Investigación realizada a un grupo de mujeres privadas de libertad por pensión alimentaria, de edades comprendidas entre los 23 y 40 años y residentes de diferentes zonas del país, reveló que un alto porcentaje de esta población, presentan factores importantes de estado de vulnerabilidad.

Una investigación realizada a un grupo de mujeres privadas de libertad por pensión alimentaria, de edades comprendidas entre los 23 y 40 años y residentes de diferentes zonas del país, reveló que un alto porcentaje de esta población, presentan factores importantes de estado de vulnerabilidad.

El estudio realizado por las juezas Nubia Villalobos Chacón y Marlene Castillo Prado, y denominado “Análisis integral del funcionamiento del sistema de justicia en los procesos de pensiones alimentarias, en caso de mujeres demandadas y privadas de libertad en el Centro Institucional El Buen Pastor, en el periodo del II semestre del año 2013 y I semestre del año 2014”, determinó que estas mujeres presentan factores importantes de considerar a nivel cultural, económico, de educación, de género; el cual no es tomado en cuenta por los juzgadores y juzgadoras.

“Las variables que presentan algunas de estas mujeres, como el consumo de droga y alcohol, son circunstancias que en ocasiones, no se conocen en el proceso…” expusieron las juezas.

“Coordinar acciones conjuntas con instituciones del Estado, como el IMAS, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INA, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Municipales entre otros, para que brinden apoyo a estas familias en condiciones de pobreza, integrándolas a programas de bienestar social, mediante la instrucción y capacitación, que les permita acceder mejores opciones de trabajo, y en caso de presentar problemas de salud, sean remitidas a los centros médicos respectivos para les brinden la atención que requieran”, fueron algunas de las recomendaciones que señalaron Villalobos y Castillo durante la exposición.

El estudio analizó casos comprendidos entre los períodos del II Semestre del 2013 y I Semestre del 2014 y también abordó otros temas como el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre los derechos humanos de las mujeres, la asistencia legal gratuita, interpretaciones del artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias de la Sala Constitucional, la aplicación en las resoluciones y sentencias del Subsidio Supletorio del Estado, previsto en el artículo 38 del Código de Niñez y Adolescencia y la debida fundamentación de las resoluciones judiciales en materia alimentaria.

Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge el estudio brinda datos objetivos importantes para una mejor calidad de la justicia. “Me satisface mucho que la institución invierta recursos en este tipo de investigaciones, y que pueda retribuirse no solo a nivel personal, sino también institucional”, señaló.

Por su parte para la magistrada Eva Camacho Vargas, Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia del Poder Judicial indicó que los resultados de la investigación son muy importantes y de mucha trascendencia para la institución. “La propuesta nació ante la preocupación existente, sensible y de mucho impacto, sobre lo que estaba pasando con las mujeres privadas de libertad por pensiones alimentarias”, comentó la magistrada Camacho.

La investigación se realizó en consideración de un acuerdo tomado por el Consejo Superior del 12 de diciembre del 2013, en el que se trasladó a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia y la Secretaría Técnica de Género una preocupación de la Defensa Pública, de analizar de manera integral y urgente, la problemática de mujeres privadas de libertad en el Centro Institucional el Buen Pastor por pensión alimentaria; tema que fue seleccionado ante una propuesta de la Universidad Nacional, en la Maestría de Administración de Justicia, con énfasis en Relaciones Familiares.

Licda. Nubia Villalobos Chacón; Jueza del Juzgado Contravenciónal y de Menor Cuantía de Zarcero
“El llevar a cabo esta investigación, constituye un aporte importante en el respeto de los derechos fundamentales de estas mujeres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y que nosotros como estado democrático de derecho, debemos resolver.”

Licda. Marlene Castillo; Jueza Juzgado Segundo de Familia de San José
“Esta investigación me interesó mucho, porque es un tema en el que yo estoy trabajando y representa un buen aporte para la institución que puede traer resultados positivos para estas mujeres”.