San José, Costa Rica | Edición: Miércoles 4 de Noviembre del 2015
OPINIÓN
Josué
está de pie. Apenas tiene 4 años. Dibuja una sonrisa en
su inocente rostro, sobre su cuello tiene un estetoscopio y en la
camisa que lleva puesta se puede ver un barco y peces. Es un niño
como cualquier otro.
Sin embargo, hay algo que lo diferencia de los demás, Josué está luchando por su vida. En esa batalla cuenta con dos aliados, sus padres: Giselle Pérez y César Hernández. Ambos acudieron a la Sala Constitucional en busca de ayuda y la encontraron.
Miles de costarricenses acuden a los magistrados para encontrar en ellos la humanidad que, de alguna forma, se ha perdido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Josué y sus padres lograron que una orden de la Sala Constitucional abriera el programa de trasplantes en el Hospital Nacional de Niños. El mandato fue directo. Se debe practicar el trasplante a Josué aquí o en el exterior.
¿Por qué los costarricenses hemos tenido que acudir a la Sala IV para defender el derecho a la salud? La respuesta es incierta.
La máxima institución de la salud en Costa Rica cumplió en esta semana 74 años y nadie duda que es la que ha sostenido la seguridad social en Costa Rica. ¿Entonces qué pasó en materia de planificación? ¿Con el paso del tiempo se ha convertido en una institución que no escucha ni siente? Difícilmente.
La Caja la integran miles de trabajadores que tienen una gran sensibilidad por el ser humano, gente que todos los días se levanta con el único fin de ayudar a los demás y esa es la gran mayoría.
El tema del trasplante de hígado en el Hospital de Niños merece una revisión integral. Se debe encontrar quién o quiénes, en esta o en las pasadas administraciones, tomaron decisiones sobre su futuro.
Además, también se debe revisar las actas de la Junta Directiva de la Caja en las cuales se discutieron los problemas que afectaban el programa, las soluciones que plantearon y por qué no se ejecutaron.
Si una institución cuenta con una junta directiva que incide, de forma directa, en todo su funcionamiento, entonces en esas personas pesan responsabilidades de las acciones que hayan o no tomado. El programa tiene dos años paralizado.
No podría pensar ninguna persona, menos un niño, que en un país donde se vela por su seguridad, un grupo de personas haya paralizado, por cualquier razón, un programa y este incida directamente en su salud. Incluso sea la razón por la cual deba acudir a la Sala Constitucional porque de por medio está su vida.
Los magistrados defienden el derecho sagrado a la vida. En ese sentido, saben que la institución que debe velar por eso es la Caja. ¿Por qué tienen que ordenar a esa institución buscar las soluciones que sean necesarias para ayudar al pequeño Josué?
¿No se trata todo esto de tomar las decisiones a lo interno de la institución y no esperar el recurso de amparo?
Sin duda es una gran satisfacción para los padres de Josué ver que gracias a ese recurso de amparo se logró reabrir un programa que sin duda beneficiará a miles de niños, que por cierto, son lo más importante para Costa Rica.