
Editorial
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, quienes reconocen este inconveniente de demora, se han dado a la tarea de buscar opciones prontas, pero ante todo eficaces, que permitan administrar justicia sin necesidad de tardar años, o sentarse en los tribunales y comparecer ante un juez.
Jueves 28 de Agosto del 2014
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Para nadie es un secreto que los juzgados están repletos de casos, lo que implica un tiempo mayor de gestión y en ocasiones el dicho que la justicia es pronta y cumplida parece no tener mucho asidero.
Las
autoridades de la Corte Suprema de Justicia, quienes reconocen este
inconveniente de demora, se han dado a la tarea de buscar opciones
prontas, pero ante todo eficaces, que permitan administrar justicia
sin necesidad de tardar años, o sentarse en los tribunales y
comparecer ante un juez.
Es
así como nace el programa de facilitadores judiciales, que
busca a los líderes de las comunidades más alejadas del
país para que ejerzan como mediadores y juzgadores. Una
alternativa implementada en países como Nicaragua, donde
alcanza cifras exitosas en resolución alterna de
conflictos.
Es
sencillo, el Poder Judicial está haciendo una apuesta
importante a los “jueces de pueblo”, y la verdad nos
parece muy acertada, pues en las comunidades costarricenses, donde no
hay mayor acceso a las dependencias judiciales, los vecinos se
sienten aislados, relegados y marginados del sistema, haciendo que
sus conflictos se arreglen de la forma más rudimentaria.
Es
obvio que esta institución no podría jamás tener
una oficina en cada pueblo, tampoco jueces, fiscales y demás
servidores que resolverían los casos; lo anterior hace que
aquellos problemas entre lugareños sean asuntos sin resolver o
bien acaben por las malas.
Quién
no recuerda el caso de un hombre que mató a su vecino por las
cacas de un perro, o el finquero que acabó con la vida de un
empresario rural por temas de ganado o propiedades; bueno, eso podría
haberse evitado tal vez si la justicia hubiese mediado con
antelación.
Hoy
esa posibilidad es real, existen en el país 151 personas,
entre ellas agricultores, profesores, líderes de asociaciones,
comerciantes y demás costarricenses que trabajan como
facilitadores judiciales, son los “jueces del pueblo”,
con total potestad para lograr acuerdos en pleitos de carácter
contravencional.
La
iniciativa es fascinante, permite a los ciudadanos participar de
forma activa en el sistema de implementación de justicia,
además es pronta y cumplida, como todos soñamos.
La
labor de ellos no es sencilla, reviste de fundamental importancia
pues sus acuerdos son avalados por un juez de la jurisdicción
respectiva y como se dice en la jerga popular, se convierte en un
pacto de caballeros.
Las
localidades que ya gozan de este mecanismo de resolución están
ubicadas en zonas rurales como Pococí, San Carlos, Boca
Tapada, Guácimo, Siquirres, Los Chiles y Upala, también
en Puntarenas y pronto en Pérez Zeledón. Es claro que
acá el acceso a los servicios del Poder Judicial son
limitados, los interesados deben viajar horas para interponer sus
casos, los cuales llevarían meses o años en
gestionarse.
Un
aspecto novedoso del programa es que la propia comunidad elige a su
“juez”. Lo hace en una asamblea, para decirlo de alguna
forma, convocada por el Juez Contravencional de la dependencia más
cercana, quien asume en sus horas extralaborales el compromiso de
salir a “volantear” e informar de la reunión.
Una
vez reunidos todos los vecinos, se postulan a los líderes
reconocidos, y así en una votación de mayoría
resulta el “juez” popular. La confianza y el respeto
hacia esta figura son determinantes en la negociación y
resolución del conflicto.
A
hoy se han logrado gestionar casi 100 casos entre los que hay
pensiones alimentarias y problemas de aparente usurpación.
El
programa merece un reconocimiento, no solo permite el acceso a la
justicia, sino que empodera a los ciudadanos que conocen más
que nadie sus necesidades y las posibles soluciones en situaciones
conflictivas.
Permite
también que las personas apelen al diálogo, el análisis
y arreglo antes de acudir a las instancias judiciales, lo que a su
vez se traduce en menor tiempo de respuesta y un ahorro
impresionante.
Ojalá
el sistema siga creciendo, que el Poder Judicial pueda hacerse de
muchos más facilitadores y dar respuesta a cientos de usuarios
de sitios alejados.
Bien
por esta iniciativa y más aún por aquellos hombres y
mujeres que tienen un afán de construir paz, desarrollo y
progreso en sus comunidades, de la mano de la ley, de forma eficiente
y eficaz.