La Sala Constitucional
ordenó reintegrar a una estudiante de la Escuela Social Juan
XXIII de Limón, quien es beneficiaria de una beca del programa
Empléate del Ministerio de Trabajo, tras ser expulsada.
En
la resolución 2015012975, el ente constitucional declaró
con lugar el recurso de amparo interpuesto por la beneficiaria por
lesión al debido proceso, lo que implica que la amparada podrá
continuar cursando Inglés para la Comunicación con
Turistas.
De acuerdo con Luis Diego Mejías, director
administrativo y financiero de la Escuela Social Juan XXIII, en
repetidas ocasiones se le advirtió a la estudiante de forma
verbal por el incumplimiento a varios reglamentos, aunque hizo caso
omiso.
Mejías defendió ante la Sala mediante un
extracto de la Carta de Compromisos del Programa, donde se establece
“el respeto a las relaciones con sus compañeros/as,
docentes, personal administrativo, personal de seguridad y en
general, respetar la integridad física y emocional; y no
propiciar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres
de las personas y de las instituciones”.
Según
la carta mencionada, ellos tienen la obligación de denunciar
oportunamente cualquier anomalía en la ejecución del
programa al Departamento de Generación de Empleo, por lo que
procedieron el 24 de junio de 2015 a enviar un informe a la Dirección
Nacional de Empleo de dicho Ministerio, referida a lo sucedido.
Por
su parte, Andrés Romero, director nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo, defendió que debido a las indicaciones
dada por representantes de la escuela, con respecto de comportamiento
y disciplina, procedieron a expulsarla del Programa.
Sin
embargo, la afectada adujo una violación a su derecho a la
educación, pues no cuenta con dinero para costear sus
estudios. La Sala ordenó restituir a la recurrente tanto para
que finalice el curso como para obtener el beneficio económico
del programa. Además, condenó a la Escuela Social Juan
XXIII al pago de costas, daños y perjuicios causados contra la
estudiante.