Linces
decomisan arma a municipal
Sala IV condena al Ministerio de Seguridad
El 26 de marzo un
hecho por parte de un oficial de la Policía Municipal de San José, identificado
como Jason Vinicio Serrano Cantillo, que en principio debería ser legal terminó
lleno de cuestionamientos.
En
esa ocasión aprovechó su día de descanso para compartir con varios amigos y
vecinos del barrio donde vive, Lomas del Río, Pavas. Cuando habían pasado algunos
minutos fueron abordados por varios motorizados del Grupo de Apoyo Operacional
(GAO), ahora conocidos como Linces, quienes les pidieron documentación.
Serrano
se identificó y les informó a los Linces que tenía un arma registrada y contaba
con el respectivo carné de portación. Todo lo entregó a las autoridades,
quienes se alejaron para a hacer la consulta por radio de comunicación.
“Me
dijeron que los papeles estaban en regla y sin antecedentes, pero me indicaron
que me iban a quitar el arma y que ahora tenían una nueva directriz respaldada
por el Ministerio Público, que por la incidencia de los delitos en Pavas los
facultaron para decomisar todas las armas, aun cuando estas estén en regla”,
denunció.
INCONSTITUCIONAL
Tras
el decomiso, el oficial cuestionó la acción de los Linces, por lo que se
presentó a las oficinas del OIJ en San José y después de describir el hecho le
confirmaron que el procedimiento era a todas luces irregular.
“Me
hicieron el acta de decomiso, me quitaron el carné y el arma. Para salir de
dudas me fui para el OIJ y allí me dijeron que era inconstitucional y una
acción arbitraria por parte de los Linces. El arma me la dieron un mes después
y luego el recurso me lo declararon con lugar”, manifestó Serrano.
La
Sala Constitucional ordenó en el fallo al ministro Gustavo Mata y al jefe del
GAO que de forma inmediata se abstengan de realizar actos como los descritos en
el recurso presentado ante esa dependencia.
Por
medio del departamento de prensa el Ministerio de Seguridad se refirió al
fallo: “A nivel institucional las directrices en cuanto al decomiso de armas
son claras, incluso respaldadas por la misma Sala Constitucional en el sentido
de que la portación de armas no es un derecho, es una autorización que da el Estado
y que debe ser regulado por Seguridad Pública y es así como trabajamos”.
GUSTAVO RETANA | JUEVES 09 JUNIO, 2016 gustavo.retana@diarioextra.com