. En el Poder Judicial estas dependencias cuentan con sus propios centros de formación y capacitación, a los que la Coalición podrá hacer las propuestas de capacitación respectivas.

De igual manera, pongo a disposición de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) el empleo de la aplicación móvil del Poder Judicial, como recurso que pueda contener información y sensibilización a grupos de población claves.

La ruta está presentada y definida y corresponderá ahora a las instituciones involucradas, a sus representantes en la Coalición, generar las acciones y los procesos de coordinación interinstitucional necesarios para abordar las falencias apuntadas. Destaco que es prioritario trabajar en la política nacional y en la fijación de un plan con metas, responsables y plazos bien definidos, para la obtención de productos tangibles y medibles.

Como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia tengo la confianza en el personal judicial y en quienes integran laCoalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT). Son profesionales con compromiso que, estoy segura, abordarán con gran responsabilidad, los planteamientos del Informe. Desde la Presidencia contarán con absoluto respaldo.

Mi reconocimiento ala Oficina Internacional de los Derechos del Niño y al Ministerio de Asuntos Globales del Gobierno de Canadá que han liderado el proyecto de Fortalecimiento de las instituciones para combatir la trata de personas en Costa Rica;a las personas que han liderado esta investigación, al señor Guillaume Landry, Director de la Oficina Internacional de Derechos del Niño y a la Sra. Karine Ruel, Directora de Programas de esa Oficina, por el valioso instrumento del que hoy hacen entrega. A la señora Vicepresidenta mi reconocimiento por su especial interés en el impulso a abordar esta problemática. Estoy segura de que fortaleciendo la unión haremos que este trabajo rinda frutos. Que el esfuerzo de tantas personas e instituciones en lograr este Informe, se vea reflejado en acciones concretas y exitosas, para el bien de tantas personas cuyas vidas y cuya libertad está ahora en nuestras manos. Muchas gracias.