Emprender acciones específicas para que el Poder Judicial actúe ante eventuales situaciones de riesgo, son aspectos que encierra la Política de Gestión de la Continuidad del Servicio, que aprobaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena.

Emprender acciones específicas para que el Poder Judicial actúe ante eventuales situaciones de riesgo, son aspectos que encierra la Política de Gestión de la Continuidad del Servicio, que aprobaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena.

El desarrollo de esta iniciativa surge a raíz de la solicitud emitida por el Consejo Superior, para implementar acciones concretas sobre el informe que emitió la Auditoría Judicial, el cual señaló la necesidad de que la institución contara con un plan de continuidad de servicio, para garantizar que ante cualquier situación de emergencia, sea de la naturaleza o de otro tipo, se pueda reaccionar de manera correcta y articulada, tras lo ocurrido por el terremoto de Nicoya en el 2012.

Para la elaboración del citado plan, se conformó un equipo interdisciplinario contando con la participación de diversas instancias, como lo fueron la Dirección Ejecutiva, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Unidad de Control Interno, la Dirección de Tecnología de Información, Dirección de Gestión Humana, el Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Seguridad.

Por ello, el acuerdo de Corte, del 4 de agosto pasado determinó “…Aprobar la “Política de Gestión de la Continuidad del Servicio”, con el objetivo de institucionalizar los lineamientos generales y específicos para establecer y mantener el proceso de Gestión de la Continuidad del Servicio en el Poder Judicial, en caso de que se presente un evento que afecte su operación normal”.

La política institucional señala la responsabilidad de Corte Plena, en su condición de jerarca, de asegurar la continuidad de las operaciones del Poder Judicial y su compromiso de brindar y gestionar los recursos necesarios para establecer este proceso de gestión de la continuidad del servicio.

“Dentro de ese proceso todo el personal del Poder Judicial es responsable de implementar y aplicar controles de seguimiento (preventivos, detectivos, correctivos, mitigantes) y de repuesta a los riesgos para minimizar los impactos de una interrupción y garantizar la recuperación oportuna de las funciones críticas dentro de su ámbito institucional y, en general, de toda la Institución”, puntualizó el documento aprobado por el máximo órgano judicial.

Se define que para el cumplimiento de esta política, su planeamiento estará a cargo de un equipo interdisciplinario, que tendrá a su cargo la elaboración del Plan General.

También establece el fomento e implementación de una cultura institucional para cada uno de los ámbitos funcionales, además de la inclusión en el presupuesto de los recursos necesarios para cumplir su fin y en la Programación Anual de Objetivos y Metas (POAM).

La política institucional aprobada por Corte Plena, contempla una serie de objetivos de continuidad, en los que se destacan el “…Asignar responsabilidades a la jerarquía, así como las demás instancias institucionales para asegurar la incorporación de los planes de continuidad del servicio en el Poder Judicial. Evaluar el impacto en el servicio (BIA), entendiendo el impacto que las interrupciones provocarán en la prestación del servicio, enfocados en el personal, las instalaciones, la tecnología de información y comunicaciones, requerimientos regulatorios e imagen institucional, entre otros…Priorizar las funciones y/o servicios que son claves para el Poder Judicial”.

También determina la importancia de formular y documentar los planes de administración de la continuidad, el mantener actualizada dicha documentación mediante capacitaciones, pruebas y ensayos.

Se debe identificar al personal responsable de conformar los equipos de continuidad y recuperación, durante y después de un evento de interrupción o desastre.

La política institucional deberá revisarse por lo menos una vez al año y cuando sea necesario, emprender un proceso de actualización para definir si se requiere, cambios en personal, información, funciones del servicio, estructura organizativa y requerimientos de recuperación.

El trabajo con la aprobación de la política institucional apenas comienza. Actualmente se trabaja para definir cuales son los servicios prioritarios, que ante una determinada emergencia, se van a levantar, así como las personas que fungirán como líderes y los roles que asumirían.

La política apoyará otras áreas judiciales como Salud Ocupacional, brigadas de emergencia y tecnología.