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Nacionales
Fallo cuestiona a instituto por fundamentos del despido
Actualizado el 11 de agosto de 2016 a las 12:00 am
Funcionaria recomendó bajar sueldo de jefes que no fungían como tal
Por Juan Fernando
Lara S. jlara@nacion.com
Autoridades del ICE justificaron que rechazaron las recomendaciones de
la abogada porque temían demandas de los trabajadores y alegan que se ampararon
en el Estatuto de Personal. | WARREN CAMPOS PARA LN.
El ICE
deberá reinstalar a una abogada que fue despedida luego de denunciar posibles
irregularidades en la entidad.
Esta fue
la orden que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo al acoger una
solicitud de medida cautelar presentada por Gabriela Sánchez Rodríguez.
La
trabajadora había sido notificada de la separación del cargo el 19 de julio, cuando se encontraba
incapacitada.
El origen
del conflicto se remonta a agosto de 2015, cuando Sánchez, como abogada del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), redactó un criterio jurídico que
sugirió rebajar el salario a 300 funcionarios de la entidad que ganaban como jefes a pesar de que dejaron de serlo años
atrás.
Ella fue
instada a modificar la opinión jurídica, solicitud a la que se negó, al tiempo
que informó del asunto a la Contraloría General de la República y acudió a los
tribunales.
De
acuerdo con el fallo del Tribunal Contencioso, firmado por el juez Billy Araya
Olmos, la administración del Instituto efectúo una “imputación a todas luces
genérica” de supuestas faltas de lealtad, de respeto y de buena fe, “al emitir,
presuntamente, ofensas verbales y por escrito contrarias a la dignidad y el
decoro”.
En
criterio del juzgador, esa imputación, además, parece carecer de un verdadero
presupuesto fáctico que tenga por norte resguardar la legalidad y moralidad
administrativas.
Incluso,
dice Araya, “no deja de sorprender” que se haya impuesto el despido mientras
Sánchez estaba incapacitada.
Para él
“resulta no sólo irrazonable, sino, además, contrario a los principios
elementales de la justicia, y a las reglas elementales de la ciencia, en
detrimento de la inteligencia” como lo establecen los artículos 16 y el 216 de
la Ley General de la Administración Pública.
Por medio
de la oficina de prensa, autoridades del ICE comunicaron a este diario que por
“respeto a la independencia del Poder Judicial” no se referirían a la orden del
Tribunal de restituir a la abogada .
No
obstante, ayer por la tarde, en un comunicado, sí explicaron las razones por
las cuales rechazaron la recomendación que hizo Gabriela Sánchez de rebajar los
sueldos de funcionarios que ganaban como jefes sin que realmente lo fueran.
Por una
parte, dijeron, temían provocar una ola de demandas por parte de los
trabajadores, y por otra, consideraron que actuaban al amparo del Estatuto de
Personal de la entidad.
Entre
tanto, la afectada adelantó que continuará la batalla para que judicialmente se
discuta el fondo de este asunto.
“En
adelante agotaré toda instancia requerida para obtener un fallo que establezca
si hubo o no motivo legítimo para disponer mi despido. Para ello es
indispensable que se mantenga la decisión cautelar del señor juez, por lo que
lucharé hasta el final”, comentó Sánchez .
En el
Congreso. Además de la resolución judicial, el despido de la
abogada también fue motivo de reclamos por parte de diputados.
Doce
legisladores de cinco fracciones enviaron una misiva al presidente Luis
Guillermo Solís para pedirle investigar la “persecución laboral y política”
contra la funcionaria, quien tiene 11 años de carrera.
Los
diputados apuntaron contra la directora jurídica del Instituto, Julieta
Bejarano, a quien consideran responsable del cese de la abogada.