Vivimos un desplazamiento de poder hacia los jueces.

En la última década se ha acentuado en nuestro país la discusión de si los jueces invaden ámbitos reservados a otros Poderes del Estado, discusión que no es única de nuestro medio sino de otras democracias que experimentan ese fenómeno bautizado como “judicialización de la política” o “activismo judicial”. Esto se debe a que los Poderes Judiciales han dejado de ser la última garantía de resolución de conflictos sociales convertidos en contiendas jurídicas, para convertirse en la primera y a veces la única voz en la toma de decisiones relevantes con capacidad de impactar la sociedad. La consecuencia es un notorio desplazamiento de poder de los Parlamentos y Gobiernos hacia el Judicial, que emerge como nuevo actor político por excelencia. Sin duda alguna, los jueces son los nuevos protagonistas del escenario político y comparten el poder con las estructuras tradicionales, en una gran gama de temas que tienen la capacidad de impactar o cambiar la sociedad y su historia.

Juristocracia.

A este fenómeno se la ha bautizado como Juristocracia, por el peso que tienen los jueces actualmente en las democracias maduras. Ahora todo pasa de una u otra forma por los jueces. Son varios los factores que inciden en este nuevo esquema político, entre ellos,  el amplio marco normativo de derechos y el acceso a la justicia que ha implicado un  fortalecimiento progresivo de los Poderes Judiciales a partir de la segunda parte del siglo XX. A ello hay que sumar el debilitamiento de las estructuras tradicionales de poder y de representación en ciertas democracias, así como el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social.

Sin duda alguna ante la inactividad del Estado y de la política, las demandas sociales han encontrado un nuevo espacio para ser exigidas y ello ha convertido a las Cortes en instrumentos capaces de generar cambio social con gran éxito, lo cual ha derivado en algunas sociedades, en la juridificación misma de la justicia distributiva, que dicho sea de paso está en crisis. En síntesis, los jueces han tenido éxito dónde ha fracasado la política, de allí que es común ver cómo cada vez con mayor frecuencia los grupos sociales procuran obtener por medio de sentencias judiciales lo que no fue atendido a través de las autoridades de gobierno llamados a hacerlo. La lista es grande: medicinas, operaciones, puentes peatonales, alcantarillado sanitario, agua, aceras, pluses salariales, luchas ambientales, fiscalización de servicios públicos, derechos de grupos minoritarios.

Algunos consideran que este desplazamiento de poder hacia la Judicatura es una consecuencia lógica de democracias maduras, donde el poder político --en el buen sentido de la palabra--, es ahora compartido por actores no tradicionales --los jueces--, que sin ser autoridades electas, hoy tienen igual o mayor peso que las autoridades políticamente electas en temas de gran trascendencia social y política. Después de todo –alegan-, que los derechos se cumplan es lo importante, lo de menos es quién sea el canal de acción. Otros por el contrario, estiman que se trata más bien de una disfuncionalidad del sistema que viene a debilitar la democracia representativa y a acrecentar la crisis política que se vive en muchas de las democracias latinoamericanas y en especial los partidos políticos.

La judicatura y la Sala Constitucional como válvula de escape social.

En nuestro país es poco probable que alguna decisión de trascendencia nacional, no pase por la judicatura, en especial la Sala Constitucional de tal forma que con espacios de diálogo disminuidos y un poder político hiperfragmentado como el que vivimos, es difícil que sea únicamente mediante acuerdos políticos que puedan tomarse decisiones de alcance general o  particular en nuestro país. Me pregunto ¿qué hubiera pasado si esta enorme presión y malestar social que hoy se litiga no se hubiera podido canalizar a través del derecho?

Otra cara peligrosa: la criminalización de la política.

Otro tema paralelo y que no deja de ser peligroso, es el rol que le ha tocado al Poder Judicial de fungir como centro de la criminalización de la política, que tiene prácticamente a todos los partidos políticos sometidos a investigaciones o procesos penales. El resultado es una justicia casi omnipresente que concentra un enorme poder sin precedentes en su historia. De ahí que no sea sorpresa el reciente interés de algunos sectores de volcar su mirada y su mazo a un Poder Judicial, antes tímido y de bajo perfil.

Deben retomarse los equilibrios.

Es normal que las relaciones entre justicia y política, en cualquier país, sean difíciles porque la tendencia del poder político es siempre a ampliar su esfera de control, y el reto de cualquier sistema de justicia el de proteger su independencia. Pero el grado de tensión que vivimos como consecuencia del “affaire Cruz” como se ha llamado y ahora el de la reelección del Fiscal General, nos debe invitar a la reflexión madura y sobre todo a una discusión del tema de cómo recobrar el equilibrio de poderes dentro del marco del respeto a la institucionalidad democrática.

El malestar con la democracia debe ocuparnos e invitarnos a una reflexión urgente. Los Poderes de la República debemos estar unidos en este esfuerzo, cada uno en su campo y con respeto a la división de poderes. Construir juntos es posible por medio de un diálogo respetuoso y la colaboración acostumbrada, según ha sido la tradición costarricense.