Sentenciados
por drogas superan el 20% de la población en las cárceles
Magistrado José Manuel Arroyo llama a repensar las penas por
narcomenudeo
ACTUALIZADO EL 07 DE AGOSTO DE 2016 A
LAS 12:00 AM
Juez de
Sala III dice que las condenas por pequeñas ventas llenan hoy las celdas
Aboga
por penas alternativas en casos de ‘poca monta’ y atacar mejor a capos
Desde el máximo tribunal penal del país, surge una voz
que llama a repensar la forma como Costa Rica está castigando el tráfico de
drogas en pequeñas cantidades por considerar, entre otras cosas, que la
política vigente está llenando las cárceles por asuntos “de poca monta”.
José Manuel
Arroyo, magistrado de la Sala III y vicepresidente de la Corte Suprema de
Justicia, argumenta que el 20% de la población penitenciaria entró a la cárcel
por drogas, y que la mayoría de estas personas fue condenada por narcomenudeo
(cuando una persona vende pequeñas dosis, por ejemplo, cigarrillos de marihuana
o piedras de crack).
“No creo que tenga mucho sentido”, dice el magistrado
sobre la penalización actual, “pero esta es una discusión que la sociedad tiene
que dar”.
Por vender drogas se imponen hasta 15 años de prisión.
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criminal se debe replantear'
Arroyo sostiene que la penalización del tráfico de drogas
obedece a una decisión política “arbitraria”, con la cual se determinó, en
cierto momento, que el comercio de narcóticos debe ser penado porque daña a la
sociedad, pero no así la venta de licor y cigarros, aunque estos también puedan
provocar efectos negativos.
“Es una decisión política: ‘¿Esto está bien, esto no está
bien?’; tan arbitrario como eso”, dijo.
Prioridad. Para el magistrado Arroyo, se debe abrir el debate sobre
esta política criminal, siempre que sea con base en criterios científicos, pero
sostuvo que primero se deben repensar las penas por narcomenudeo.
Aboga por un cambio razonable que permita atacar los
casos más graves, a las cúpulas de las redes nacionales e internacionales y dar
alternativas para sancionar el pequeño tráfico.
Los casos por
narco constituyen la segunda causa de encarcelamiento en el país, con casi un
21% del total, según el estudio Política
Criminal y Encarcelamiento por Delitos de Drogas en Costa Rica , elaborado por Ernesto Cortés,
miembro de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas
(AECID) y del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).
Prácticamente la mitad de los condenados por drogas (un
47%) fueron inculpados por vender, mientras un 14% terminó tras las rejas por
transportarlas. Solo un 5,6% está preso por tráfico internacional, y un 0,6%,
por lavado.
En su mayoría, es gente de baja escolaridad.
Según un
muestreo de 202 expedientes judiciales, a los culpables de vender drogas se les
sentenció por comerciar, en promedio, menos de 0,2 kilogramos de marihuana o
cocaína, o menos de 0,04 kilogramos de crack .
“Se está
penalizando fundamentalmente el narcomenudeo, las pequeñas cantidades de droga,
sobre todo de cannabis (marihuana) y de crack .
”Las formas típicas del narcomenudeo están llenando las
cárceles (las cuales cuentan con limitados recursos), mientras los
contrabandistas y mafiosos desarrollan su negocio cómodamente, aunque
obviamente se les llega de vez en cuando a grandes decomisos o redes en
cúpulas”, sostuvo el magistrado.
“Si solo nos
concentramos en el narcomenudeo, las cárceles van a estar cada vez más llenas
de cosas de poca monta. Imagínese que, un día de estos, en la Sala III
conocimos un debate que hubo que anular por defectos formales y devolver para
un segundo juicio, donde a un indigente se le encuentra pasando una piedra de crack de 1,2 gramos. Esto es un ejemplo de
lo que no puede seguir pasando”, aseveró.
Solo un juicio, sin contar con los gastos carcelarios,
cuesta unos ¢6 millones.
De acuerdo con el estudio de Cortés, en cuestión de diez
años (del 2004 al 2013) se duplicó de 500 a más de 1.000 el número de
sentenciados anuales por drogas.
La mayoría de los encarcelados (un 60%) cumple una pena
de entre 5 y 7 años de cárcel. Solo un 3% recibió libertad condicional o una
pena alterna.
“Para estas pocas cantidades de droga habrá que encontrar
una salida, ya sea con penas alternativas o a través del programa de justicia
restaurativa, donde no se implique encerrar una persona”, propuso Arroyo.