Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia

Hoy conmemoramos 188 años de la fundación de la Primera Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Recientemente conmemorábamos también el 193 aniversario de la independencia patria. A tan solo a cinco años de vida independiente, cuando apenas se dibujaba el proyecto de Estado de la incipiente provincia independiente, el pueblo de Costa Rica definía la conformación de un órgano superior de administración de justicia. A partir de ahí, la vida independiente y la conformación del Estado Costarricense se han forjado de manera indisoluble.

De acuerdo con los historiadores Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Mauricio Masís Pinto, quienes en el año 2006 realizaron una investigación de la historia de la Corte Suprema de Justicia, la creación de una Corte Superior de Justicia se dio en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825; con las bases que había establecido la Constitución Federal de Centroamérica de 1824.

Estos historiadores relatan:

“La elección de los integrantes de la Corte resultó ser sumamente lenta y difícil. Para empezar, en el Estado había pocos abogados y, dadas las limitaciones presupuestarias, era previsible que las remuneraciones asignadas a los miembros del supremo tribunal resultarían poco atractivas… Tampoco los cargos de magistrado eran muy apetecidos”.

Relatan estos historiadores que el primer presidente nombrado así como el primer fiscal, ambos abogados nicaragüenses radicados en ese país, se excusaron de asumir el cargo, lo mismo que el tercer magistrado electo, lo cual se repitió también en relación con el fiscal nuevamente nombrado y con el primer y tercer magistrados electos. “La Asamblea –comentan- hondamente preocupada, dispuso que el 1° de octubre se instalara la Corte con los individuos que hubiera presentes”.

El 1° de octubre de 1826, que hoy conmemoramos, el Presidente de la Asamblea Legislativa juramentó al Presidente electo de la Corte Superior de Justicia, don José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes, y así quedó formalmente instalado este órgano fundamental del Estado Costarricense.

Esos primeros años no fueron nada fáciles. Incluso, ante los problemas de integración se invitaba a los abogados de los otros Estados Centroamericanos a aceptar los cargos de la magistratura ofreciéndoles un pago preferente sobre la de cualquier otro funcionario. A pesar de ello, sus salarios no se pagaban puntualmente. Los problemas de funcionamiento desembocaron en que, para octubre de 1827, a solo un año de su inauguración, la Corte se había disuelto y ello significó que por algún tiempo Costa Rica careciera de Corte Superior.

La desintegración de la Corte fue recurrente durante los primeros años de vida independiente. Sin lugar a dudas, la vida institucional estuvo profundamente vinculada a la vida política del país, sujeta en algunos casos, a los mismos cambios y a las mismas transiciones del poder político. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es hoy una institución sólida, con absoluto respeto y compromiso con la independencia y la imparcialidad de su gestión; con una clara visión del Poder Judicial que requiere el país y fiel a nuestra idiosincrasia democrática costarricense.

El día de hoy nos aprestamos a cumplir casi dos siglos de existencia y como cualquier cumpleaños, la ocasión se vuelve propicia para meditar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que debemos hacer y, si es del caso, rectificar.

Quienes nos precedieron durante estos 188 años en la jerarquía institucional, tuvieron el acierto de conformar una institución sólida e independiente, que ha permitido mantener la paz social; un Poder Judicial en el cual la sociedad costarricense ha mantenido confianza y respeto.

Desde hace más de veinte años, el Poder Judicial trabaja para que la administración de justicia sea visualizada como un servicio público que se debe al Estado de Derecho, en beneficio de todas las personas. Nuestra visión de justicia es transformar los servicios que permitan de manera efectiva, a toda persona, el desarrollo de una vida digna y el disfrute de los derechos a los que puede acceder a través de la administración de justicia.

Con ese norte hemos logrado la especialización en jurisdicciones como la contenciosa-administrativa, la agraria, cobro judicial, penal juvenil, flagrancia, familia, pensiones alimentarias, tránsito, atención a víctimas, todas  con leyes sustantivas y procesales, que atienden los requerimientos de las personas usuarias en cada materia.

El derecho fundamental al alimento de niños, niñas, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, tiene ahora un abordaje integral en los Juzgados Especializados de Pensiones Alimentarias. Con la oralidad y la tecnología se ha reducido la fijación de las audiencias a dos semanas luego de la solicitud inicial.

Las víctimas pueden obtener orientación y asesoría a su conflicto para enfrentar el proceso de una manera distinta. La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas, ubicada en Pavas, es hoy un proyecto exitoso que urge replicar en otras áreas del país. Siquirres y Tres Ríos esperan por la extensión del proyecto.

La justicia restaurativa en penal de adultos así como el sistema nacional de facilitadores y facilitadoras judiciales son proyectos que van de la mano con la comunidad, que permiten la reducción del costo del proceso judicial. Justicia restaurativa integra más de doscientas organizaciones en la red de apoyo y gracias a los convenios logrados se contabilizan, en dos años veintisiete mil horas de servicio comunitario. Este es un abordaje diferente, alternativo, con alto control y apoyo en procura de una mejor convivencia social.

Se ha procurado la capacitación profesional de la policía judicial y laboratorios forenses para la mejor y más adecuada investigación del hecho criminal. La función del personal del Organismo de Investigación Judicial es la base para el éxito de un proceso penal. La criminalidad no duerme, por ello no podemos permitir restricciones que vayan en detrimento de la seguridad ciudadana con una consecuente impunidad.

Nuestra tarea está encaminada hacia la búsqueda de soluciones a nuestras dificultades.

QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

La segunda pregunta que nos hacemos es, qué estamos haciendo los actuales funcionarios y funcionarias judiciales frente a las nuevas realidades? Indiscutiblemente tenemos muchos retos que enfrentar. La mora y el rezago en la resolución de los expedientes siguen siendo una de las grandes deudas con el país. Frente a esto, se han tomado acciones concretas con el objeto de facilitar la labor de los despachos judiciales. Se ha tratado de mejorar la infraestructura de muchos despachos judiciales, de dotar de equipo informático a casi la totalidad de las oficinas judiciales; el sistema de Gestión de la Calidad así como el Departamento de Planificación han promovido el análisis y la implementación de reformas en los procesos de gestión de algunos despachos con el objeto de procurar la mejora. La Escuela Judicial promueve en el personal judicial la participación en Cursos de capacitación. En fin, se está haciendo lo propio para que se brinde un servicio de calidad a las personas usuarias. Sin embargo, ninguna iniciativa será exitosa si no existe un verdadero compromiso de parte de quienes laboramos en esta institución, por hacer nuestro trabajo en forma comprometida.

La sociedad y la institución viven tiempos difíciles. La corrupción se disemina por muchos espacios. Hemos visto que las redes del narcotráfico están presentes en diversas regiones, en oficinas privadas y públicas; en muchas conciencias. Como presidenta de la Corte me resultó sumamente triste enfrentar los últimos acontecimientos denunciados en oficinas judiciales de la provincia de Limón. Me duele porque con situaciones como estas la institución pierde credibilidad en la sociedad. La gente deja de creer en la honorabilidad de jueces y de juezas; de policías judiciales, de agentes fiscales y de todo el personal judicial, lo cual es muy peligroso para un sistema democrático y para la paz social.

En el año 2013, la Inspección Judicial conoció un total de 1552 denuncias contra funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. De enero a mayo de este año se contabilizan 700, a razón de 140 denuncias por mes, donde los temas más recurrente que se denuncian son la negligencia, el incumplimiento de deberes y el retardo de justicia, seguidos de incorrecciones en la vida privada y luego otros, dentro de los cuales sigue persistiendo el acoso sexual, a pesar de la política institucional, de la ley y del reglamento interno dictados con el objeto de erradicar esa inadmisible conducta que afrenta la dignidad de las personas y su derecho a trabajar tranquilamente.

Por eso, una ocasión como estas, en la que logramos compartir con los directores y directoras, jefaturas, coordinadores y coordinadoras de muchos despachos judiciales es importante llamar a la reflexión para que cada uno y cada una, en los diversos despachos en donde labora, sea un factor de cambio.

HACIA DÓNDE VAMOS?

Ahora bien, la tercera pregunta es, como les dije, qué debemos hacer, hacia dónde nos debemos encaminar?
El artículo 11 de la Constitución Política contiene un principio fundamental, vinculante para todos los servidores y las servidoras públicas, sin distinción de cargo. Dice así ese artículo en su segundo párrafo:

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

En el año 1993, el Poder Judicial tuvo una gran reforma con la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. Con esta ley se instauró un sistema objetivo para la designación de personal en los puestos de la judicatura; y se estableció el derecho a la estabilidad en el cargo. Antes de esa ley, los jueces y las juezas eran nombrados por periodos y ello, no cabe duda, los y las sometía a una inconveniente sujeción respecto de quienes realizaban los nombramientos.

Al lograr la estabilidad dimos un gran paso en la independencia del Poder Judicial; pero esta independencia y estabilidad debió estar acompañada de los mecanismos necesarios para garantizar la eficiencia en la labor de los despachos judiciales. Como toda persona que sirve al Estado, también debemos dar cuentas de lo que hacemos. El principio de idoneidad en la función pública implica que nuestra función la debemos cumplir con eficiencia y efectividad comprobadas.

Lo cierto es que, obtuvimos la estabilidad de los jueces y de las juezas pero quedamos en deuda con la evaluación de resultados y la rendición de cuentas; y cuando en algunas ocasiones se ha hablado de este tema surge una tesis errada, de que se pretende atentar contra la independencia de los jueces y de las juezas. Nada más lejano de esa finalidad. La independencia de los jueces y de las juezas es hoy en día, creo yo, un principio fundamental que tal y como lo demostramos hace escasamente dos años, respetamos y estamos dispuestos y dispuestas a defender. De lo que se trata es de cumplir con el precepto constitucional que nos dice que tenemos que dar cuenta de lo que rendimos en nuestro trabajo.

A diferencia de lo que sucede en la Defensa Pública, en el Ministerio Público o en el Organismo de Investigación Judicial, donde existe una jefatura general al que su personal le rinde cuentas, esto no ocurre en la judicatura.

Por esta razón, Corte Plena recientemente aprobó un Reglamento de Evaluación del desempeño, cuyo objetivo es establecer en la cultura judicial la rendición de cuentas; algo a lo que como funcionarios y funcionarias públicas nos debemos acostumbrar. Debemos comprender que hoy más que nunca la sociedad nos exige rendir cuentas. La población exige más porque hay una mayor cantidad de personas con preparación profesional; mayor acceso a la tecnología, a las redes sociales; y la población en general tiene mayor conciencia de los derechos y los reclama. Igualmente, cada vez son más las demandas contra el Estado por funcionamiento ilegítimo o anormal de sus órganos; y existen algunas diligencias donde el Estado intenta cobrar a funcionarios o funcionarias, los daños causados a personas usuarias. Por eso, hoy más que nunca nos enfrentamos al deber de rendir cuentas de nuestro trabajo.

GOBIERNO ABIERTO

Costa Rica es parte de un proyecto estatal e internacional, liderado por la Defensoría de los Habitantes, conocido como Gobierno Abierto. Este programa tiene cuatro principios fundamentales sobre los que se sustenta: la rendición de cuentas; el acceso a la información; la participación ciudadana en la toma de decisiones y el uso de la tecnología.

Lo que busca esta política de gobierno abierto, a través de estos principios, es lograr la transparencia, la cual se vislumbra como un valioso instrumento –por supuesto, no el único- contra la corrupción.

El Poder Judicial como institución pública que es, también está obligado por esta política estatal, de manera que la rendición de cuentas, el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el uso de la tecnología serán, en adelante, bastiones fundamentales en la labor de todos los despacho judiciales.

RETOS

Como dije, son tiempos difíciles para la institución. En estos días enfrentamos dos grandes batallas. Una de ellas desea minar la gestión de la administración de justicia, los servicios que prestamos; la otra, nuestro sistema de pensiones, un sistema de pensiones al que hemos contribuido con un importante monto de nuestro ingreso salarial.

RECORTES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

Somos conscientes de la situación financiera que viene enfrentando el país desde hace varias décadas. La elaboración del presupuesto 2015 se hizo con el convencimiento de que los recursos son escasos y deben ser bien utilizados y aprovechados.

Con el objeto de lograr una mayor efectividad en el empleo de esos recursos, el presupuesto se formuló a través de un proceso participativo donde se ha inculcado la preocupación institucional y nacional por la situación crítica de las finanzas públicas. Cada monto solicitado está debidamente justificado dentro de un marco de austeridad; sin permitir el deterioro de los servicios y avanzando, aunque sea lentamente, en proyectos con un fuerte impacto social, que involucran poblaciones vulnerables.

El Presupuesto del Poder Judicial está siendo sometido a recortes en sus partidas por segunda ocasión, luego de un primer rebajo realizado, a solicitud del Ministerio de Hacienda. Se recortó en la totalidad, ¢7.870.425.414, en rubros tales como viajes, viáticos al exterior, actividades de capacitación, actividades protocolarias, sustituciones por capacitación y alquiler de equipo de cómputo.

Debe resaltarse que al Poder Judicial se ha incorporado, como parte de su estructura y de su presupuesto, órganos auxiliares creados por leyes especiales para los que no se han provisto los recursos necesarios para su sostenimiento. Dentro del Organismo de Investigación Judicial se ubican la Plataforma de Información Policial, la Unidad de Inteligencia y la Oficina de Interpol, con lo cual el programa presupuestario de ese Organismo representa aproximadamente el 18.21% del total del presupuesto institucional. También, la creación de nuevos programas de interés estatal como el Programa Nacional de Flagrancia, la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, la Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, la Ley de Cobro, la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres.

El Poder Judicial tiene claro que estos servicios son fundamentales para la ciudadanía y no se pueden desatender, sobre todo, frente a la apremiante situación que vive el país ante el flagelo de la delincuencia organizada. El tema es que al aprobar el presupuesto estas consideraciones no se vislumbran y se exigen recortes que afectan a unas y otras actividades de manera indiferenciada, sobre todo en algunas áreas sensibles.

Se ha tratado de responder, dentro de las posibilidades, al llamado de austeridad. En Corte Plena se debatió la posibilidad de recortar en algunos programas, proyectos de los que se pueda prescindir sin afectar gravemente los servicios. Hemos hecho lo propio, ponderando siempre la razonabilidad de la medida y el impacto que ella tenga en el avance que hemos logrado en la historia institucional.

La moción No. 75, planteada contra el presupuesto institucional 2015, implicaría la supresión de plazas y podrían llevar al cierre del Turno Extraordinario del Primer Circuito de San José, afectación en pensiones alimentarias con la paralización del Modelo Oral Electrónico en Goicoechea, Heredia, San José, Pérez Zeledón, Cartago, Puntarenas, Limón y Guápiles (afectación a 158.000 familias); el servicio de autopsias en Liberia, el programa de justicia restaurativa, la eliminación de horas extras, la afectación directa a poblaciones vulnerables, a operativos policiales como allanamientos y seguimientos, levantamiento de cadáveres, la atención de accidentes de tránsito, flagrancias y penal juvenil. También, con dichas mociones se afectará la atención inmediata integral de víctimas de violencia sexual en lugares como Guanacaste, Puntarenas, Cartago y San José. De igual manera se verían afectados nuevos proyectos relacionados con Atención de Población Indígena en Zona Sur y Limón, la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en La Unión de Tres Ríos, San Joaquín y Guápiles, Atención y Protección a Personas Víctimas y Testigos, Justicia Restaurativa, Penal Juvenil (apoyo a la Jurisdicción), Niñez y Adolescencia (adopciones) y el Servicio Médico en diferentes provincias.

La Defensa Pública, es un servicio público de impacto social, dirigida a los sectores más vulnerables, por lo que una restricción presupuestaria implica una limitación al acceso a la justicia que va más allá de lo penal. Me refiero a las mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con discapacidad quienes están dentro de los parámetros de condición de pobreza y vulnerabilidad que son representadas legalmente por defensores y defensoras públicas en todo el territorio nacional.

Por la sensibilidad de los servicios afectados seguimos y seguiremos dando la lucha por esta gran institución, para que este entre-telón que ahora enfrentamos, solo conduzca a su fortalecimiento.

DEFENSA DEL REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER JUDICAL

La otra encrucijada es la defensa del régimen de pensiones del Poder Judicial. Este régimen acaba de cumplir 75 años de fundado. En la vida institucional se visualizó la necesidad de contar con un sistema jubilatorio que garantizara una vida digna al personal judicial, aún después de su retiro. Se dimensionó, desde ataño, la importancia que tiene para la independencia y la imparcialidad judicial contar con jueces y juezas adecuadamente remunerados; y que esa adecuada satisfacción de sus necesidades familiares esté garantizada aún después del retiro.

Nunca ha sido lo mismo, lo que cotizamos quienes servimos al Poder Judicial, que lo que cotizan las personas adscritas al régimen general de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas de ese otro régimen lo hacen con un 2.67% de su salario. Nosotros con un 11% del nuestro. Esto significa, que con un salario de un millón de colones en el Poder Judicial se contribuye al régimen con ¢1.320.000 anuales. En la Caja solo se pagaría, por ese mismo monto y por ese periodo solo ¢320.400 anuales. La diferencia es abrumadoramente significativa pero parece que cuando se trata de recoger los frutos del esfuerzo, les incomoda que quienes han cotizado con más, reciban también más. No deben permitirse visiones egoístas y retrógradas en el avance de los derechos. En muchos países desarrollados vemos cómo el momento de la jubilación significa un momento de disfrute para las personas que han trabajado por ese derecho, no un momento de preocupación.

Por supuesto que somos conscientes que nuestro régimen necesita adecuarse a las nuevas condiciones, pero estas reformas ya el Poder Judicial, por intermedio del Poder Ejecutivo, las había propuesto: se subió a 120 el número de los últimos salarios con base en los cuales se pondera el monto de la pensión, pues actualmente está en 24 meses. Se estableció un límite al monto de las jubilaciones. Lejos de perjudicar nuestro régimen, este debe ser un referente para otros.

Debemos estar atentos y atentas contra estas amenazas al presupuesto institucional y a nuestro sistema de pensiones y jubilaciones. Reconocer que estos 188 años de camino institucional han servido a la consolidación de un Poder Judicial que es base de nuestro sistema democrático y que toda medida debe ponderar los logros, los que nos han constituido, aún con nuestros defectos, en un referente para la región.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

En esa historia institucional, todos y todas hemos colaborado. Hoy se entregan certificados al mérito judicial a personas que han cumplido 20, 25 y 30 años de servicio intachable a la institución. Mi reconocimiento a quienes hoy reciben un certificado por su lealtad y compromiso. Contar con personal comprometido con los valores institucionales no es tarea fácil; y ustedes demuestran que sí se puede laborar con entrega, mística y respeto. Aprovecho para instarles a seguir por ese camino y exhibir con orgullo un reconocimiento institucional, porque necesitamos de ejemplos a seguir, por las nuevas y futuras generaciones. En otras ocasiones en que hemos realizado este tipo de reconocimientos he escuchado las palabras de agradecimiento que hacen algunas personas homenajeadas diciendo “gracias a esta institución que me permitió llevar el sustento a mi hogar y ver crecer a mi familia”. Este es un agradecimiento que yo personalmente comparto y que creo lo compartimos quienes en algún momento de nuestras vidas tomamos la decisión de laborar para el Poder Judicial.

CELEBRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA:

La celebración de aniversario es por partida doble. El recorrido institucional ha estado acompañado, durante los últimos cincuenta años, de un departamento al cual se atribuyó de manera especial, la administración del personal.

Aprovechamos la ocasión para celebrar con el Departamento de Gestión Humana los cincuenta años de su creación y rememorar a las personas funcionarias de ese departamento, cuya contribución resultó significativa para lograr todo lo que involucra actualmente ese Departamento.

La visión de crear un órgano encargado de la administración del personal en el Poder Judicial se concretó el 28 de setiembre de 1964, cuando Corte Plena conoció y aprobó el nombramiento del Jefe y del Sub-Jefe de Personal. En esos cargos se nombró a don Amado Francisco Roldán Poblador y a don Fernando Albertazzi Herrera, respectivamente. Este día tenemos entre nuestros invitados a algunas de las personas que fungieron como Jefes y Jefas de Personal, y algunos de los excompañeros que por años se desempeñaron en este Departamento; a todos y todas un cordial saludo y un reconocimiento por su trabajo y dedicación.

Han sido 50 años de trabajo continuo. De un proceso de crecimiento en procura de una adecuada administración del recurso humano no solo en el ámbito jurisdiccional sino también, brindando colaboración a las administraciones de personal de otras dependencias institucionales. La gestión de nuestro personal comprende ahora la preocupación por la salud ocupacional, por ambiente laboral, por el uso de la tecnología como herramienta para el ahorro de recurso humano y material, así como para la facilidad en el acceso a los servicios. Acorde con las políticas institucionales, actualmente ese Departamento trabaja en nuevas propuestas para el reclutamiento y la selección; y para la estructuración de un sistema de evaluación de desempeño.

Reiteradamente hemos señalado que el recurso más importante de una institución es su personal. De la calidad de su personal depende el resultado de la gestión. Los retos que enfrentamos son cada vez más complejos pero son las personas, las que con su voluntad, su compromiso y su lealtad, pueden transformar las demandas en oportunidades de mejora. Mi reconocimiento especial al personal que actualmente labora en ese departamento y su distintas dependencias, así como a don Francisco Arroyo quien actualmente y desde hace ya bastante tiempo lidera ese departamento, haciéndolo de una manera comprometida y transparente. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan.

RECONOCIMIENTO A DON ULISES ODIO.

Finalmente, me siento muy contenta de contar con la presencia de la familia del honorable exmagistrado de la Corte, don Ulises Odio Santos. Don Ulises representa uno de los grandes bastiones de esta institución. Así le fue reconocido al otorgársele el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, por parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Al celebrar el 188 aniversario de la Corte Suprema de Justicia, la ocasión resulta propicia para presentar un libro que retrata su vida. Felicidades a la familia de don Ulises.

Muchas gracias.-