Funcionarios tienen presupuesto anual de ¢7 millones para atender 24 territorios indígenas, y no tiene carro para movilizarse.
¿Se garantiza el derecho fundamental del acceso a la justicia a los pueblos indígenas en Costa Rica? En el país, hay identificados 24 territorios indígenas, 8 etnias con sus respectivas características y un poco más de 104 mil ciudadanos indígenas, según el último Censo Nacional de Población del año 2011, recopilado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Si bien la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) trabaja en coordinación con las otras 14 fiscalías territoriales designadas para atender asuntos indígenas, el trabajo es arduo: en lo que llevamos del 2015, se recibieron 329 denuncias, según datos de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías (UMGEF).
Muchas de las denuncias corresponden a particularidades referentes a áreas de estudio en las comunidades, tema en el que los fiscales no poseen expreso conocimiento.
Además, se unen factores como la falta de presupuesto, la ausencia de un vehículo para movilizarse a las distintas comunidades; asimismo, la ausencia de nombramientos para antropólogos, trabajadores sociales y abogados especialistas en la materia dificultan el desarrollo de los procesos.
Esta unidad del Ministerio Público cuenta con una trabajadora social “prestada” por la Fiscalía de Atención a la Víctima (FAV) y es quien ofrece capacitaciones. Por su parte, la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica (UCR) es un aliado indispensable para abordar con pertinencia cultural y criterio antropológico los procesos de penalización en asuntos indígenas.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) se creó en el año 2009 por el entonces Fiscal General de la República, Francisco Dall’Anese, quien dictó una circular donde indicaba la necesidad de crear un ente especializado y encargado de la población indígena, además de obedecer varios mandatos internacionales que implicaban tener un órgano con tales características.
No obstante, en ese inicio de la fiscalía no se detalla ni se planifica una función estructural-organizacional dentro del Ministerio Público. “Sólo se toman dos plazas adscritas a la Fiscalía General, por un tema de acceso a la justicia penal, pero no se establecen con claridad objetivos, funciones, ni tampoco se adscribe directamente como fiscalía”, detalló Carlos Meléndez, fiscal adjunto de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.
A pesar de su media década de funcionamiento, hasta el año anterior se comenzaron a consolidar los procesos judiciales desarrollados por la fiscalía, con la designación de un fiscal adjunto, a quien le correspondió montar una estructura organizacional y una visión clara de objetivos y obligaciones.
No es lo mismo acusar a un ciudadano no indígena que a uno indígena, son contextos y situaciones socioculturales distintas que se deben tomar en cuenta rigurosa y equilibradamente durante un proceso penal.
“La Fiscalía de Asuntos Indígenas se encarga de visitar a las distintas comunidades, se hacen mapeos para ir identificando cuáles son las especificidades que hay que tomar en cuenta dentro de las investigaciones, en razón del tratamiento especializado que se debe desarrollar”, comentó Ariana Céspedes, fiscal coordinadora de la FAI.
Además, la FAI desarrolla un plan anual estratégico a partir de registros sobre actividad delictiva en indígenas, los cuales se solicitan a las fiscalías territoriales cada 3 meses; de esa forma se identifican los delitos con mayor incidencia y se trabaja en las visitas a las comunidades capacitándolas sobre los delitos de mayor incidencia. En el caso del primer semestre del 2015, se ha capacitado en delitos sexuales particularmente a menores de edad, delitos de usurpación y agresiones con arma.
Además, en las visitas se hacen entrevistas semiestructuradas por grupos etarios, para tener la visión de distintas personas de la comunidad y generar al menos una fotografía de lo que está sucediendo en la comunidad.