Procesos penales bajarán año y medio

Propone magistrado Carlos Chinchilla, reelecto en Sala III

Sábado 13 de Diciembre del 2014

Por: Marco Leandro mleandro@diarioextra.com

Carlos Chinchilla, reelecto magistrado de Sala III, pretende bajar año y medio o dos años los procesos penales en nuestro país con una reforma de ley.

Este jueves el plenario legislativo lo reeligió por 29 votos y por un periodo de 8 años, como recomendación de la Comisión de Nombramientos.

Carlos Chinchilla cuenta con un doctorado en derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, alcanzado con la calificación máxima summa cum laude y especialista en ciencias penales por la UCR. 

Ha trabajado en servicio del Poder Judicial desde hace 26 años en distintos puestos en la judicatura, entre otros.

En una entrevista con DIARIO EXTRA, Chinchilla reafirmó su compromiso con esa institución, con el país y la ciudadanía costarricense. 

La idea es desarrollar prácticas eficientes en la administración de la justicia como es la creación de una jurisdicción a nivel nacional contra el crimen organizado que tendrá a cargo estos delitos y estará centralizada en San José con competencia en todo el país”, comentó el magistrado.

Otro futuro proyecto tiene que ver con la reducción de tiempos de los procesos en el Poder Judicial. “Es importante saber que podemos reducirlos hasta en un año y medio. La idea es eliminar la fase intermedia y en su lugar realizar una audiencia temprana donde se verían las medidas cautelares, medidas alternas al juicio, como la suspensión del proceso, reparación integral de daño y el procedimiento abreviado. En esa audiencia se toma alguna medida alternativa al juicio, se ejecuta inmediatamente”, reafirmó.

Para poner a funcionar estos cambios sería necesario, según Chinchilla, un proyecto de ley.

Una iniciativa muy importante es la extinción de dominio, ir más allá en el decomiso de bienes al crimen organizado porque los mafiosos usan testaferros y los trasladan registralmente a amigos, vecinos y familiares para que no sean decomisados.

La ley podría decomisarlos si las personas que los tienen no demuestran que hayan sido adquiridos con dineros bien habidos. Expresó que esto ha funcionado bien en Colombia y el Salvador. “Si no logra demostrar cómo fueron adquiridos, se les decomisa esos patrimonios”, adujo el magistrado.

Por último Chinchilla indicó que pretende una reforma integral al Código Penal para actualizarlo.