Prohibir el ingreso de alimentos a los visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, con la intención de que no alimenten a los animales, pero contradictoriamente firmar un contrato con una empresa privada para que los venda adentro, motivó que vecinos y guías turísticos recurrieran a la Sala Constitucional para ponerle fin a esa situación.
Ayer el magistrado Paul Rueda acogió los recursos de amparo para su estudio, los acumuló y llamó a cuentas al Ministro de Ambiente y demás autoridades competentes.
Los recursos fueron interpuestos por Enrique Soto, de la Asociación de Desarrollo de Quepos y apoyados por los guías turísticos, turoperadores y empresarios de la zona, que desaprueban lo que está ocurriendo en ese parque.
CAMINAR
SIN AGUA
Y COMIDA 4 KILÓMETROS
Soto asegura que actualmente se les impide a las personas que visitan ese parque nacional ingresar con alimentos o líquidos, lo que se informó mediante un comunicado de prensa, al parecer con el fin de evitar que alimenten a los animales, por lo que deben hacer una larga caminata y permanecer en el lugar sin consumir nada, lo que estima contrario a sus derechos.
Además se queja porque contradictoriamente la administración del parque suscribió un contrato con un consorcio de empresarios nacionales para brindar servicio de alimentos, tienda y casilleros de seguridad.
De esta forma el fin para el cual se prohíbe el ingreso de alimentos se desvirtúa y desnuda que el negocio que está detrás.
“Considera que esa medida prohibitiva es contradictoria, pues se va a permitir la venta de productos alimenticios dentro de este lugar mediante un contrato de concesión firmado el 6 de junio de 2014, lo que a su criterio constituye en un monopolio”, se lee en la resolución notificada ayer por la Sala IV.
En los recursos de amparo se indica que las personas que ingresan al parque pagan una tarifa establecida por las autoridades del Ministerio de Ambiente de $16 a extranjeros y ¢1.600 a nacionales.
Estos montos no están sometidos a una audiencia pública sino que son impuestas por autoridades del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac). Sin embargo, pese a que deben pagar entrada, no les permiten ingresar con bebidas ni comida.
MÁS IRREGULARIDADES
De acuerdo con Soto, el contrato de concesión para brindar servicios no esenciales dentro de Manuel Antonio incurre en múltiples irregularidades, como por ejemplo que las instalaciones que se construyeron para tales efectos no cuentan con los permisos respectivos de ley.
Además se permitió la entrada de dos contenedores al parque y su instalación, pero también se encuentra a 10 metros de la línea donde termina una laguna de protección y no se guardarían los 50 metros de la línea de protección de la zona marítima terrestre. Su instalación la clausuró el Ministerio de Salud por no tener los permisos municipales. También califica de irregular que la administración proporcionara el agua potable al concesionario, es decir, no pagará por un servicio público.
“ESTÁN
PROHIBIDOS SOLO
HUEVO DURO Y PICARITAS”
Alfonso Duarte, director regional de Acopac, negó que se esté prohibiendo la entrada de bebidas y comidas, simplemente se está regulando su ingreso. Comentó que para la regulación se publicó un decreto en 1993, el cual indica cuáles comidas y bebidas pueden ingresar.
“No podemos dejar ingresar Picaritas, gallo pinto, huevo duro, con que se alimenta a los animales. Hay toda una lista que sí pueden ingresar. Si hay alguien que no esta dejando ingresar esos alimentos o bebidas, que lo denuncien y lo paramos”, declaró.
Agregó que el ingreso de los contenedores y su instalación en el parque no requieren permisos municipales, por eso no es cierto lo que se indica en los recursos de amparo.
Marco Leandro | Jueves 09 Abril, 2015