Magistrada Julia Varela Araya Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para la Población Migrante y Refugiada 4 diciembre 2016

Con alegría afirmo que la materia laboral ha sido una prioridad a lo largo de estos dos últimos años de trabajo en el marco de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

Se ha trabajado con fuerza y determinación en conocer mediante diagnósticos cuál es la realidad que enfrentan las personas usuarias migrantes y refugiadas cuando se acercan a interponer una demanda laboral, así como cuando están inmersas en un proceso de este tipo. Sin embargo, este conocimiento lo que nos ha demostrado es que todavía falta mucho camino por recorrer.

Es bien sabido que las personas que migran a este país, lo hacen buscando mejorar sus condiciones de vida para ellas mismas y sus familias. Aspiran a insertarse al mercado laboral, contribuir a la economía del país, recibir un trato justo por su trabajo y sostener de esa manera a sus familiares dependientes.

Lastimosamente debo afirmar que para muchas de estas personas migrantes y refugiadas la realidad es otra. Existen verdaderas barreras que van desde el conocimiento a sus derechos hasta la forma en cómo ejecutar una sentencia. En el intermedio de este largo y, muchas veces, penoso sendero, es que la institución y el personal judicial debemos esforzarnos por visibilizar estos nudos en el acceso a la justicia, corregirlos y ofrecer mecanismos correctivos para facilitar y convertir en una realidad el acceso y ejercicio de este derecho humano.

Desde la Subcomisión para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial se han examinado las particularidades del fenómeno permanentemente, lo que ha originado la acogida por parte de los órganos superiores institucionales, de manera muy positiva, para adoptar directrices y lineamientos que colaboren con el personal judicial en orientarle a la oferta de servicios judiciales apegados a nuestras competencias, respetuosos de las normas, pero garantizando al mismo tiempo accesibilidad y no discriminación.

De este modo, el Poder Judicial cuenta no solo con una política institucional ajustada a las características y necesidades de la población migrante y refugiada, que es de acatamiento obligatorio para todo el personal de despachos y oficinas judiciales, sino también con la Directriz sobre validez de documentos de identidad de 2013 y la Circular sobre disposiciones para el acceso efectivo a los procesos judiciales laborales de 2014.

Asimismo, hemos podido avanzar en coordinaciones intersectoriales precisamente para garantizar el efectivo acceso a los derechos a partir de una sentencia judicial, ya que el acceso a la justicia también abarca la ejecución en buen término de una sentencia por parte de la población usuaria. Ejemplo de lo anterior es el acuerdo obtenido este año para que el Banco de Costa Rica adaptara su política de conozca a su cliente, reconociendo las necesidades y particularidades de las mujeres migrantes en condición irregular que son beneficiarias de una pensión alimentaria para sus hijos o hijas.

Desde la Subcomisión nos alegra profundamente que Conamaj, sus jerarcas integrantes y su personal de apoyo, haya dedicado esta especial publicación al tema laboral. Esta acción viene a aportar mayor presencia y visibilidad a la justicia laboral migratoria, logrando abarcar con este mensaje a muchos públicos que deben conocer del tema.

El enfoque de la información contenida en la Agenda, orientada a la educación legal popular, facilita la comprensión y difusión de información clave, en donde se destaca el tema de los derechos irrenunciables de las personas trabajadoras en nuestro país.

Este aspecto es sumamente sensible y, por tanto, celebro que se haya contemplado en esta publicación e incluso se le haya dado un lugar de privilegio, al presentar de forma casuística y anecdótica casos que contienen explicaciones sobre derechos irrenunciables de toda persona trabajadora, al inicio de cada mes del año.

En los juzgados, tribunales e incluso hasta en la Sala, nos topamos con personas que, bajo presiones patronales o desconocimiento, dejan de lado sus derechos fundamentales, a los que no se podría renunciar, pero que al desconocerlo, no los solicitan dentro de una demanda laboral por ejemplo. Ahí es donde como operadoras y operadores de justicia debemos actuar y hacer valer esos derechos.

Debido a las dinámicas de la Subcomisión hemos podido percatarnos de situaciones muy gravosas que están sucediendo en nuestro territorio, violaciones graves a los derechos laborales que desconocíamos y en donde las personas tanto nacionales como extranjeras, estas últimas con mayor vulnerabilidad, son objeto de sistemáticas y nocivas prácticas, abusos e hasta persecución, por parte de sus patronos.

Documentos y manuales que se están preparando, gracias a la valiosísima colaboración de especialistas en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), enriquecerán la oferta de herramientas prácticas y operativas para el personal judicial de la material laboral, con miras a fortalecer su trabajo garantizando el derecho de acceso a la justicia para todas y todos.

Agradecemos la valiosa oportunidad que nos brindan estas sinergias en la Subcomisión, ya que de esta manera se materializan proyectos y mejoras constantes en el sistema de administración de justicia, en beneficio de los sectores más vulnerables de la población habitantes del territorio.

Los avances y logros alcanzados satisfacen, a la vez, que sirven de motor que nos impulsa a seguir construyendo un mejor mañana, con una justicia más humana y sensible. Esa es la misión de quienes transitamos temporalmente por este sendero y nuestra responsabilidad es heredarle a las futuras generaciones una institucionalidad con servicios públicos de calidad, efectividad y con visión humanista.

Finalizo esta reflexión con una cita textual de la investigación de OIT titulada “La persona trabajadora migrante en la jurisprudencia constitucional: principio de igualdad y derecho al trabajo” del presente año:

“No importa de qué actividad productiva se trate, ni cuáles sean los derechos laborales discutidos, lo cierto es que en el ordenamiento jurídico nacional, el derecho al trabajo se vincula inseparablemente al principio de igualdad y en consecuencia, toda diferenciación de trabajo laboral que atienda a la nacionalidad de las personas se tiene como una afrenta a la dignidad del ser humano.”

Agradezco la atención a este mensaje. Muchas gracias.