Mag. Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La exclusión de las mujeres en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos es un fenómeno de índole estructural y multidimensional.

Dificulta la inserción y actuación de las mujeres y de sus familias en los ámbitos económicos, sociales y políticos, afectando su posibilidad de influir y participar equitativamente en los sistemas y procesos políticos.

Su marginación de las instancias del Estado respecto del poder de decisión, de la representación política y de los recursos públicos pone límites a la democracia y al ejercicio de su ciudadanía de pleno derecho.

A veinte años de la adopción de la Convención de Belém do Pará, la región de América, al igual que el resto de sociedades  mundiales, continúa presentando una deuda histórica en relación con los derechos de las mujeres.

Al observar hoy el progreso lento e irregular hacia la igualdad de género, parece que tuvimos la expectativa exageradamente ambiciosa de acabar en 20 años con un régimen de desigualdad de género que data de miles de años atrás.
De toda esta violencia estructural y sistémica, la más grave es aquella que atenta directamente contra la vida de las mujeres, me refiero a los femicidios, tentativas de femicidio y lesiones.

Del año 2008 al año 2013,  según la Sección de Estadísticas del Poder Judicial,  67 mujeres perdieron su vida a manos de quienes debían protegerlas, sus parejas. De estas 24 murieron por arma de fuego, 21 con arma blanca y 15 por asfixia.

Adicionalmente al concepto de “femicidio” que es el contemplado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, el Poder Judicial, ha creado la variable de registro estadístico denominada “femicidio ampliado” la cual permite visibilizar todas aquellas muertes de mujeres contempladas bajo los parámetros de la Convención de Belém do Pará, y que quedan por fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Penalización.

En el período del año 2000 al año 2013, se registraron 248 muertes de mujeres por femicidio ampliado, siendo la mayoría de los perpetradores los ex concubinos de esas víctimas, o un hombre atacante sexual desconocido. Así mismo, en el 62% de los casos, los detonantes identificados fueron “ataque sexual” y “conducta posesiva del atacante” , tradicionalmente mal llamada “celos”.

A lo anterior, se suma el hecho de que anualmente en promedio se solicitan alrededor de 50,000 medidas de protección en los Juzgados de Violencia Doméstica y se interponen en promedio 21, 000 denuncias por concepto de Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Es esta violencia grave, que el Poder Judicial busca abordar cada vez de manera más efectiva, con miras al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como Estado costarricense,  de prevenir, investigar, sancionar y reparar a la víctima y sus familias.

El componente a ejecutar por parte del Poder Judicial, en el proyecto BA1, tiene énfasis en la prevención, investigación y sanción de los delitos más graves cometidos contra las mujeres.

Si bien es cierto el proyecto tiene su énfasis y mayor inversión en una multiplicidad de áreas, más allá del femicidio, como lo analizaré más adelante, la mayor cantidad de acciones que involucran a nuestra institución en el proyecto, se centran en las funciones legales y constitucionales que nos corresponden, de ahí el impacto que se desea lograr en la erradicación de la impunidad y en la detección del riesgo en etapas tempranas, para prevenir que el resultado de esa violencia sea la muerte.

Este proyecto ha permitido desarrollar una novedosa metodología de trabajo mediante la creación de los Comités locales para la atención inmediata de casos de ato riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS), son grupos de trabajo interinstitucionales a nivel local especializados en la atención inmediata de situaciones de alto riesgo de muerte por violencia contra las mujeres;  integrados por una Fiscala o Fiscal del Ministerio Público, Jueza o Juez de Violencia Doméstica y  policía de la Fuerza Pública y una representante del INAMU.

La gran virtud de este proyecto, que hoy nos reúne, es que ha permitido el diseño y ejecución de una política pública que posiciona al Estado como una entidad única, que mediante la coordinación de sus diferentes instituciones, debe dar una respuesta integral, interinstitucional,  transdisciplinaria efectiva y eficaz a las mujeres víctimas de violencia.

En tal sentido, el proyecto logra dimensionar las complejas causas multifactoriales que generan y mantienen la violencia contra las mujeres; logra visualizar, mediante la aplicación del modelo ecológico, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, la necesidad de acciones en el ámbito, individual, relacional, comunitario y social, en el cual se desenvuelve la vida de las mujeres; estableciendo acciones específicas en cada una de estas áreas.

Los Jefes de Estado y Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aprobaron en su XXXI Reunión Ordinaria, celebrada en Guatemala el 12 de diciembre de 2007, la denominada Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), con el firme propósito de aportar en la creación de ambientes de mayor seguridad personal y patrimonial.

A través de 4 componentes, la estrategia pretende: combatir el delito, prevenir la violencia, enfocarse en la rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria y apoyar en el fortalecimiento de las instituciones.

Respecto al competente de prevención de la violencia, ESCA pretende aportar en la identificación y atención de los factores de riesgo de la violencia en la región, haciendo especial énfasis en la violencia que afecta a la juventud, la violencia de género contra las mujeres, la violencia armada, el tráfico ilícito contra migrantes y la tratada de personas, así como de flagelos como el consumo de drogas y el cambio climático.

Partiendo de este componente, es que contamos hoy con el proyecto que tienen como fin la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio (“B.A.1 Prevención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio/feminicidio en Centroamérica”).

Fortalecer la capacidad de respuesta que las instituciones damos a la prevención y atención de estas formas de violencia contra las mujeres, desde un enfoque de género y derechos humanos, en los ámbitos local, nacional y regional. Por ello, además de implementarse en Costa Rica, se ejecuta en los demás países centroamericanos.

Se centra, pues, en la prevención primaria, promoviendo la unión de esfuerzos de diversos actores sociales, procurando el cambio de patrones culturales y sociales tanto en las instituciones como en la comunidad, así como fortaleciendo los grupos locales de mujeres que ya están organizadas, apoyando su empoderamiento a través de la sensibilización sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia y sobre la problemática de la violencia contra la mujeres.

En nuestro país, el proyecto está siendo desarrollado en Alajuelita, Upala, Puntarenas centro, Limón centro, Coto Brus, Desamparados, Heredia centro, La Cruz, Santa Cruz, y Turrialba. Como se puede ver, está garantizada una mayor representación de todas las provincias. Para la elección de estos territorios se tomó en cuenta que en estas zonas se concentran grandes poblaciones en condición de vulnerabilidad, altos índices de delictividad que se asocian a la violencia contra las mujeres, así como zonas fronterizas, zonas urbanas y urbano-marginales.

Para la efectividad del proyecto, es importante reconocer el compromiso asumido por distintas instituciones, como lo son el Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordina el proyecto, el Vice Ministerio de Gobernación, el Vice Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores; así como agencias del Sistema de Naciones Unidas que siempre han apoyado iniciativas similares, como es la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo Población de Naciones Unidas, quien tiene a su cargo el apoyo técnico y administrativo del proyecto.

El Poder Judicial, como instancia que debe garantizar la tutela efectiva de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, desde el más alto nivel jerárquico, aporta su compromiso y experiencia para el desarrollo de este proyecto.

Concluyo mi intervención reconociendo la importancia y profundida del lema del de ONU Mujeres que señala:

“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad”

Impactar en el desarrollo de las mujeres implica impactar en sus familias, en sus comunidades y en la sociedad como un todo.

Esto es precisamente el objetivo y resultado del proyecto BA 1.

Muchas gracias.