Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema 7 de octubre de 2014

Según ALESSANDRO BARATTA, en su ensayo “Infancia y Democracia”:

“…la exclusión se trata de una historia antigua, tan antigua como la historia occidental, cuya última y decisiva fase empezó con la teoría y la praxis del pacto social, propio de la modernidad.

Pacto social excluyente porque a pesar del potencial universal declarado desde un principio, fue un pacto entre individuos del género masculino, adultos, blancos y propietarios, para excluir del ejercicio de la ciudadanía en el nuevo Estado que nacía con ese pacto, a mujeres, niños, personas de color y desposeídos.”

Este pacto social excluyente, persiste hasta el día de hoy y se refleja en los mecanismos estructurales, sistémicos y operativos que impiden u obstaculizan el goce efectivo de derechos, de los grupos en condición de vulnerabilidad, que sumados, constituyen la mayoría de la población.

El Congreso Internacional Inclusividad, no discriminación y acceso a la justicia, tiene como objetivo prioritario promover el análisis de la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes y personas sexualmente diversas respecto del reconocimiento y ejercicio de sus derechos; especialmente enfocado en el Acceso a la Justicia.

Este Congreso ha sido organizado por el Poder Judicial, con el apoyo de diversas entidades del Estado, Agencias de Naciones Unidas, autoridades académicas y representantes de la sociedad civil dedicadas a promover el respeto de los derechos humanos.

Durante estos tres días, se pretende estimular el debate sobre las diversas formas, causas y consecuencias de la intolerancia y la discriminación hacia estas poblaciones; las estrategias para combatirlas y los mecanismos para promover la igualdad de oportunidades.

Será un espacio que permita reflexionar sobre la construcción de una ciudadanía y gobernanza en una sociedad inclusiva, con mecanismos renovados para un acceso a la justicia, cada vez más eficiente.

En el Poder Judicial se comparte la aspiración de una convivencia más armoniosa, en la que los conflictos humanos se reduzcan, disminuya la litigiosidad y la intervención judicial, cuando esta sea necesaria, resulte eficaz y oportuna.

Origen y desarrollo de los Derechos Humanos

Desde hace más de 25 siglos se desarrolló en Occidente la idea fundamental de la existencia de un derecho superior y anterior a la norma jurídica positiva, que da sustento al concepto de los derechos humanos derivados de la dignidad inherente de la persona y que son reconocidos (no creados) por los ordenamientos positivos. Estos son reflejo de los principales valores sociales y su respeto nos orienta hacia niveles superiores de convivencia.

Avances

A pesar de los avances en el reconocimiento de estos derechos humanos en el mundo entero, aún hoy –ya entrado el siglo XXI- existe una deuda pendiente. Esa deuda se origina en que para muchos millones de personas del planeta esos derechos aún no han logrado concretarse en su realidad cotidiana.

Se afirma que en los últimos 15 años unas 100 millones de personas latinoamericanos salieron de la pobreza, pero la distancia que los separa de los más ricos casi no ha variado. Esta brecha tiene raíces históricas y se origina en modelos económicos excluyentes y sistemas políticos poco democráticos.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el PNUD señala que, en cuanto a las áreas de la salud, educación y esperanza de vida, América Latina ha sufrido un crecimiento anual promedio en el índice de Desarrollo Humano regional que es de los más altos en el mundo.

Sin embargo, la estructura económica ha condicionado un crecimiento sin calidad y centrado en el consumo, insuficiente movilidad social, como cambios en las estructuras sociales como la deserción escolar, el crecimiento urbano acelerado y el aumento de familias monoparentales, acceso de la población a armas, alcohol y drogas y dificultades en el funcionamiento de la administración de la justicia.

La violencia, que se produce tanto el ámbito privado como público, se manifiesta mediante la delincuencia organizada, el delito callejero, la violencia contra las y los jóvenes, la violencia de género, la violencia ilegal de parte de actores estatales y la corrupción, todo lo cual conduce al deterioro de la seguridad en la región y crea retos importantes vinculados al desarrollo humano y por ende, al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

El análisis de la situación de los derechos humanos en América Latina y el sistema regional para su protección no puede omitir la reflexión permanente sobre el papel de los Estados, a los que se les ha asignado la función de garantes de los derechos inherentes a la dignidad humana.

Renato Ribeiro, ante lo que describe como la situación contemporánea de pérdida de valores y hábitos que amenazan los derechos humanos como elementos esenciales de la comunidad internacional, afirma:

“Un estado fuerte y presente, enraizado en los principios de la ética, justicia social, moral y derechos humanos indivisibles y universales es, entonces, la única perspectiva posible”.

La tutela de los derechos y libertades de las personas sigue siendo un aspecto importante en la agenda de las Naciones y una preocupación para quienes nos interesamos en la prevención de conflictos y la promoción de la seguridad y la paz.

La realidad demuestra la dificultad de materializar las expectativas, por lo que se hace referencia a los derechos humanos del siglo XXI como la revolución inconclusa.

La corrupción como obstáculo a la plena efectividad y validez de los derechos humanos

Permítanme también establecer el vínculo que tienen los derechos humanos con la corrupción. Efectivamente constituye una de las principales causas que impiden al régimen internacional de los derechos humanos alcanzar el mayor grado de fuerza normativa posible, ya que conduce al desvío de fondos estatales requeridos para la plena efectividad y el desarrollo progresivo de esos derechos.

La corrupción provoca una grave crisis de legitimidad de los Estados contemporáneos. Es un problema que trasciende el fenómeno jurídico; es multidisciplinario y debe combatirse desde esa perspectiva.

El art. 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los Estados tienen la obligación de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos.

Por ello, resuelta especialmente necesario asegurar el control de los recursos económico-financieros de los Estados, pues la efectividad de tales derechos se encuentra ligada a la capacidad económica y financiera que éste tenga y la disponibilidad de recursos asignados a esa tarea.

La corrupción produce el desvío de recursos y de esa manera priva a los derechos humanos de todo contenido y vigencia sociológica.

Una administración honesta y eficiente de los fondos públicos implica una adecuada atención de las funciones sociales del Estado, y por tanto, del desarrollo y mayor vigencia efectiva de los derechos humanos.

Nuestra institución ha adoptado acciones concretas para prevenir los riesgos de corrupción y, en los casos en que esta se presenta, los órganos institucionales realizan los procedimientos establecidos para identificar y sancionar a las personas responsables.

Necesidades: denuncia, activismo y recursos

Las condiciones que permitirán renovar nuestro compromiso de protección a la dignidad humana y, por ende, a los derechos humanos, debe contemplar:

• La lucha contra la corrupción del aparato estatal
• La dotación de los recursos necesarios para la tutela de los derechos humanos.
• Existencia de una política social y económica adecuada, basada no sólo en teorías y números, sino centrada en la satisfacción de las necesidades del ser humano.
• Fortalecimiento de mecanismos de evaluación de desempeño y rendición de cuentas: así como de los mecanismos de transparencia en la Administración Pública y simplificación de los procedimientos administrativos.
• Fortalecimiento de la legislación contra la corrupción en los sectores vulnerables.
• Brindar un mayor acceso a la información.
• Promover la cooperación interinstitucional e internacional
  

Esfuerzos del Poder Judicial a favor de los derechos

Los esfuerzos del Poder Judicial para atender las necesidades de las poblaciones en condición de vulnerabilidad han culminado con la adopción de políticas de acceso a la justicia específicas.

La Política de Equidad de Género, es la primera política dictada por la Corte Plena para regular el quehacer interno y el servicio en la Administración de Justicia en el 2005, posteriormente se han dictado políticas institucionales relativas a las personas con discapacidad; personas adultas mayores; población migrante y refugiada; niñas, niños y adolescentes, personas privadas de libertad; víctimas, pueblos indígenas y población sexualmente diversa.

El trabajo que ha venido realizando el Poder Judicial en el tema de Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad, ha sido decisiva para promover el cambio hacia una justicia más cercana a la ciudadanía, más transparente, más humana y menos lenta.

Cierre: Necesidad de reflexión y trabajo

No obstante, a pesar de los grandes avances, sin duda alguna, en materia de los derechos humanos, aún persiste una deuda histórica importante.

Les insto para que aprovechemos el valioso espacio que se propiciará durante el presente Congreso Internacional; continuemos trabajando con convicción en el logro de un mayor reconocimiento y efectividad de los derechos, especialmente para las poblaciones vulnerabilizadas.

Concluyo con la esperanza que una vez expresó el gran luchador por los derechos Reverendo Martin Luther King, la cual en este acto hago mía:

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojala que algún día, ya no tuviera necesidad de soñarlas.”