Estado ahorra
95% de plata con Justicia Restaurativa
Casos
se resuelven 24 veces más rápido
El
Estado costarricense cuenta desde el 2012 con un Programa de Justicia
Restaurativa que se convierte en una herramienta o “un medio de resolución
alterna de conflictos y que contribuye a la solución judicial de conflictos
penales con una mayor humanización”.
La
Justicia Restaurativa implica un ahorro de recursos públicos de un 95% en
relación con los casos tramitados mediante los procesos ordinarios. Un informe
rendido en el 2014 por la dirección de Planificación del Poder Judicial de
Costa Rica determina que un proceso penal ordinario tiene un costo para el
Estado de ¢6.665.157 (seis millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento
cincuenta y siete colones), y el proceso penal resuelto por Justicia
Restaurativa sale en ¢339.998 (trescientos treinta y nueve mil novecientos
noventa y ocho colones).
Además
del ahorro de recursos el modelo de atención cumple con el principio de
justicia pronta y cumplida; un caso tramitado mediante Justicia Restaurativa se
resuelve al menos 24 veces más rápido que uno en sede penal ordinaria.
Según
los datos del Programa de Justicia Restaurativa del Poder
Judicial, a febrero de 2016 señalan que las personas que cometieron algún
delito menor realizaron 117.534 horas de servicio comunitario, 16.450 de
procesos socioeducativos, 1.277 de procesos terapéuticos, 37 meses de
internamiento por adicciones y 92 millones de colones en donaciones a
organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
La
Justicia Restaurativa no es exclusiva de Costa Rica, este mecanismo de
resolución de conflictos y restaurativo se desarrolla en Brasil, Colombia,
México y Argentina.
En
Costa Rica se aplica en el Primer Circuito Judicial de San José, Tercer
Circuito de Heredia, Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y Segundo Circuito
Judicial de Limón.
Los
beneficios en la aplicación de la Justicia Restaurativa será el tema que
discutirán un grupo de expertos y estudiantes de derecho de la Universidad
Hispanoamericana, mañana a partir de las 6:30 p.m.
De
acuerdo con el programa los procesos aplicados con este instrumento jurídico
duran en promedio un mes, a diferencia del aplicado con el instrumento
ordinario, que tarda hasta dos años y le economiza al Estado 95% de sus
recursos.
La
actividad se realizará en el auditorio de la Universidad Hispanoamericana
ubicada en el edificio principal del centro académico en Llorente de Tibás.
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga EMAIL: auxiliadora.zuniga@diarioextra.com Martes 26 Julio, 2016