Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Con la entrega formal que realiza el Programa Estado de la Nación, del Primer Informe Estado de la Justicia en Costa Rica, se concreta un proceso impulsado por el Poder Judicial, desde hace muchos años, que me satisface.

La idea de crear un observatorio externo al Poder Judicial, con una base técnica, seria, con un enfoque sociológico e independiente a la institución, existía desde hace bastante tiempo. Precisamente, fue en el segundo préstamo Corte-BID, que comprendió los años 2002-2012, donde se contempló la creación de un observatorio, el cual no llegó a concretarse sino hasta el 9 de diciembre de 2011, con la firma del Convenio entre el Poder Judicial representado por su Presidente Luis Paulino Mora y el Consejo Nacional de Rectores Conare-Programa Estado de la Nación, para desarrollar un Informe especialmente referido al Estado de la Justicia en nuestro país.

Qué es lo que el Poder Judicial busca obtener a través de un informe de esta naturaleza? Nuestro objetivo es la transparencia. Es contar con la visión de un ente serio que desde fuera y de manera objetiva nos analice, nos brinde su criterio, o señale errores, sobre temas de trascendencia en la administración de justicia, y que nos permitan mejorar. Este fue el objetivo por el cual, desde la propia institución se buscó la obtención de este informe. No contratamos para que nos digan cosas bonitas. Nuestro interés es abrir los canales y fuentes de información internos, ponerlos a disposición de la sociedad, del público en general, contar con insumos para actuar; sin ningún temor ni reserva a que se nos valore desde afuera. Por el contrario, creemos que la construcción y la permanencia del Poder Judicial deben ser producto de la interacción entre quienes definen las políticas de la institución, y la sociedad, de manera que todos y todas seamos parte de un ejercicio democrático en la consolidación de la administración de justicia. Es una herramienta de control, que la sociedad podría utilizar.

Desde hace muchos años la institución ha venido adoptando múltiples políticas y acciones con el objeto de que los servicios de administración de justicia sean eficientes, con calidez humana, con garantías de acceso para las personas usuarias; y sobre todo, con absoluto respeto a la ley y a los más altos valores de nuestro sistema jurídico. Con ese fin la institución ha invertido en la construcción de edificios, en el crecimiento de la planilla judicial, en la apertura de despachos judiciales en diversas zonas del país; en garantizar adecuadas condiciones laborales para su personal de tal manera que no resulte vulnerable a intereses externos -precisamente, esa fue la visión que se tuvo al crearse un régimen de pensiones.- Con visión se ha tratado de consolidar una institución que como Poder de la República genere confianza en la población. Sin embargo, es propicio generar un nuevo espacio de reflexión para analizar lo que se ha hecho; y a partir de esa base, adoptar acciones y medir resultados.

La misión constitucional del Poder Judicial es la administración de justicia. También constitucionalmente, los funcionarios y funcionarias judiciales tenemos la obligación de prestar un servicio eficiente y de calidad. En muchas ocasiones la cotidianidad nos envuelve y nos limita los espacios para la reflexión. Asumimos, con tanta normalidad nuestras funciones cotidianas, que llegamos a pensar que lo lo hacemos bien, sin ningún cuestionamiento. Esta situación la vivimos en muchas oficinas judiciales donde el día a día se confunde con la costumbre, y nos mantenemos haciendo lo mismo, sin reflexión, sin innovación. En ocasiones escuchamos voces que nos alientan a hacer cosas diferentes, y no lo hacemos, no porque haya una actitud deliberada a desoír lo que otros dicen sobre el Poder Judicial, sino porque la mayor parte de las críticas que se reciben no vienen sustentadas en informes o criterios técnicos u objetivos.

Nuestra visión de una administración de justicia moderna, que contribuya al desarrollo humano, económico y social del país, exige que contemos con una base sólida donde podamos visualizar y medir el estadio en donde nos encontramos, cuánto hemos avanzado, qué debemos mejorar; y definir, en que dirección debemos orientar los esfuerzos institucionales.

Este informe constituye esa línea de partida, objetiva y medible. Como prueba de la independencia e imparcialidad con que ha sido generado, se destaca que la selección de los temas fue realizada por el propio equipo del Estado de la Nación. Esta investigación tiene el mérito de ser pionera en datos inéditos, que además del valor práctico que tiene para la actualidad, significará una valiosa herramienta para la historia institucional. Visualizar el camino de consolidación del Poder Judicial, a través de la historia, su desarrollo, su independencia, y constituirse en un actor político de nuestro días; valorar la materia penal, tan sensible para la seguridad ciudadana; la jurisdicción laboral, de tanta importancia para las condiciones de vida y el nivel general de desarrollo de la población, así como el impacto de la gestión judicial en la salud pública, son algunos de los resultados que evidencian el impacto que pueden tener las conclusiones obtenidas en esta investigación.

Se genera una línea base con datos, indicadores, análisis objetivos, alertas, propuestas de seguimiento, desafíos institucionales; una amplia plataforma de datos de libre acceso para toda la población, que puede ser consultada por medios electrónicos y que desde ya ponemos a disposición del público.

Como indiqué, es el equipo de investigación del Estado de la Nación el que definió los temas a investigar y analizar. Sin embargo, me siento satisfecha de señalar que este Informe presenta indicadores positivos en algunos temas, que también merecen destacarse. La divulgación de otros aspectos estoy segura que se está realizando ya. Por ejemplo, menciona el impacto positivo que ha tenido el programa de flagrancias en materia penal. En lo laboral, si bien es cierto se mencionan algunas falencias del sistema, falta de asesoría a la parte trabajadora, no asistencia de testigos, posibilidad de desequilibrio entre las partes en la conciliación, también se informa que el 78% de las sentencias acogen total o parcialmente las pretensiones de la persona actora; igualmente relevantes son las afirmaciones en cuanto al impacto de las resoluciones judiciales en el sistema de salud. Debo aclarar que los datos obtenidos corresponden al periodo anterior al 2013; y la institución ya está trabajando en indicadores de gestión así como en herramientas para el monitoreo de la función judicial en diversos ámbitos.

Destaco que los esfuerzos realizados para concretar esta investigación no serán en vano. El mismo informe demuestra la capacidad de la institución de renovarse a sí misma; de promover los cambios, los procesos de reforma, cuando lo ha estimado necesario. De manera que este será un insumo en esa vocación del Poder Judicial Costarricense de transformarse y mejorarse. El compromiso será la atención de cada uno de los hallazgos, mediante la asignación a los despachos, comisiones u oficinas competentes para que brinden propuestas para su abordaje y seguimiento.

Quiero concluir estas palabras agradeciendo al equipo técnico y profesional del Estado de la Justicia que colaboró con la recopilación de los datos e investigación que sirvió de base al informe. Al Consejo Académico Asesor que revisó y validó los planteamientos hechos en el informe; y por supuesto, al Consejo Nacional de Rectores, al señor Jorge Vargas Cullel, Director del Programa Estado de la Nación; y a la señora Evelyn Villarreal, coordinadora de la investigación del Primer Informe Estado de la Nación, por la responsabilidad y dedicación con que han dirigido este trabajo. A los funcionarios y funcionarias judiciales que les abrieron sus puertas a las personas investigadoras de manera que facilitaran la recopilación de los datos y estadísticas que sustentan las conclusiones del informe.

Reitero mi confianza en que el trabajo y los recursos que han sido destinados a la consecución de este informe darán sus frutos. Esta será una herramienta de consulta obligada no solo para quienes laboramos en la institución sino para analistas, políticos, juristas y la sociedad en general, en tanto nos permita abordar la verdadera realidad de la administración de justicia, reconocer los aciertos y adoptar acciones en lo que debamos mejorar, tarea que nos corresponde a todos y a todas, que servimos en esta institución.

Muchas gracias!